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Hace ya un año, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya le concedió a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de aguas caribeñas hasta entonces colombianas, las elucubraciones fatalistas de lado y lado de la frontera saltaron a las primeras planas de los diarios y hubo —y hay— hasta quienes invitaron a iniciar una carrera armamentística para prevenir agresiones de la contraparte. Se dijo de todo. Que el uno era un pirata del Caribe y que el otro también.
Si bien es cierto que ninguna de estas predicciones se cumplió, lo cierto es que los dos países recorren un camino en el que tampoco parece cercana la suscripción de un tratado limítrofe que recoja las directrices de la sentencia de la CIJ. Y en medio de la puja están los habitantes de San Andrés, el archipiélago colombiano en el que viven los pescadores que derivan su sustento de las aguas concedidas a Nicaragua.
En el departamento insular los efectos del fallo son evidentes. Por un lado, porque el fortalecimiento del pie de fuerza en las aguas del litigio obligó a un reacomodamiento de los narcotraficantes que allí delinquen. Por el otro, porque con el fallo llegaron las promesas de ayuda del Gobierno colombiano y hay expectativa respecto a cuánto de todo aquello se hará realidad. La gobernadora Aury Guerrero cree que hay que sacarle el jugo al fallo y se la juega por canalizar todas las ayudas, pero no la tiene fácil.
Una de las preocupaciones en Colombia era que los narcos hicieran su agosto en medio de la confusión sobre el fallo de La Haya. ¿Qué tanto de eso ocurrió en la práctica?
Entre 2010 y 2011 tuvimos situaciones conexas con bandas criminales y en 2012 se lograron controlar, aunque hubo tres homicidios por sicariato. El narcotráfico ha sufrido un retroceso debido a que las embarcaciones de la Armada están parqueadas en las zonas que regularmente eran usadas como puente para el paso de sustancias psicoactivas.
También están la FAC y la Policía, pero en la isla dicen que el problema continúa.
Ha disminuido la actividad. Sin embargo, han aumentado el menudeo y el microtráfico en algunos sectores. La desaparición de las bandas hizo que muchos de los jóvenes que prestaban servicios en estas labores estén sin una tarea en San Andrés. Eso ha generado la aparición de hurtos y de chicos y chicas con armas de fuego.
¿Y cómo están controlando esa situación?
Son brotes pequeños que se pretenden controlar a través de estrategias como las de la Policía Nacional, entre otras. El aprovisionamiento de combustibles en alta mar ha disminuido por la presencia de las autoridades en la zona, pero el microtráfico y las consecuencias del gran narcotráfico siguen presentes en nuestro territorio.
¿Por eso el aumento en la violencia?
Antes el esquema del narcotráfico de San Andrés no estaba asociado con los violentos. Los chicos se dedicaban a traficar, los cogían (hay varios presos en cárceles internacionales), pero no se generaba violencia. Cuando empezó el cobro por peaje se generó un conato de violencia y hace unas semanas tuvimos dos o tres asesinatos —según lo que manifiesta la autoridad competente— relacionados con narcotráfico.
¿Quién maneja ese negocio ilegal en la isla?
No tengo la certidumbre para decirlo, pero uno escucha en la comunidad comentarios. Hablan aquí de “Paisas” o de “Rastrojos” o de “Urabeños”, pero nosotros no podemos decir si son estos o son aquellos.
¿Y los isleños qué papel cumplen ahora en la cadena? ¿Aún son actores de menor rango?
San Andrés por años ha tenido una participación vinculando especialmente a sus hombres de mar. La percepción hoy es que nuestros chicos sirven de puente en esa cadena y en algún momento llegan a ser enlaces. Aunque en capturas de este año la Policía ya identificaba a algunos de nuestros paisanos como cabezas de grupo.
¿Ha cambiado mucho la ruta de la coca desde que se conoció el fallo?
La coca que pasa por San Andrés generalmente va hacia Centroamérica, pero también ocurre que de Centroamérica la crucen por acá hacia el norte. Otras veces viene de Colombia. Como San Andrés tiene siete fronteras y ofrece la posibilidad de comunicarse con las islas pequeñas, se usa mucho como sitio de paso.
Pero la ruta San Andrés-Nicaragua parece ser una de las más usadas.
Obviamente la ruta existe y llegar navegando es fácil. En dos horas o dos y media se puede llegar, pero no hay relación.
¿No hay relación o no la han diagnosticado?
Nunca se ha diagnosticado una relación entre comunidades de Nicaragua con narcotráfico en San Andrés. Lo que teníamos como relación era el deporte. El béisbol convocaba a unos y otros. Con Bluefields teníamos un fuerte intercambio comercial y cultural.
¿Convenios con una ciudad nicaragüense en pleno litigio binacional? ¿Cómo lo hicieron?
No teníamos convenios formales escritos con administraciones. Al menos no en nuestro gobierno. Pero antes se tramitaban esos tipos de eventos a través de unidades ejecutoras de la administración pública. No hemos vuelto a hacer intercambio. Hemos tenido sí, en el tema ambiental, hace un año, en un encuentro con la corporación ambiental, personas que trabajan en esa área en Nicaragua y estuvieron en San Andrés. De hecho, no existe restricción de comunicación con ellos. Las relaciones bilaterales siguen estando de manera regular, claro que desde San Andrés no hemos promovido (convenios) en este sentido.
En últimas, ¿quiénes son los más afectados tras un año de proferido el fallo de la CIJ?
Los pescadores industriales y los grandes armadores de embarcaciones que pescaban en Luna Verde. Teníamos 16 embarcaciones y sólo quedan seis con permisos de pesca colombianos. Los otros aceptaron la invitación a sacar sus documentos y a formar parte de la flota de Nicaragua. Algunos pescadores industriales manifestaron deseos de retirarse de la pesca. Hay 77 pescadores de langosta o buzos que eran empleados por los barcos industriales y no están laborando porque sus embarcaciones se fueron a pescar desde Nicaragua.
¿En qué paró el debate por el subsidio de $1,8 millones para los pescadores y que habría llegado a quienes no lo necesitaban?
El tema del subsidio, no de la cuantía, lo solicitaron los pescadores cuando el presidente Santos vino. El Gobierno Nacional determinó que fuera de $1,8 millones durante seis meses pensando que fuese algo que pudiese garantizarles su sustento.
¿Pero terminaron recibiéndolo personas que no eran pescadoras?
Se les dio la responsabilidad a las asociaciones de pescadores para que se presentasen y a los pescadores independientes a que se asociaran. Algunos postulados tenían problemas con la ley (tienen procesos o estuvieron detenidos) y debieron resolver esa situación para continuar recibiendo el subsidio. Otros estaban contratados en entidades o pagaban su salud o pensión. Eso no quiere decir que no son pescadores, sino que la pesca es una actividad de la cual no se pueden sostener todo el año, porque hay épocas en las cuales no se puede pescar, por la lluvia u otra razón.
¿Cuál puede ser la solución de fondo ahora que se acabó el tiempo de los subsidios?
Un proceso de estructuración fuerte en torno a la pesca, en donde se consolide la flota pesquera, donde se tenga el terminal pesquero, un muelle para ingresar los productos. Introducir la acuicultura.
¿De dónde sale el dinero para tanta belleza?
Del Estado colombiano. En el Plan Archipiélago, por ejemplo, están los proyectos de acuicultura y acuaponía. Hay que fortalecerlos con recursos propios. Se están empezando a apalancar otros procesos. Entre más pronta sea la solución, las necesidades insatisfechas de ellos se van a atender.