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El Salvador es uno de los siete países en el mundo donde aún el aborto está prohibido en todas las circunstancias. Junto a Chile, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam castiga con vehemencia este procedimiento. La violación, el riesgo de la salud de la madre y la malformación del feto no son causales para interrumpir el embarazo.
Sin embargo, aunque la práctica es considerada ilegal y penalizada, es un hecho que las mujeres en este país sí optan por el aborto. Según cifras estatales, entre 2005 y 2008 se registraron 12.290 abortos, la mayoría en menores de edad. Incluso, hace dos años, las autoridades detuvieron a una niña de 17 años por este delito.
La violación es una de las principales violencias sexuales de las que son blanco las salvadoreñas que eligen interrumpir su embarazo. Tan solo en el 2013 se recibieron 1.346 denuncias. Las estadísticas también concluyen que el 57% de los embarazos en mujeres entre 10 y 19 años de edad fueron fruto de una violación.
Quienes deciden abortar en la clandestinidad y son descubiertas pueden pagar condenas de hasta más de 30 años de cárcel por homicidio. A la fecha, se calcula que 33 mujeres están en prisión por este delito, se les acusa de matar a sus bebés, y 17 de ellas hacen parte de una campaña liderada por Amnistía Internacional (AI) con la que se pretende abolir esta ley y que ha sido apoyada por 300.558 personas con sus firmas, entregadas esta semana a la presidencia y el Parlamento.
Otros de los promotores de la despenalización del aborto en El Salvador es el presidente de la Cámara de Diputados, Sigfrido Reyes, quien califica de "medieval" la legislación actual en esta materia.
"El poder judicial no se jacta por impartir justicia. Hay demasiados intereses y corrupción", asegura. "Queremos que al menos se despenalice inmediatamente los casos de interrupción de embarazo en los que ha habido una violación o incesto, un riesgo físico o mental para la madre y el feto no puede sobrevivir fuera del útero y que se libere a todas las encarceladas", agrega Erika Guevara, directora de AI.
María Teresa, Alba, Maira y Teodora son algunos de los rostros de las mujeres condenadas que visibilizan esta problemática. Las tres fueron sentenciadas a entre 30 y 40 años de cárcel por homicidio agravado, ya que sus bebés tenían más de 22 semanas de gestación. Pero ellas aseguran que no cometieron un ilícito y que sus abortos fueron espontáneos. "¿Para qué íbamos a esperar al octavo mes de embarazo para acabar con nuestros bebés?", sostienen.
"Me dieron ganas muy fuertes de ir al baño, me senté en la taza, algo bajó y cuando me limpié estaba llena de sangre. Como pude llegué hasta donde dormía, no sabía que estaba embarazada", dijo María Teresa. Alba tenía 21 años, con dos hijos y analfabeta cuando ocurrió todo.
"El niño era producto de una violación que no denuncié por miedo", asegura. "Todas las mujeres tienen derecho a decidir. Hay métodos para usar anticonceptivos. Sería excelente que se despenalizara la ley. Las mujeres están presas y los violadores están fuera", agregó Teodora. Sin embargo, las tres sentencias a las que tuvo acceso El Mundo contradicen las versiones de las detenidas. Los casos están levantando una enorme controversia social en el país.