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El referendo revocatorio contra el gobierno de Nicolás Maduro, que impulsa la oposición, es un proceso largo, burocrático y que quizá no logrará llevar a los venezolanos a las urnas este año. Pero la oposición, en cabeza de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), insiste en que sí podrá y que las firmas que faltan por recoger estarán en pocos meses en manos de la autoridad electoral.
Este lunes en la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, confirmó la autenticidad de casi 400.000 firmas entregadas por la MUD en las semanas previas. El rifirrafe por la confirmación de estas firmas ha sido constante desde el momento en que los opositores las entregaron, dado que, en su opinión, el CNE es una institución politizada que busca retrasar los procesos del referendo. Lucena ha dicho que es una funcionaria independiente y que trabaja en los plazos determinados por la Constitución.
Tras la validación de estas firmas y la recepción de la confirmación oficial, la MUD podrá solicitar la recolección de otras cuatro millones de firmas a nivel nacional (20 % del padrón nacional). El CNE tendrá dos semanas para aceptar esa solicitud y luego quince días hábiles para fijar una fecha para dicha recolección. Es decir, la autorización para recoger firmas podría extenderse entre mes y medio y dos meses más.
Es justo lo que no quiere la oposición. Fortalecida por la mayoría que posee en el Parlamento, la oposición quiere que haya referendo lo más pronto posible por una razón esencial: si se hace este año, por Constitución el órgano electoral deberá llamar a nuevas elecciones y es muy probable que un representante de la oposición, con la debida campaña, gane en el proceso. De ese modo, también, se desharía el chavismo, pues su fuerza en el Parlamento se disminuyó y en este momento depende de la aceptación popular de Maduro y de sus programas.
Sin embargo, la oposición podría ser defraudada. Sólo hasta la verificación de las cuatro millones de firmas que recogerá, se podrá llamar a los venezolanos al voto. Hay que recordar que este proceso, sólo en el primer paso, se demoró cuatro meses. Podría pasar tanto tiempo que el calendario electoral no se ajuste a sus ambiciones y el referendo ocurra sólo el próximo año. Para entonces, la ley señala que, si el presidente sale de su cargo, será su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, el que tome el poder.
La oposición tiene la confianza de que conseguirá las firmas necesarias para el revocatorio, dado que la crisis alimentaria del país ha afectado en demasía al gobierno de Maduro. La inflación está por encima del 189 % y se prevé que será de 720 % el próximo año (es decir, la moneda se devaluará y el acceso a productos básicos será aún más difícil). Los opositores han descartado la posibilidad de una negociación con Maduro, impulsados en parte por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha dicho: “La convocatoria del revocatorio es innegociable (...). (El revocatorio) sí es una manera de resolver los problemas de la gente y de impulsar los cambios”. Para algunos analistas, el revocatorio (que tiene grandes posibilidades de sortearse sólo hasta el año próximo) sólo dividirá más a una sociedad que ha presentado algunos brotes de violencia política incluso en la capital.