En vísperas de que se instale el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Farc en Oslo, en Filipinas se firmó un acuerdo marco que pretende poner fin a un conflicto armado que duró más de cuatro décadas, dejó alrededor de 150.000 muertos y cientos de miles de desplazados. El pacto alcanzado, sin embargo, es sólo el primer paso en un proceso que buscará la paz definitiva en 2016.
El acuerdo fue firmado por el presidente, Benigno Aquino, y Ebrahim Murad, líder del Frente Islámico Moro de Liberación (MILF, siglas en inglés), una guerrilla que lucha desde hace 40 años por la creación de un Estado independiente en las islas de Mindanao, al sur del país, las que consideran su tierra natal antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. El pacto es el resultado de 16 años de turbulentas negociaciones y frustrados acuerdos de cese al fuego.
Carlos Conde, funcionario de Human Rights Watch en Filipinas, explica a El Espectador que los musulmanes —un 5% de la población— enfrentan múltiples violaciones a sus derechos humanos desde el inicio de la guerra, como el desplazamiento forzado de comunidades enteras, bombardeos indiscriminados y discriminación religiosa. “Hemos tenido reportes de musulmanes en la provincia de Basila que han sido torturados, secuestrados, arrestados ilegalmente, detenidos, desplazados de sus comunidades. Los principales perpetradores son soldados”.
Conde señala que el punto fundamental del acuerdo es el establecimiento de una entidad política o jurisdicción para los musulmanes, llamada Bangsamoro (‘pueblo musulmán’), que reemplazará a la ya existente Región Autónoma del Mindanao Musulmán, declarada por el presidente como un experimento fallido. En Mindanao viven entre cuatro y nueve millones de musulmanes, que pasarán de ser una minoría en Filipinas a una mayoría en su nueva región autónoma.
La “ley fundamental” (Constitución) para el territorio deberá ser votada por el Parlamento antes de 2015 y luego ratificada mediante un referendo local. El acuerdo estipula que los 12.000 miembros del MILF abandonarán su lucha por la creación de un Estado independiente a cambio de la región autónoma, una importante cuota de poder y el reparto de la riqueza en la región del sur de Filipinas. Su desmovilización y desarme se harán de forma progresiva. El objetivo es lograr la paz definitiva en 2016.
Pero el acuerdo no garantiza por sí mismo el fin del conflicto, especialmente porque deja a otros grupos insurgentes fuera de la negociación. Simon Tisdall, analista de The Guardian, dice que grupos como Abu Sayyaf y Jemmah Islamiyah, relacionados con Al Qaeda, se han metido en el conflicto buscando la creación de un califato islámico y, al no estar en las negociaciones, podrían sabotear el proceso de paz. Lo mismo podrían hacer los Guerreros Islámicos de la Libertad de Bangsamoro (BIFF, siglas en inglés), una facción que se separó recientemente del MILF.
Tisdall añade que la renuncia del MILF a la meta de independencia permitió dar el gran paso de hoy. Sin embargo, sus seguidores no han renunciado a la lucha armada y “como otros movimientos internacionales similares, por ejemplo en el Norte de Irlanda, en el País Vasco y en el suroriente de Turquía, podrían experimentar un retroceso si el proceso de paz no trae dividendos rápidamente”.
Conde dice que “si los objetivos del proceso no se cumplen, los BIFF pueden salir fortalecidos. Lo mismo sucedió con el MILF cuando se separó del Frente Moro de Liberación Nacional (MLF), que firmó un acuerdo de paz en 1996, porque estaba convencido de que ese pacto no iba a funcionar”. La historia, entonces, podría repetirse. El presidente Aquino advirtió que “como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Queda mucho trabajo por hacer para cosechar todos los beneficios de este acuerdo marco”. Por ahora se corren los peligros de no incluir a todas las partes del conflicto en el proceso, algo que el gobierno colombiano también podría enfrentar.