El gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía podrá retornar de manera transitoria a su cargo, luego de que el Consejo Seccional de la Judicatura de ese departamento ordenara la suspensión transitoria de la destitución e inhabilidad para ejercicio de funciones públicas que le fue impuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Al aceptar la tutela interpuesta por su defensa ante ese alto tribunal, se determinó el cese transitorio de la media impuesta con el Ministerio Público, aún cuando no se ha determinado aún si es viable o no revocar la sanción, como lo solicitó en la presentación de la acción el disciplinado.
Abadía había salido de la Gobernación, luego de que el organismo de control comprobara que había violado la restricción que pesa sobre los servidores públicos para participar en política, en este caso, favoreciendo los intereses del precandidato presidencial del Partido Conservador, Andrés Felipe Arias.
Según la procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, pese a que el encuentro convocado por el mismo Abadía tenía por objeto tratar asuntos propios de las administraciones de 21 municipalidades del departamento, nunca debió permitir la participación de Arias, pues ahí radica la falta calificada como gravísima y a título de dolo.
En efecto, en el encuentro del criadero La Leyenda, en el corregimiento de Rozo, en Palmira, Valle del Cauca, la presencia de Arias y sus manifestaciones ante los mandatarios locales resultaron siendo determinantes, pues al permitir que el precandidato obtuviera la información sobre las problemáticas de cada población, le facilitó la consolidación de su propuesta programática.
Además, el disciplinado hacía las veces de tutelante de los alcaldes presentes en ese acto, que eran potenciales electores calificados y por tanto, eventuales receptores del discurso proselitista del aspirante, ya inmerso en el conocimiento de la situación de cada uno de los municipios participantes a través de sus burgomaestres.
"(Arias) Esbozó por parte de dicha reunión sus virtudes personales, dando a conocer su trayecto en la vida pública, dejando evidencia de su conocimiento de los temas que ocupan a la administración pública, lo cual es un atributo deseado de quien pretenda convertirse en gobernante. Este hecho, en el cual se detiene la Delegada, es un claro y notorio evento de participación en política por parte del señor Gobernador", sostuvo la Procuradora Carreño.
Mientras Abadía Campo indicó que la asistencia del ex ministro a la reunión del pasado 21 de febrero no generó incidencias en los temas tratados y varios de los asistentes señalaron no escuchar ningún pronunciamiento de parte del ex precandidato, la Procuraduría consideró que la actuación constituyó la violación de la Ley 734 de 2002 en su artículo 48 del numeral 39, pues Abadía aprovechó su cargo para participar en actividades de partidos y movimientos políticos.