Hárold Carrillo Sánchez estuvo en el corredor de la muerte de las cárceles chinas. Podía convertirse en el primer colombiano ejecutado en ese país, donde la pena de muerte se aplica a quienes porten 50 gramos de cualquier droga ilícita. Paradójicamente, su enfermedad terminal lo salvó de ese destino.
Hárold Carrillo Sánchez estuvo en el corredor de la muerte de las cárceles chinas. Podía convertirse en el primer colombiano ejecutado en ese país, donde la pena de muerte se aplica a quienes porten 50 gramos de cualquier droga ilícita. Paradójicamente, su enfermedad terminal lo salvó de ese destino.
Carrillo fue detenido en 2010 con 1.700 gramos de cocaína en su cuerpo en el aeropuerto internacional de Bayun, en la ciudad china de Guangzhou. En 2011 fue condenado a pena de muerte. A finales de 2014 le cambiaron la condena a cadena perpetua y en septiembre de este año se la conmutaron a 19 años y tres meses de prisión, para facilitar la homologación de la pena en la legislación colombiana y permitir su repatriación humanitaria. Desde finales de 2013, a Carrillo le diagnosticaron cáncer linfático y ahora se encuentra en delicado estado de salud. Llegó al país a pasar sus últimos días privado de su libertad, pero cerca de su familia, con la que sólo podía hablar cinco minutos al mes.
Con China es difícil alcanzar acuerdos para la repatriación de extranjeros detenidos por narcotráfico. En el país asiático, estos delitos son considerados un ataque a la integridad del Estado, por lo que reciben castigos ejemplarizantes. Se ha documentado que antes de morir, los detenidos son transportados en camiones con un cartel en el pecho que dice su nombre y el delito que cometieron, y que tienen derecho a una última entrevista con su familia. El gobierno chino ha autorizado la grabación y difusión de algunas de esas entrevistas, para mostrar a los ciudadanos lo que sucede si cometen un delito. China es el país que más ejecuciones realiza en el mundo. Aunque las cifras exactas no se conocen porque son un secreto de Estado, se calcula que son entre tres mil y cinco mil ejecuciones cada año. Carrillo se salvó, pero otros no tendrán la misma suerte.
En China, según la Cancillería colombiana, hay 144 colombianos detenidos, 3 de ellos condenados a pena de muerte efectiva, 11 condenados a pena de muerte con suspensión de dos años y 10 condenados a cadena perpetua. Entre los testimonios y las cartas que han sido conocidos por la organización Familias Colombianas Unidas, compartidos con este diario, varios detenidos denuncian torturas, personas que han sido amarradas y puestas bajo una gotera o encerradas en situación de hacinamiento durante períodos prolongados. En los últimos años, Familias Colombianas Unidas y otros familiares de presos en China han puesto en conocimiento del Gobierno colombiano estas posibles violaciones.
La abogada Blanca Henríquez, que representa a 20 de los colombianos detenidos en China, aclara que el regreso de Carrillo a Colombia no se da bajo un acuerdo de repatriación, sino que la figura que se invoca es la de reciprocidad, por acuerdo humanitario. Según ella, muchos colombianos detenidos en China se podrían traer con base en un acuerdo humanitario, porque “la mayoría tienen condiciones de salud crítica”. En 2013 murió un colombiano por esta situación y otros se han visto afectados por las condiciones de reclusión, la alimentación, la intensidad laboral (los presos son obligados a trabajar), el clima y una asistencia médica que a veces no es adecuada.
Además, explica la abogada, hay declaraciones del ministro de Justicia de China en las que manifiesta que los extranjeros detenidos son una carga económica y prefieren entregarlos a sus respectivos países. Mientras se ultima un acuerdo de repatriación entre Colombia y China, Henríquez dice que el Estado colombiano ha tenido la responsabilidad de gestionar mediante otros mecanismos jurídicos la repatriación de otros colombianos. “Además de Carrillo, no hay certeza de por cuántos se ha hecho la petición y por cuántos China ha dicho que no. Nos gustaría saber eso.”
Hay otro aspecto preocupante. Según Henríquez, entre los colombianos detenidos en China hay muchos que no han sido juzgados y algunos llevan hasta cinco años esperando el juicio. De los 20 colombianos que Henríquez representa, siete no han sido condenados. “Uno de ellos está en estado crítico de salud y ya está en el hospital, por lo que hay que enfilar baterías para solucionar su situación”. La gran mayoría de los connacionales detenidos, condenados o no, son de escasos recursos y “están en los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico, muchos fueron engañados en Colombia, podrían ser víctimas de trata de personas, y allá, en China, fueron condenados a pena de muerte o cadena perpetua. Además de eso, si es que vuelven, tienen que cargar con el rechazo y la estigmatización social”.
La repatriación de Carrillo se logró a través de las gestiones que el Gobierno colombiano inició desde 2014 y se convierte en un referente para próximas peticiones de repatriación desde China y otros países. Actualmente, Colombia tiene acuerdos bilaterales de repatriación con Venezuela, Costa Rica, España, Panamá y Ecuador. Alrededor de 1.200 presos han sido repatriados desde esos países. Sin embargo, dicho acuerdo no se ha negociado con otros Estados como Catar, donde está condenado a cadena perpetua Juan Pablo Iragorri y hay otros cuatro colombianos detenidos.
Hasta donde se conoce, aparte del acuerdo de repatriación con China, Colombia no adelanta negociaciones de este tipo con otros países. Jorge Muñoz Zapata, representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, dice que la repatriación de Carrillo es una gran noticia, pero es fundamental seguir trabajando en el tratado con China y otros países, para permitir a los colombianos en el exterior tener condiciones humanitarias y cumplir su pena cerca a sus familias. “Sabemos que son personas que han infringido la ley y se deben respetar los mecanismos de justicia de cada país, y que no es factible repatriar los más de 14.000 que están fuera. No obstante, es necesario que el Gobierno despliegue mecanismos para garantizar los derechos humanos de esas personas. Y para los que cumplen con las causales humanitarias, apelamos al sentido humano del Ministro de Justicia, quien encabeza el grupo intersectorial que estudia y aprueba las solicitudes de repatriación, para que se agilicen los procesos de revisión y no empeore la situación de estos colombianos”.