:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/IeHeYsJdtb30SkL2B5XvM-UBjcU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/OUBELHORUNEAXPRJSQG4P6TTJ4.jpg)
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, endureció su tono frente a Venezuela: “Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno, la persecución de opositores políticos (...) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y declaro una emergencia nacional”, informó la Casa Blanca al divulgar un decreto firmado por el mandatario en el que amplía las sanciones contra Caracas. Específicamente contra siete figuras del Gobierno.
La dureza de los términos utilizados hizo saltar las alarmas. ¿EE.UU. en emergencia por culpa de Venezuela? Adam Isacson, coordinador del programa de Políticas de Seguridad Regional del centro de pensamiento WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), explica que el estado de emergencia es un asunto frecuente en Estados Unidos, tanto que, para octubre de 2014, el gobierno estadounidense se encontraba en treinta emergencias nacionales. “Por ejemplo, desde 1995 uno de ellos ha regido sobre el narcotráfico en Colombia, que le da al presidente la capacidad de congelar los bienes en EE.UU. de personas vistas como narcotraficantes”, explica el experto.
Pero ¿es Venezuela una amenaza para la seguridad estadounidense? ¿Habrá una implicación militar de EE.UU. en ese país luego del decreto firmado por Obama? No. Analistas consultados por El Espectador aclaran que la declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
Arlene Tickner, profesora de la Universidad de los Andes y columnista de El Espectador, señala que la declaratoria de emergencia es algo más común de lo que se cree en temas internacionales: “Esto le da al Ejecutivo poderes extraordinarios para, entre otras cosas, congelar bienes de personas non sanctas. Hasta finales de 2014, Obama había invocado ocho veces esta ley, en temas tan disímiles como la pandemia de H1N1 y la situación en Ucrania”, agrega.
Es decir, bajo esa orden ejecutiva Obama no impone sanciones contra el país entero y sus finanzas, ni contra el sector petrolero (EE.UU. sigue siendo el principal comprador de petróleo venezolano), sino contra siete funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales que, según Washington, participaron en la represión de las manifestaciones que dejaron 43 muertos en 2014 en Venezuela, así como en “la persecución de opositores políticos”.
Dos de los sancionados son Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio José Benavides Torres, a quienes señala como “responsables de la erosión de los derechos humanos” desde las protestas del año pasado.
A ellos se suman Antonio José Benavides Torres, que dirigió las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas de 2014; el también excomandante general de la GNB Justo José Noguera Pietri, actualmente presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG); la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, responsable de la acusación contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ufanb), Miguel Alcides Vivas Landino. A partir de ahora estos funcionarios tienen congelados sus bienes en EE.UU. y no pueden ingresar a ese país.
Un año de debate
En los últimos días, la Casa Blanca ha expresado una mayor preocupación por la situación venezolana. Un cambio en la política de Obama, pues aunque en julio del año pasado el gobierno estadounidense les prohibió la entrada a ciertos funcionarios del gobierno venezolano presuntamente vinculados con la violación de derechos humanos, el mandatario había optado por dar espacio al diálogo entre el Ejecutivo y la oposición para resolver las tensiones. A finales de noviembre comenzó el cambio y Obama dejó de oponerse a las sanciones contra Caracas promovidas desde el Congreso.
“La detención de Antonio Ledezma rebosó la copa del gobierno de Obama. También las últimas acusaciones de Maduro sobre la conspiración de golpe de Estado desde Washington. De hecho, en el Gobierno muchos habían pensado que tomar estas medidas no ayudaría y en cambio le daría al Gobierno un pretexto para endurecer su respuesta”, explica Adam Isacson.
“Tengo la sensación de que Obama estaba reacio a tomar medidas porque consideraba que hacía más daño que bien, en términos de preservar algún tipo de interlocución”, explica Tickner.
Sin embargo, la Casa Blanca no cierra las puertas al diálogo. En el documento aclara: “A pesar de las dificultades en nuestra relación oficial, Estados Unidos sigue comprometido con mantener nuestros vínculos fuertes y duraderos con el pueblo de Venezuela y está abierto a mejorar la relación con su gobierno”. Algo que, pronostican analistas, será complicado, pues el gobierno venezolano no reaccionará bien con esta nueva medida. “EE.UU. tiene que buscar medidas que no sean contraproducentes, que no sean unilaterales y que no arriesguen darle una ventaja política doméstica al gobierno que criticamos”, concluye Isacson.