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Paramilitares en Costa Rica

Enrique Castillo, canciller costarricense, dice que las amenazas y actos de sus vecinos nicaragüenses han motivado la creación del ‘Frente Patriótico para la Defensa Nacional’.

Daniel Salgar Antolínez
05 de diciembre de 2013 - 10:20 p. m.
Enrique Castillo, canciller de Costa Rica, dice que el gobierno nicaragüense ejerce la “política del mal vecino”.   / EFE
Enrique Castillo, canciller de Costa Rica, dice que el gobierno nicaragüense ejerce la “política del mal vecino”. / EFE
Foto: EFE - J.J. Guillén

“Frente Patriótico para la Defensa Nacional” es el nombre de un grupo armado independiente recién formado en Costa Rica, que se prepara para defender el territorio nacional en un eventual enfrentamiento contra Nicaragua. El gobierno costarricense repudia la existencia de esta agrupación, aunque reconoce que la misma surgió como efecto de la amenaza militar y expansionista de Managua.

La organización se compone de dos células llamadas Patrulla 1856 y Vanguardia de Hierro. La lidera José Fabio Pizarro, quien fue director de la policía costarricense en 2000. En la página de Facebook del Frente Nacional se ven fotos de sus integrantes con trajes, armas y equipos militares, en talleres de adiestramiento en técnicas de combate. Pizarro, en esa página, asegura que el grupo nació hace tres años por iniciativa de coroneles y oficiales retirados de la Fuerza Pública, a raíz de la “invasión y las amenazas constantes de parte del gobierno de Nicaragua en la voz del presidente Daniel Ortega”

En una entrevista con Telenoticias, canal 7 de su país, Pizarro dijo que su objetivo es que el grupo, que define como paramilitar y apolítico, esté listo en caso de que el diferendo limítrofe que está en curso en la Corte Internacional de Justicia (en el cual ambos países reclaman un territorio llamado Isla Portillos por los ticos y Harbour Head por los nicas) se convierta en un enfrentamiento armado.

En una charla con el Portal Tribu Global, un integrante de Patrulla 1856 afirmó que Costa Rica vive una crisis profunda, que se agudizó con “la pérdida de integridad territorial que sufrimos con la invasión militar nicaragüense a Isla Calero. Esto, y las demás amenazas latentes, han forzado a los costarricenses a repensar las necesidades y los límites de defensa nacional y nuestra capacidad actual para salvaguardar nuestra soberanía e integridad territorial”. Añadió que muchos costarricenses “comenzaron a organizarse como células patrióticas, entrenando con sus propios recursos y en sus días libres”.

El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, en diálogo con El Espectador, asegura que las amenazas expansionistas de Nicaragua “han despertado la preocupación en sectores de la ciudadanía por la seguridad del país en el futuro inmediato y a largo plazo”. Pero más que de amenazas, dice Castillo, Costa Rica ya fue víctima de una invasión en el 2010 (a Isla Portillo), que sigue dando problemas y por la cual se está litigando en la Corte Internacional. “Las amenazas de hecho y de palabra son reales. Aunque no ha presentado otra demanda, Ortega sigue diciendo que va a “recuperar” Guanacaste, una provincia que por su propia voluntad se adhirió a Costa Rica en 1824, y que antes no era de Nicaragua. Además, tiene otros gestos agresivos como ofrecer a compañías petroleras territorio marítimo costarricense”.

No obstante, el canciller aclara que el gobierno desaprueba por completo la respuesta armada ante las amenazas de Managua: “Costa Rica es un país que ha abolido el ejército, ha renunciado al recurso de la fuerza y se apega al derecho internacional, por política de Estado no puede apoyar un grupo paramilitar”. Castillo añade que el Frente Nacional representa un riesgo de entorpecer la política que lleva Costa Rica en el conflicto con Nicaragua. “No tenemos evidencia de que hayan cometido actos ilegales, hasta ahora están en el ámbito de su libertad individual. Esperemos que no pasen más allá de donde han llegado”.

El pasado 22 de noviembre, la CIJ emitió medidas cautelares para Managua, ordenando que retirara todo su personal de la Isla Portillo (ubicada en el Río San Juan, que marca la frontera entre Costa Rica y Nicaragua), y que detuviera las labores de dragado y construcción de canales en ese territorio que está en litigio en el máximo tribunal internacional. Esa fue la segunda vez que la Corte emitió medidas cautelares en el marco de un caso que estudia desde 2010, cuando San José denunció que los nicaragüenses habían invadido la isla, lo que fue rechazado por las autoridades de Managua, que alegan que el territorio les pertenece. Hasta ahora, según reportan los medios nicaragüenses, el gobierno de Ortega está cumpliendo con las órdenes de la Corte.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1

Por Daniel Salgar Antolínez

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