El ex comandante del Ejército, general (r) Rafael Samudio Molina, reconoció que durante la retoma del Palacio de Justicia ordenó la agregación a la operación de unidades de la Séptima Brigada, de la que hacia parte uno de los principales testigos del caso, Edgar Villamizar.
El también ex ministro de Defensa dijo que no puede dar fe del traslado de esa unidad ni de tropas provenientes de Tunja (Boyacá), como lo había ordenado, aunque manifestó que solo él habría podido contradecir esa orden.
De esta manera, se configura una nueva evidencia que abre las puertas a que Villamizar sí haya estado en el lugar de los hechos, en contraste con lo dicho por la defensa del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien ha citado la declaración de dos testigos que afirman lo contrario.
Precisamente, el abogado defensor del ex uniformado, presentó una acción penal en contra de la Fiscal Ángela María Buitrago por la supuesta falsa declaración del testigo, que había confirmado las supuestas torturas y posteriores asesinatos que cometieron uniformados del Ejército en contra de las nueve personas de la cafetería del Palacio, que hoy figuran como desaparecidas.
La semana anterior fue la parte acusadora la que solicitó que se abriera un proceso por falso testimnonio en contra del ex uniformado de la Séptima Brigada, Gustavo Alonso Velásquez López, luego de advertir serias inconsistencias en su declaraciòn, que iba encaminada a desmentir lo expuesto por Edgar Villamizar respecto a su traslado a Bogotá y los supuestos excesos cometidos por el Ejército en contra de civiles.
En el curso de los interrogatorios a los que fue sometido, Velásquez López desmintió algunos de los apartes de la declaración juramentada que ofreció ante la Notaría Segunda de Armenia (Quindío), entre otros detalles contradictores que puso en evidencia, lo que llevó a la fiscal Buitrago y a los abogados de la parte civil a exigir la compulsación de copias a las autoridades competentes para que se iniciara una investigación.
Fue esa declaración extra juicio la que fue incluida en los documentos que la Secertarìa Jurídica de Presidencia envió a la juez María Stella Jara y que esta última devolvió, al considerar que el firmante de la comunicación, Edmundo del Castillo, no era un actor legítimo dentro del proceso.