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Hace tres semanas, Laureano Facundo Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descendió a través de una capa gruesa de polución sobre la ciudad de Wuhan, la más grande del centro de China. Ortega llegó con una comitiva de 20 empresarios, políticos y académicos nicaragüenses de alto nivel, invitados por el enigmático multimillonario chino Wang Jing, el presidente de HKDN, la empresa privada encargada de construir el canal interoceánico en Nicaragua, un megaproyecto que requeriría una inversión, según cálculos iniciales, de US$40.000 millones, cuatro veces el PIB de este país.
En medio del escepticismo que pesa sobre la factibilidad del proyecto, en Wuhan, según conoció El Espectador, los nicaragüenses recibieron la evidencia más convincente hasta la fecha de que las promesas de Wang Jing no son un cuento chino. Sentados en un salón de conferencias de una de las sedes de la Corporación China de Construcción de Vías Férreas (CRCC por su siglas en inglés), la segunda compañía estatal más grande de China, la comitiva pudo palpar el compromiso de los ingenieros chinos para participar en la construcción del canal. “Fue una presentación muy ordenada”, le contó a El Espectador Arturo Cruz, exembajador de Nicaragua en Washington y hoy profesor del Incae, la principal escuela de negocios del país. Varios de los ingenieros presentes habían trabajado en el proyecto de las Tres Gargantas, la hidroeléctrica más grande del mundo, por donde también pasó delegación nicaragüense.
Contratada por la empresa de Wang Jing, la CRCC trabaja en los diseños del canal y sería la encargada de construirlo si el proyecto sigue adelante. Pero, más allá de agregarle un soporte técnico sólido al proyecto, la participación del gigante estatal chino refuerza las especulaciones de que el emprendimiento contaría con el apoyo de algún sector del gobierno de China. “No hay que olvidar que la CRCC es una empresa que nació del Ejército Rojo”, le dijo a El Espectador otro de los miembros de la comitiva nicaragüense que no quiso ser identificado. “Entonces, creo que es muy difícil pensar en que no hay al menos un sector del gobierno interesado en el canal”.
Wang niega que el proyecto tenga influencia oficial del gobierno chino. En una entrevista con el South China Morning Post afirmó: “No he recibido órdenes, ni instrucciones, ni pedidos del Gobierno”. También recalcó que Nicaragua es uno de los pocos países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán y no ha reconocido al gobierno de Pekín.
El papel del gobierno chino en el proyecto del canal es un punto contencioso entre diversos analistas. Margaret Myers, experta de Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento con sede en Washington, sostiene: “Que la CRCC esté involucrada en el proyecto no es una garantía de apoyo oficial. Hasta ahora sólo han sido contratados para hacer un estudio de viabilidad”. En efecto, toda la iniciativa del canal ha sido presentada como un emprendimiento privado de HDKN, la empresa de Wang, quien ha desembolsado de su propio bolsillo los cerca de US$100 millones para hacer los diseños y los estudios ambientales. Por otro lado, el analista Evan Ellis, de la National Defense University de Washington, sostiene que “es imposible imaginar que se consiga la participación de los grandes bancos y empresas de construcción de China sin la aprobación tácita del Gobierno”. “Después del viaje tengo más preguntas que respuestas”, dice Arturo Cruz, “pero le doy el beneficio de la duda”.
La prueba de fuego para el proyecto está a menos de un mes. A principios de diciembre, Wang anunciará quiénes serían los inversionistas que pondrán los US$40.000 millones y cuál será el trazado del canal. “Ese monto es difícil de recaudar entre inversionistas privados”, sostiene Myers, “por lo que será muy interesante ver si alguna entidad oficial de China se suma a la inversión”.
Además de la financiación del proyecto, otros aspectos como el impacto ambiental y los acuerdos con comunidades indígenas ofrecen preguntas aún sin respuesta por parte del gobierno nicaragüense o de Wang Jing, quien llegó a Nicaragua de la mano de Laureano Ortega y ha mostrado que está rodeado de jugadores de peso. Además de sus vínculos con la CRCC, Wang contrató a la firma de consultoría McKinsey para estructurar el negocio, y a la firma inglesa ERM, líder mundial en consultorías ambientales, para hacer los estudios de impacto sobre posible dragado del lago de Nicaragua, por donde se presume pasaría el canal. Poco se sabe del origen de Wang, cuya empresa tendrá por 50 años los derechos exclusivos del canal. El proyecto está a punto de adquirir estatus constitucional. La Ley del Gran Canal, como es conocida, fue incluida dentro del paquete de 39 reformas que está impulsando el gobierno de Ortega y que incluye también el reconocimiento del fallo de La Haya en el diferendo con Colombia.