Preocupaciones de la CIDH

Entre las principales están Guantánamo y una ley que priva de la nacionalidad a miles de dominicanos.

Una de las sillas usadas para la alimentación forzada de prisioneros en Guantánamo. / AFP

Por segundo año consecutivo Colombia no aparece en el capítulo IV, conocido como la “lista negra”, del recién publicado informe para 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí figuran los países de las Américas que, según ese organismo de la OEA, deben hacer mejoras urgentes en materia de DD.HH.

¿Por qué Colombia ya no aparece? El país estuvo en la “lista negra” de manera consecutiva desde el año 2000 hasta 2011, aunque había aparecido antes en 1980, 1982, 1994 y 1996. En 2012 dejó de aparecer porque en diciembre de ese año la Comisión realizó una visita in loco a Colombia. El reglamento de la CIDH estipula que cuando un Estado se abre al escrutinio y la observación internacional, sale del capítulo IV y el monitoreo se realiza a través de un informe de país preparado en relación con la visita in loco. El documento sobre Colombia se publicará en julio próximo y allí probablemente aparezcan, entre otras, consideraciones sobre los ahora famosos derechos políticos.

El otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH para el alcalde Gustavo Petro, que el gobierno colombiano no quiso implementar en principio, pero luego tuvo que hacerlo por orden del Tribunal Superior de Bogotá, es un mensaje de que a la Comisión le preocupa la posible vulneración a los derechos políticos consagrados en la Convención Americana de DD.HH. y que, según la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, no son derechos fundamentales.

A la Comisión también le debe preocupar que el Gobierno considere las cautelares para Petro una recomendación y no una decisión vinculante, sobre todo tratándose de un Estado que históricamente, como ha dicho a este diario el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, “ha tenido una práctica de atención y respeto a las medidas cautelares. De hecho, se han incorporado a la jurisprudencia. Hay un diseño de institucionalidad pública, de política pública, de acciones normativas y legislativas en ese sentido”.

En el informe no aparece el caso Petro, porque las cautelares se emitieron este año, pero en un documento anexo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión aparecen otros asuntos relacionados con Colombia que preocupan. Entre otros, el asesinato de al menos dos periodistas (Édison Alberto Molina y José Darío Arenas), así como el retardo prolongado de las investigaciones sobre homicidios contra otros comunicadores, que tiene como efecto el vencimiento de los plazos de prescripción de la acción penal. Según información recibida por la Relatoría, debido al retardo en los últimos dos años habría prescrito la acción penal respecto de los asesinatos de al menos seis periodistas en el país.

La Relatoría también registra varios casos de agresiones contra periodistas durante manifestaciones sociales, varias de ellas en el marco del Paro Nacional Agrario y las protestas campesinas en la región del Catatumbo. Asimismo recoge denuncias sobre interceptaciones y espionaje contra medios de comunicación, como la revista Semana y columnistas de El Espectador, entre otros.

 Otros casos en la región

 La “lista negra” del informe de la CIDH está dividida en dos. En un primer apartado aparecen asuntos de especial preocupación en el hemisferio. El primero se refiere a la prisión de Guantánamo.

La Comisión ha emitido dos resoluciones, tres medidas cautelares, un informe de admisibilidad y siete comunicados de prensa, y ha celebrado nueve audiencias públicas ordenando a EE.UU. tomar medidas para garantizar los derechos de los detenidos en esa base naval en suelo cubano. No obstante, EE.UU. no ha atendido estos llamados y tampoco ha permitido una visita de la Comisión a Guantánamo con las exigencias de los comisionados. Doce años después de que se abriera esa prisión, todavía hay 154 hombres encerrados, de los cuales al menos 76 tienen aprobada su liberación, porque nunca se les probó su participación en delito alguno.

A partir de la huelga de hambre que iniciaron varios detenidos en febrero de 2013, el pasado 1º de mayo la CIDH emitió un comunicado junto con algunas oficinas de la ONU, en el cual reiteró la necesidad de poner fin a la detención indefinida y señaló que la alimentación forzada de personas que se realiza en la prisión es una práctica injustificable.

Otra preocupación de la CIDH es la sentencia dictada el 23 de septiembre del año pasado por el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Al respecto, Tracy Robinson, actual presidenta de la CIDH, denunció que, como consecuencia de este fallo, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos —que diversas fuentes estiman en más de 200.000— “han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad. Estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, y viven sumidos en una condición de extrema vulnerabilidad”.

También preocupa a la Comisión que la Ley Orgánica de Comunicación, sancionada el pasado 22 de junio en Ecuador, establece graves restricciones al derecho a la libertad de expresión. La relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero, ha dicho antes a a este diario que esa ley es probablemente, después de las leyes cubanas, la más restrictiva de la región en la materia.

Cuba, Venezuela y Honduras, los tres países con la situación más preocupante de DD.HH. en el hemisferio, según la Comisión, aparecen en la segunda parte del capítulo IV. Sobre cada uno hay un extenso informe que detalla la falta de independencia de los poderes judiciales, el deterioro de los derechos políticos, la integridad y la libertad, la represión contra los disidentes políticos y defensores de DD.HH. y un largo etcétera.

 

 

[email protected]

@DanielSalgar1