La juez 4 de garantías cobijó con medida de aseguramiento domciliaria al exdirector del Hospital Meissen, Carlos Lizcano; a la exdirectora administrativa , Marlene Sierra; y a la contratista Blanca Dora Reyes procesados por el multimillonario desfalco dentro del centro médico ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar.
Para la funcionaria judicial, los acusados, basándose en la imputación hecha por la Fiscalía, se apropiaron de manera irregular de dineros del Distrito afectando así el derecho fundamental de la salud de un grupo de personas que se encontraban en estado de vulnerabilidad.
En su intervención que duró casi una hora, la juez de garantías detalló el hecho de que estos funcionarios públicos interpusieron sus intereses personales al bien general de una comunidad, cuya mayoría de habitantes está suscrita al régimen subsidiado.
“El servicio de salud es un servicio público especial que el estado le debe garantizar a todos sus ciudadanos, máxime cuando es una comunidad vulnerable”, precisó la funcionaria judicial, quien señaló que los funcionarios incumplieron gravemente los compromisos que tenían con la sociedad.
La administradora de justicia acogió los argumentos y elementos materiales probatorios entregados por el abogado que representa los intereses del Hospital de Meissen en este caso, quien indicó que los delitos imputados por la Fiscalía el pasado lunes revestían de “una importante gravedad” puesto que afectaron el servicio de la salud de las personas que debían atender y proteger.
“Son aberrantes las situaciones fácticas que han dado motivo a la formulación de imputación”, precisó la juez haciendo referencia a los hechos presentados por el costo sobre evidentes sobrecostos en elementos y alimentos no perecederos, así como el hecho de que no se hicieron estudios técnicos para la compra de dichos materiales.
Un desfalco de 546 mil millones de pesos
Durante su intervención la juez manifestó que los pobladores de la ciudad Bolívar tuvieron que aguantar precarias situaciones al servicio de salud puesto que el centro hospitalario muchas veces argumentó no contar con los elementos médicos para atenderlos, mientras que en el interior del mismo se fraguaban multimillonarios detrimentos con los dineros públicos.
“Sobrecostos e irregularidades contractuales denotan que fue la prevalencia de unos intereses particulares para favorecer a unos pocos y ni a la mayoría de una población que es marginada, vulnerable y que tiene que resignarse a que se le vulnere el más elemental de sus derechos, el de la salud básica afectando así su vida y la protección social”, indicó la juez.
“Esta comunidad carece de muchas oportunidades, derechos mínimos, entonces no resulta en ese orden coherente ni admisible que se haya hecho una serie de despilfarros de dineros públicos por medio de una serie de contrataciones improvisadas y desfasadas que permitieron un detrimento patrimonial”, precisó la juez.
En el caso del exgerente del Hospital, la juez señaló que le incurre una doble falta, puesto que además que era su obligación vigilar y ser garante de la buena inversión de dichos dineros públicos, su profesión como médico cirujano lo obligaba a preservar la salud y la vida. “Tenía un compromiso social, ético y moral”, indicó.
En el caso de Marleny Sierra, la juez indicó que la subdirectora administrativa tenía que velar por la contratación transparente, algo que según la imputación hecha por la Fiscalía General no se hizo puesto que tenía que vigilar por la integridad y legalidad de estos convenios. “Esto no es improvisado sino haciendo un análisis y revisión”.
Los cargos
En la diligencia judicial la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y peculado por apropiación en modalidad de tentativa a Blanca Dora Reyes, una contratista del hospital quien habría recibido seis contratos por un valor superior a los 1.500 millones de pesos para el suministro de alimentos no perecederos.
En este caso llamó la atención la Fiscalía sobre el hecho de que dichos contratos fueron hechos de manera directa, por lo que se presentó una seria irregularidad puesto que no se hizo licitación pública como se exige.
Igualmente se indicó que la contratista elevó "considerablemente" los precios de los alimentos y elementos no perecederos, afectado así las finanzas del Hospital.
'Hubo una alianza funesta entre la contratista y las directivas del Hospital para vender productos caros y comprarlos a exagerados precios', manifestó el representante del ente acusador.
En el caso de la subgerente administrativa del Hospital distrital, Marlene Sierra, le fueron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contratos si el cumplimento de los requisitos legales.
En su intervención la Fiscalía General manifestó que la mujer celebró dos contratos por un valor cada uno de 186 millones de pesos para la compra de 1.544 colchones y colchonetas, las cuales en su gran mayoría se encuentran en las bodegas del centro hospitalario.
"En este caso no se presentaron estudios técnicos para determinar la necesidad de dicha compra", precisó el fiscal anticorrupción.
La mujer, que es asesorada legalmente por el exfiscal General, Mario Iguarán, no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador y acusador.
Por su parte la Fiscalía General le imputó al exgerente del Hospital, Carlos Lizcano los delitos de violación al régimen de incompatibilidades e inhabilidades, como autor, y a título de coautor los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros en modalidad continuada, contratos sin los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de tercero, peculado por apropiación a favor de terceros en modalidad tentada.
El derroche
Langostinos, tocino, costillas de ternera, merluza, queso amarillo fino, botellas de vino, unidad de huevo comprada a 380 pesos, libra de café a 17.000 pesos, entre otros insumos, hacían parte del rubro cargado a la minuta de alimentación para pacientes atendidos en el Hospital de Meissen.
Estos y otros hallazgos fueron presentados por la Secretaría de Salud, que luego de realizar un acompañamiento a este centro hospitalario de II nivel durante cerca de tres meses pudo evidenciar gastos descomunales en alimentación, papelería, combustible, nómina, entre otros. Por ejemplo, se encontró que por cada 10 kilómetros que recorría un vehículo, facturaba un consumo de combustible de 6,2 galones de gasolina.
También se hizo pública la inversión de 1.514 millones de pesos de contratos suscritos entre 2009 y 2012 para consultores y facilitadores del diseño y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
La revelación en nómina, de honorarios pagados a un asesor por la suma de 25 millones de pesos mensuales, así como perfiles contratados no existentes y funcionarios con dos y tres contratos simultáneos, entre otros hallazgos dejaron al descubierto la falencias administrativas y de control por parte de la gerencia.
En ese momento, el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció que durante el año 2009 las juntas directivas se reunieron en lujosos hoteles de Bogotá. “Doce juntas directivas que se hacían en los hoteles más exclusivos de la ciudad, eso le costó al hospital en el año 2009 14 millones de pesos”, señaló.