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hace 4 horas
Piden más de $793 mil millones

Fracaso del proyecto Meritage, en Medellín, podría costarle casi $800.000 millones al Estado

Una demanda internacional y otra local tienen al Estado en una pelea multimillonaria con los inversionistas de Meritage. Según los demandantes, la culminación de esta exclusiva urbanización se vino a pique por culpa de la Fiscalía.

Meritage se empezó a construir en un predio situado a pocos minutos del peaje de la vía Las Palmas.Archivo El Espectador

El fracaso de uno de los planes hoteleros y de vivienda más ambiciosos de la última década en Medellín le podría costar al Estado más de $793.000’000.000. Los 12 dígitos de la cifra no son exageración; es la suma de las pretensiones que ciudadanos estadounidenses, colombianos y ecuatorianos están exigiendo a Colombia en dos procesos judiciales por cuenta de lo que consideran un proceso de extinción de dominio irregular que les frenó sus inversiones en el proyecto Meritage Luxury Community, que se empezó a promocionar en 2013. Un caso en cuya historia aparecen todo tipo de personas: desde modelos, testaferros y narcotraficantes hasta un vendedor de mangos que parecía millonario.

La génesis de los pleitos, uno en un tribunal de arbitramento internacional y el otro en el Tribunal Administrativo de Antioquia, tiene en esencia dos puntos de partida. El primero es la tradición del terreno en donde se empezaron a construir las tres torres del proyecto Meritage, pues, según la Fiscalía, este había pertenecido a la Oficina de Envigado. El segundo es una serie de maniobras ilegales que, según los demandantes, habría cometido el ente investigador en el proceso de extinción de dominio de estos terrenos. Este proceso comenzó en 2016 y no habría tenido en cuenta que quienes estaban sacando provecho eran compradores de buena fe, que no tenían por qué saber del pasado oscuro de las tierras.

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Sobre los dueños del lote, la historia también es compleja. Iván López, quien lo adquirió en 1994, resultó absuelto en una corte federal de Miami en 2007 por narcotráfico solo porque probó que la droga que traficó llegó a Europa y no a Estados Unidos. En 2004, las 56 hectáreas del lote, ubicado en uno de los sectores más exclusivos de las afueras de la capital antioqueña, pasaron a ser de Luis José Varela Arboleda, quien resultó ser un vendedor de mangos. Un año más tarde, ya no era suyo sino de un ingeniero de apellido Cardona. En 2006, las escrituras pasaron a ser de la modelo Tatiana Gil y su prima Mónica Rendón; y en septiembre de 2007, ellas traspasaron el bien a la sociedad La Palma Argentina por $450 millones, extrañamente $50 millones menos de lo que ellas pagaron para comprarlo.

La Fiscalía asegura que el lote también estuvo en manos de testaferros de la Oficina de Envigado y hasta del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca. En medio de este historial de propietarios sospechosos, la Fiscalía intervino para quitarles la titularidad a quienes pudieron haber comprado el terreno con dineros ilícitos. El lío es que, según los demandantes, el ente investigador cometió una serie de irregularidades en la extinción de dominio que llevaron a la ruina al proyecto Meritage. Son esos presuntos errores los que tienen hoy al Estado enfrentando dos procesos millonarios. Estos son los detalles de los pleitos.

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Los reclamos internacionales

Con el avance del proceso de extinción de dominio, y con los constructores de brazos cruzados al no poder seguir con la obra, el panorama para los inversionistas se tornó desolador. Meritage era insalvable, los costos de operación se triplicaron y los dineros invertidos se perdieron. Por esa razón, el 17 de agosto de 2018, Angel Seda —el estadounidense que ideó e impulsó el proyecto— y otros siete empresarios de la misma nacionalidad notificaron a Colombia su intención de presentar una demanda internacional por US$250 millones. Seda y compañía argumentaron que no se respetaron las garantías que brinda el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.

Para los reclamantes, se violaron dos artículos del TLC. Uno que hace referencia al trato justo y equitativo a sus inversiones, y otro sobre la expropiación ilegal de las mismas. “Los reclamos surgen de la destrucción, por parte del Gobierno de Colombia, de las inversiones realizadas por los demandantes en virtud de la aplicación ilegal y abusiva de la legislación colombiana”, señalaron en su intención de demanda, haciendo referencia al proceso de extinción de dominio contra los predios del Meritage. Agregaron que con la “confiscación ilegal de la propiedad se causaron daños irreparables, destruyendo el proyecto y violando los derechos al debido proceso y a ser considerados compradores de buena fe”.

Según la intención de la demanda, cuando ya el proyecto estaba parcialmente construido y en venta, e incluso ya se había verificado en la tradición de los predios que no tenían algún antecedente que pudiera “manchar” la inversión, se les atravesó el ente investigador el 22 de julio de 2016. “La Fiscalía de repente, arbitrariamente y de manera discriminatoria, abusó de su autoridad bajo la ley de extinción de dominio y afectó el título de la propiedad, secuestrando el desarrollo del Meritage, congelando todas las actividades y perspectivas de negocio”. Asimismo, precisaron que pese a las pruebas aportadas, hace dos años, para demostrar que eran compradores de buena fe, el organismo siguió adelante.

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“(La Fiscalía) ha demostrado su desprecio por llevar a cabo el proceso dentro de los requisitos del debido proceso”, aseguran los empresarios. Otro de los principales reclamos en la intención de demanda es que las acciones de la Fiscalía afectaron la reputación de Angel Seda como inversionista y la de sus empresas, pues, desde que inició el proceso de extinción de dominio, le cerraron las puertas en el sector financiero. Para ese entonces, Seda desarrollaba cinco proyectos inmobiliarios y de turismo que, según los demandantes, se pararon completamente y generaron pérdidas significativas ante la imposibilidad de obtener financiación.

Los reclamantes manifestaron que ninguna autoridad colombiana les ha planteado una solución al problema económico ni para proteger su reputación comercial. Además, calificaron de abusivas las prácticas de la Fiscalía y de otras entidades del Gobierno e hicieron un llamado de urgencia para acabarlas. En este momento, tanto los demandantes como el Estado colombiano están a la espera de que se defina quiénes serán los árbitros y el país en el que se instalará el tribunal de arbitramento.

Los compradores colombianos

El segundo frente de batalla jurídica que tendrá que atender el Estado por el caso Meritage es la demanda por $20.000 millones que interpusieron 55 compradores de los apartamentos y locales de la primera etapa del proyecto. La decisión se tomó tras una reunión que se realizó el 28 de agosto de 2018 y en la que Newport SAS, la empresa de Seda, anunció que la construcción del Meritage era inviable, así la Fiscalía devolviera el predio. La razón: los costos de construcción por metro cuadrado se triplicaron. Además, a los compradores colombianos les notificaron que ni Newport ni la fiduciaria responderían por los dineros, pues con sus anticipos se pagó lo que hasta el momento iba construido.

La preocupación de los compradores aumentó cuando conocieron la intención de arbitramento internacional de los estadounidenses. Aunque era una vía para reclamar los prejuicios causados a las inversiones de los extranjeros, a los colombianos no los cobijó. El 25 de septiembre de 2018 se unieron entonces 55 de los compradores y demandaron a la Fiscalía ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El argumento principal es que el ente investigador nunca alertó ni investigó el origen de las tierras, a pesar de que conocía desde hace más de una década que el predio estaba vinculado a Iván López, un hombre cuyos antecedentes judiciales eran conocidos.

En la demanda, los compradores colombianos señalaron que desde que comenzó la promoción del Meritage, en 2013, los inversionistas y sus financiadores hicieron la tarea de investigar si los predios tenían problemas legales que les pudieran causar dolores de cabeza. De hecho, el primer documento que les dio tranquilidad lo emitió la propia Fiscalía seis años antes, en 2007. En él, la entidad aclaró que no existe ninguna investigación vinculada a las tierras. El segundo documento provino también de la Fiscalía, con la firma del entonces director de la Unidad de Extinción de Dominio, Julián Quintana, y la recibió Corficolombiana (fiduciaria del proyecto Meritage) en septiembre de 2013.

Para los compradores, también era prenda de garantía un estudio de títulos que realizó en marzo de 2013 la firma de abogados Otero & Palacio, el cual confirmaba que no existían reportes contra el predio ni contra sus antiguos propietarios. Asimismo, agregaron que el apoyo por medio de un crédito del Banco de Bogotá y todos los análisis que se surtieron para evitar caer en un negocio vinculado al narcotráfico generaban un alto grado de confiabilidad. Ninguna de esas labores, sin embargo, sirvió para evitar el desenlace que tanto quisieron esquivar. Además, los demandantes aseguran que solo hasta que las obras comenzaron a andar fue cuando la Fiscalía General pisó el acelerador en el expediente.

Pese a que el 3 de julio de 2014 inició la indagación del posible origen ilícito del predio en cuestión, los demandantes aseguran que la Fiscalía dejó el caso en pausa hasta octubre de 2016, momento en el que a Meritage llegaron los agentes de la Fiscalía a incautar el lote. Esto, para los inversores es extraño, pues las fechas coinciden con la tutela que interpuso Iván López contra la Fiscalía para que resolviera el reclamo que él había hecho sobre la titularidad del predio. Según el relato de López, las tierras siempre fueron de él, pero el secuestro de uno de sus hijos, en 2004, hizo que perdieran las escrituras, pues los secuestradores, insistió él, lo obligaron a firmar papeles para cambiar la titularidad.

Los demandantes cuestionaron también el hecho de que la Fiscalía solo haya afectado uno de los 44 inmuebles en los que figuraba Iván López y que, además, solo haya intervenido uno de ellos mucho tiempo después de su extradición, cuando lo normal, aseguran, es que el ente investigador lo haga justo después de que el sindicado llega a Estados Unidos. Aunque los inversores han insistido en que nada sabían de este pasado de la tierra, y que hasta la propia Fiscalía les dio un parte de tranquilidad para iniciar el proyecto, ni siquiera ante los jueces han logrado constituirse como compradores de buena fe. Lo que les dijo un juzgado especializado de extinción de dominio de Antioquia es que los terceros no tienen derecho real sobre un bien sujeto a un proceso de extinción de dominio.

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El tema está en manos del Tribunal Superior de Antioquia, que estudia la apelación de los demandantes. Ellos señalan que si los compradores no tienen derechos sobre lo que compraron, eso significaría que el negocio nunca existió. “La Fiscalía era consciente de la existencia de más de un centenar de personas que tenían la condición de beneficiarios del área y la grave afectación que sufrirían sus intereses”, explicaron. El ente investigador, por su parte, reitera que el proceso de extinción no afecta el proyecto ni los derechos fiduciarios de los compradores. Sin embargo, Meritage hoy es inviable, pues las tareas de la Fiscalía han impedido entrar a los terrenos y seguir con la construcción.

Tanto para los inversionistas como para los ciudadanos que invirtieron en el proyecto es claro que Meritage fracasó. El culpable, para unos y otros, es el proceso que adelanta la Fiscalía. A pesar de que las primeras decisiones por parte del ente investigador se tomaron hace ya dos años y poco se ha hecho en el juzgado que lleva el caso, hoy en día Meritage ya no tiene futuro, no solo por el incremento en los costos de construcción, sino porque no se le ha hecho ningún mantenimiento a la obra, los bancos ya no quieren invertir en estos predios y la única alternativa para las torres que alcanzaron a alzar, sean o no devueltas a sus propietarios, es su demolición.

 

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