La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miryam Hoyos, denunció severas dificultades para atender el drama que viven 26 compatriotas que fueron víctimas de la trata de personas y resultaron detenidas en ese país del Caribe centroamericano.
Según la alta funcionaria, estas mujeres cayeron en los engaños de una red integrada por ciudadanos colombianos y venezolanos dedicada a esta práctica delictiva, y de allí una de las motivaciones para solicitar la colaboración de las autoridades del vecino país.
Pero no sólo la participación de ciudadanos de Venezuela ha sido la única razón para acudir a las instituciones de esa nación bolivariana, pues la principal dificultad radica en el hecho de que Colombia no cuenta con una sede diplomática en Trinidad y Tobago.
Según, la Procuradora Delegada, ha sido necesario recurrir al Consulado de Venezuela en el país isleño para gestionar el proceso de repatriación y elevar las respectivas denuncias, al parecer inocuas, si se tiene en cuenta que la trata de personas no está tipificada como delito en ese país.
Las mujeres se encuentran indocumentadas y , al parecer, se han visto avocadas a prestar servicios sexuales a los guardias que las custodian en la penitenciaría, a cambio de dos comidas diarias y para evitar otros vejámenes y malos tratos.
Para Ilva Miryam Hoyos, este tipo de violaciones a los derechos humanos constituyen un atentado también contra las libertades y derechos de menores de edad, pues hay algunas adolescentes que también han caído bajo esta red y algunas de las detenidas han estado o están embarazadas.
“Han sido utilizadas, se les ha prometido una vida mejor en diversos países, algunas de ellas menores de edad, han viajado por diversas ciudades del país; han llegado a Cúcuta, de ahí han pasado a Venezuela y allí a algunas de ellas les quitaron su pasaporte y empezaron a pagar los servicios de viaje y alimentación. Después viajaron a Trinidad y Tobago; empezaron a utilizarlas en servicios sexuales y las denunciaron”, precisó.
Al parecer, el caso también tiene conexidad con redes similares en Nueva York, Estados Unidos, y otras que operan en territorio japonés, sostuvo la Procuradora Delegada.