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"Ahí tiene su positivo"

Así le reclamó a Wílmer Alarcón su compañero de patrulla, Nelson Rodríguez, por haber disparado contra el joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo.

Diana Carolina Durán Núñez
03 de julio de 2013 - 09:02 p. m.
El abogado Héctor Hernando Ruiz Echavarría, asesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá, está detenido desde octubre pasado por esta investigación.   /Andrés Torres
El abogado Héctor Hernando Ruiz Echavarría, asesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá, está detenido desde octubre pasado por esta investigación. /Andrés Torres
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“Me sostuve en la declaración que se inventaron en la oficina de Disciplina (de la Policía), de ahí en adelante sostuve siempre esta misma versión por las amenazas que me hicieron, no me preocupaban las mías pero sí las que hacían referencia a mi familia, o que de pronto lo mandaran a un servicio y lo legalizaran a uno”. “Me doy cuenta de que me van a mandar al grupo de erradicación manual de Arauca, lugar donde han muerto el 80% de los policías en los últimos dos años. En esos días hablo con un compañero que trabaja en la Dirección General y me dice: ‘No se vaya a ir para allá porque por allá lo van a legalizar’”.

La primera frase se la dijo a la Fiscalía en un interrogatorio el patrullero de 21 años Nelson Rodríguez Castillo el 28 de febrero de 2013. La segunda, el agente Freddy Esneider Navarrete, el 21 de diciembre de 2012. Ambos uniformados (temporalmente suspendidos e involucrados en la investigación por el caso del joven grafitero) le explicaron así a la Fiscalía por qué habían decidido cambiar su versión de los hechos que rodearon la muerte de Diego Felipe Becerra, ocurrida el 19 de agosto de 2011, pues temían tanto por la seguridad de sus familias como que la misma Policía los enviara a algún lugar en donde luego resultaran muertos por actos del servicio. De ahí el término “legalizar”.

Rodríguez y Navarrete son dos de los tres testigos claves con que cuenta la Fiscalía para insistirle hoy a la jueza del caso del joven grafitero que los coroneles Nelson de Jesús Arévalo, comandante de la Estación de Suba para ese momento, y José Javier Vivas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá de la época, deben estar detenidos mientras las indagaciones por este asesinato continúan. Ambos patrulleros, con respaldo de la Procuraduría, le han pedido a la Fiscalía que los incluya a ellos y a sus núcleos familiares en el programa de Protección de Testigos. “Cualquier situación que atente contra la vida o integridad tanto de mi familia así como la del suscrito, hago directamente responsable a la Policía Nacional”, señaló el teniente Rosemberg Madrid. Él es el tercer testigo clave.

El Espectador conoció todas las declaraciones que tanto ellos como otros implicados en este polémico proceso le han entregado a la justicia, y en ellas se advierten giros fundamentales que ha tenido esta historia. No es lo mismo leer lo que el conductor de la buseta, Jorge Eliécer Narváez, dijo en agosto de 2011 a lo que aseguró un año más tarde. Narváez inicialmente relató que Becerra y tres amigos suyos habían atracado la buseta que él conducía el 19 de agosto de 2011, asalto que, según la Policía, dio origen a la persecución y muerte de Becerra. El 26 de agosto de 2011, Narváez indicó que cuatro días atrás había recibido una llamada de “un policía”, que le habría pedido comprar el periódico Mío y verificar si el joven que allí figuraba era quien lo había atracado.

Narváez confirmó que se trataba del mismo. Dijo que ese lunes 22 de agosto se había ido a “hacer vueltas” y que hacia las 5 o 6 de la tarde de ese mismo día lo habían vuelto a llamar a preguntarle de nuevo por la foto. “Creo que era alguien del CAI de los Andes”, dijo, y agregó: “Después de muchas llamadas de la prensa se comunicó conmigo una teniente Lady —agregó Narváez—, me citó dizque para no sé qué de disciplina”. Luego de siete meses, en marzo de 2012, Narváez agregó que ese lunes 22 de agosto de 2011 —tres días después del crimen— lo llamaron a pedirle que fuera a poner el denuncio del hurto específicamente en la Estación del barrio 20 de Julio. Hasta ahí, nada llamativo.

Sin embargo, en febrero de 2012, el coronel Nelson Arévalo habló con la Fiscalía y le dio una versión algo diferente. Aseguró que se fue con su conductor a la Avenida Boyacá con calle 127 a parar a cuanta buseta verde viera preguntando por el supuesto hurto. Fue así como dio, dijo él, con la sede de la empresa de buses para la que Narváez trabajaba, cerca al (barrio) Minuto de Dios. Allí, aseveró el alto oficial, contactó al gerente: “Y éste me presentó al conductor víctima del hurto”.

En mayo de ese año, cuando ya figuraba como indiciado en el caso, Narváez añadió que cuando él estaba en la empresa de buses ese lunes 22 de agosto de 2011 un policía lo llamó, le preguntó por la foto divulgada en el Mio y le dijo “ya voy para allá”. Al rato, al decir de Narváez, “llegó una camioneta blanca con vidrios oscuros, se baja un señor...” y la diligencia tuvo que ser interrumpida: Narváez se alteró al punto que no pudo seguir hablando. Ni su abogado pudo calmarlo. El interrogatorio fue retomado el 28 de agosto de 2012 —un mes antes de ser detenido—. En ese momento, Narváez mencionó que la teniente Lady se apellidaba Perdomo, que le había pedido verse con ella en la Estación del 20 de Julio, y que al llegar allá se había encontrado, nada más y nada menos, que con el general Francisco Patiño, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. “Cuente todo como fue”, le habría dicho Patiño —cuyo ascenso está hoy congelado por cuenta de este controversial proceso—. Narváez contó además que Carlos Arenas, quien efectivamente es el jefe de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá, se lo había llevado a City TV para que diera una entrevista.

Ya para ese momento la Fiscalía sabía que Narváez no había estado de turno en la fecha en que el grafitero murió, pues ese día la buseta tenía pico y placa. El propio Narváez expresó haberse dado cuenta posteriormente que el atraco que él registró había ocurrido el 18 y no el 19 de agosto de 2011. En otras palabras, y así lo cree la Fiscalía, es prácticamente imposible que el supuesto episodio en la buseta de Narváez hubiera llevado al patrullero Wílmer Alarcón, como éste ha sostenido, a perseguir y “dar de baja” a Diego Felipe Becerra. 

El abogado que siempre está

De acuerdo con el relato del teniente de 31 años Rosemberg Madrid ante la Fiscalía, el día que Diego Felipe Becerra murió, el asesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá Héctor Hernando Ruiz Echavarría —quien está llamado a juicio por este caso— le dio unas instrucciones. La primera: afirmar que cuando él llegó al lugar de los hechos el subintendente Juan Carlos Leal ya se encontraba allí, es decir, que Ruiz no había llegado antes que el encargado de la Policía de entregarle la escena del crimen al CTI. Segundo, afirmar que sí había visto un arma de fuego en la escena. Tercero, testificar que al patrullero Alarcón lo habían entrevistado los agentes del CTI sin un abogado presente. Y cuarto, que Ruiz nunca se había reunido con las personas de la Policía que debían preservar la escena del crimen intacta.

La Fiscalía ha podido establecer que de esa manera Ruiz, quien fue convocado al lugar de los hechos por el coronel Nelson Arévalo, habría empezado a armar el rompecabezas fachada para ocultar que Wílmer Alarcón había matado al menor Diego Felipe Becerra cuando él pintaba un grafiti en el noroccidente de Bogotá y no luego de asaltar una buseta. El teniente Madrid manifestó que el interés del doctor Ruiz era que los presentes en la escena del crimen coincidieran en sus versiones. “En los sitios de reclusión donde nos han trasladado siempre ha estado el doctor Ruiz ejerciendo la misma presión para que se mantenga la mentira que se fraguó”.

El teniente Madrid, además, detalló que un día debía presentarse ante el entonces subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel José Javier Vivas —el oficial de más alto rango que estuvo en la escena de los hechos—, y que al salir de este encuentro fue abordado por el abogado Ruiz, los patrulleros Alarcón, Rodríguez y Navarrete y el subintendente Leal, con el fin de que se pusieran todos de acuerdo en la versión que entregarían a las autoridades. Navarrete, aseguró el teniente Madrid, “manifestó abiertamente la intención de matar a quien no declarara como ya se había acordado, que él no iría a la cárcel por un delito cometido por otra persona”. Luego cambiaría de parecer. 

El policía Nelson Rodríguez, quien le insistió al fiscal del caso en sus temores porque “los señores oficiales superiores son peligrosos”, declaró que apenas llegó a la Clínica Shaio, a donde habían trasladado herido a Diego Felipe Becerra, había increpado a Wílmer Alarcón por estar diciendo que Becerra portaba un arma esa noche. “Deje de ser mentiroso que yo no vi ningún arma, ¡¿por qué lo mató?!”, le dijo Rodríguez, el único que había acompañado a Alarcón en algún momento de la persecución. “Él me responde: ‘Yo sólo quería hacer la captura o el positivo’. Yo le dije: ahí tiene su positivo”.

Por Diana Carolina Durán Núñez

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