El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, dijo que la Constitución y la Ley ya ofrecía los mecanismos que buscaba el Presidente Uribe para contrarrestar a la las bandas criminales, Bacrim.
Aclaró que es el Gobierno el único competente para decretar un Estado de Excepción, pero que lo cierto es que las instituciones coincidieron en reconocer que en la legislación actual ya estaban planteados los mecanismos para que la Justicia lograra contrarrestar el poder del crimen organizado en las zonas más apartadas.
"Lo que pasa es que del análisis entre todas las instituciones surge la necesidad de dar prioridad a unas herramientas que tiene la Constitución y la Ley y nosotros, como Estado de derecho, tenemos que responder de conformidad", sostuvo Torres Corredor.
El magistrado señaló que la Judicatura dispondrá de al menos dos jueces nacionales que tendrán presencia permanente en los principales distritos y que acudirán a quince de las regiones más afectadas por la presencia de las bandas criminales para atender diligencias relacionadas con la legalización de capturas de los presuntos responsables de concierto para delinquir.