¿Quién juzgará a EE.UU.?

Después que el Senado desclasificara un informe del programa de torturas de la CIA, se reactiva la pregunta sobre las vías para procesar a los responsables de estas prácticas.

El ex vicepresidente Dick Cheney es considerado uno de los máximos responsables por el programa de torturas de la CIA. / AFP

En teoría la guerra contra el terrorismo tiene límites. Uno de esos es la dignidad humana. El reporte recientemente publicado por un comité del Senado estadounidense revela que, para el país defensor de la democracia y los derechos humanos, dicha premisa no tuvo cabida en la guerra contra el terror. Esto no es una novedad, desde hace años el mundo cuestionaba el uso extendido y sistemático de la tortura por parte de la CIA.

El documento publicado por el Senado indica que los agentes de la CIA sometieron a sus detenidos a posiciones forzadas con el propósito de causar dolor físico y estrés, a la exposición a encandilamiento, a la música a niveles intolerables, a la simulación de asfixia con agua (waterboarding), o los arrojaban bruscamente contra paredes o los encerraban en ataúdes, entre otras “técnicas avanzadas de interrogación” —un eufemismo para referirse a la tortura—.

Este tipo de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, están prohibidos por la ley interna estadounidense y por la internacional. Al perpetrarlas, EE.UU. cometió violaciones a normas imperativas, que priman sobre todo y cuya prohibición no se puede restringir de manera alguna.

El informe, además, demuestra que los funcionarios sabían que lo que hacían era ilegal. Como recoge Human Rights Watch (HRW), el documento desclasificado señala que abogados sénior de la CIA distribuyeron de manera interna un borrador de una carta dirigida al fiscal general John Ashcroft, el 8 de julio de 2002, donde se reconocía que las tácticas que luego se conocieron como “técnicas intensivas de interrogatorio” violaban la Ley sobre Tortura de EE.UU.

¿Quién va a juzgar a esos funcionarios responsables del programa de torturas?

Múltiples organizaciones llevan años denunciando estos hechos. No obstante, hasta ahora no se conoce un caso en que los principales responsables hayan tenido que rendir cuentas. Lo que muchos esperan con la tardía publicación del informe es que abra una etapa en que EE.UU. demuestre su compromiso con los DD.HH. y realice reformas necesarias para que la tortura no se repita.

-  La justicia interna

María McFarland, directora adjunta para EE.UU. de HRW, dice que el primer camino es el sistema penal estadounidense: “EE.UU. tiene una obligación, bajo la Convención contra la Tortura, de procesar e investigar estos hechos y hacer justicia. Es la primera opción y lo que exigimos. Obama no ha mostrado mucho interés en hacerlo”.

La única investigación se cerró hace un par de años sin resultados. La inició en 2009 el Departamento de Justicia, sobre abusos cometidos contra detenidos bajo custodia de la CIA, a cargo del Fiscal Especial John Durham. El fiscal estudió 101 casos, incluidos los de dos detenidos que murieron bajo custodia de la agencia. No obstante, el Departamento dio por concluida la investigación en agosto de 2012, sin presentar cargos contra ningún responsable.

McFarland añade que años antes de publicado el informe del Senado había suficiente información para tomar acciones penales. En 2011, HRW lanzó un informe que presentaba pruebas contra el expresidente George W. Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld y el exdirector de la CIA George Tenet, y solicitaba una investigación penal contra ellos por haber ordenado prácticas como el waterboarding, el uso de cárceles secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países donde fueron torturados. “Obviamente el informe del Senado aumenta la cantidad de pruebas disponibles en el ámbito público. Hay más que suficiente información para iniciar una investigación penal”.

Hace falta, pues, una investigación con resultados reales. En EE.UU. iniciar un proceso penal no es como en otros países donde una persona puede presentar una demanda, sino que el único que puede iniciar un proceso es un fiscal. Hay que esperar que el Departamento de Justicia nombre uno para estos casos. McFarland explica que hay otras organizaciones que hace años representan a detenidos y han presentado demandas civiles. “El problema es que esos casos han sido cerrados porque la información en la que se basan ha sido designada confidencial. Sería importante que sobre la base de la información desclasificada, acepten que no debe haber límites”.

La Unión Americana para las Libertades Civiles publicó un informe con cinco puntos clave para hacer justicia. Primero, sugiere que se asigne un fiscal especial para el caso, con plena autoridad para conducir una investigación completa sobre el programa de tortura de la administración Bush, incluyendo el rol de altos oficiales de ese gobierno, que son los más responsables, y también los que intentaron encubrir los crímenes cometidos. “Y si encuentra evidencias de conducta criminal, los delincuentes deben ser enjuiciados. El gobierno debe cooperar con las investigaciones pendientes y acciones legales relativas al programa de tortura”.

Segundo, sugiere que la CIA, una agencia que “ha estado fuera de control durante al menos 12 años”, sea reformada. El Congreso debería prohibirle operar en cualquier centro de detención o mantener detenidos bajo su custodia. Debería también someterla a las mismas reglas de interrogación que a las fuerzas militares. Tercero, recomienda que se provea una disculpa pública y compensación a las víctimas del programa de torturas. Cuarto, que se honre a los funcionarios que durante la Administración Bush objetaron el uso de torturas porque sabían que era ilegal.

Por último, el informe recomienda al Gobierno exigir más transparencia. Dice que debería publicar “el informe de investigación completo de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre el uso de la tortura y los abusos de la CIA. También debería liberar el memo del presidente Bush del 17 de septiembre 2001 que autoriza a la CIA a establecer cárceles secretas en el extranjero, conocidas como "lugares negros"; cables de la CIA relacionados con el uso del waterboarding y otras técnicas de interrogatorio brutal ; y las fotografías que acrediten el abuso de prisioneros en centros de detención en todo Irak y Afganistán”.

- La justicia internacional

En el caso de las torturas hay responsabilidad internacional de EE.UU., porque los hechos ilícitos fueron perpetrados por agentes estatales en conexión con sus funciones. McFarland explica que otros países podrían ejercer la jurisdicción universal, algo que se ha dado en otros casos. “Si EE.UU. no actúa, otros deberían ejercer su responsabilidad e iniciar un proceso. Se trataría de iniciar procesos no contra el Estado, sino contra los individuos responsables del programa de torturas, de manera que si aparecen en esos países entrarían en un proceso penal”.

En el sistema internacional hay otros caminos. Nicolás Carrillo Santarelli, experto en derecho internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, explica que en un sentido no judicial, sino de examinar y eventualmente condenar, puede actuar el Consejo de DD.HH. de la ONU, que hace el examen periódico universal, o también los grupos y relatores especiales de este organismo. “En el pasado, en el sistema universal de DD.HH. ha habido pronunciamientos en contra de estas prácticas de tortura y otras. El problema es que no son vinculantes, sino recomendatorios. Llamarían a EE.UU. a cumplir de buena fe y tienen el poder de avergonzamiento que las ONG practican frecuentemente”.

Las instancias judiciales internacionales plantean un camino más intrincado. EE.UU. no ha aceptado, por ejemplo, la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) porque no ha firmado el Estatuto de Roma, pero ese tribunal sí tiene jurisdicción sobre Afganistán y la fiscal inició una investigación sobre las detenciones de la CIA en ese país.

Carrillo explica que EE.UU. en el pasado ha sido condenado por otros órganos judiciales, por ejemplo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de actividades militares y paramilitares en Nicaragua. Pero EE.UU. ha retirado la declaración que reconocía de forma general la competencia de la CIJ. Luego, fue demandado con base en algunos tratados, por ejemplo sobre relaciones consulares diplomáticas, por México y Alemania. “Desde entonces ha seguido retirando su reconocimiento de la competencia de esta Corte. Podría haber algún tratado en el que subsista una base para que sea demandado. El problema es que en estos órganos judiciales, que no sean órganos regionales de DD.HH., las demandas son de Estado a Estado prácticamente todas. Y es improbable que un Estado se atreva a demandar a EE.UU. por las violaciones contra DD.HH. en estas instancias, porque el demandado también podría empezar a sacar a la luz las violaciones a los DD.HH. por parte del demandante. No resulta demasiado estratégico”.

Si de tribunales regionales de DD.HH. se trata, la Corte Interamericana de DD.HH. (Corte IDH) sería el idóneo para pronunciarse sobre las torturas en Guantánamo, en suelo cubano. No obstante, esta corte tampoco tiene jurisdicción sobre EE.UU., porque el país no es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ser parte de la OEA, sin embargo, el país sí está bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo semijurídico que al menos desde 2002 ha emitido múltiples recomendaciones, medidas cautelares e informes sobre Guantánamo, sin que estos hayan sido implementados por parte del Estado.

Otra opción, aunque no vinculante, es que la Asamblea General de la ONU pida una opinión consultiva a la CIJ sobre la legalidad del programa de torturas de la CIA. Según Carrillo, sería algo similar a lo que sucedió con la opinión consultiva emitida en 2004 sobre el muro construido por Israel en Palestina. Aunque la CIJ determinó que la construcción del muro y su régimen de asentamientos constituyen violaciones a los DD.HH., Israel continúa la construcción de los mismos sin sanciones. EE.UU. podría tomar en cuenta un eventual pronunciamiento de la CIJ, pero negarse a condenar a los principales responsables del programa de torturas.

Los caminos de la justicia interna e internacional pueden ser demasiado largos. Según McFarland, “lo principal ahora es presionar al Gobierno para que actúe a nivel interno. Tenemos mucha experiencia en varios países y sabemos que a veces la justicia tarda, pero llega”.

 

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