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El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons está contra las cuerdas y ante una inminente imputación de cargos por 20 delitos. Decenas de funcionarios púbicos investigados y 54 personas capturadas ante las más de 700 denuncias que interpusieron los cordobeses por actos de corrupción en su departamento. La Fiscalía priorizó 24 investigaciones y hoy dio el balance de los primeros los primeros resultados por irregularidades en la contratación, el cartel de la hemofilia, desviación de recursos de la salud, el mal manejo de regalías y el robo del dinero destinado para la atención y cuidado de los niños.
La mala hora del exgobernador Lyons
El fiscal general Néstor Humberto Martínez explicó que luego de cuatro meses, después de recibir centenares de denuncias el pasado 13 de enero, lograron descubrir una red de corrupción que se extendió por uno de los departamentos más pobres de Colombia, que entre 2015 y 2016 recibió ingresos por más de $1,5 billones y regalías por $640.000 millones. Uno de los peces gordos en caer fue el exgobernador Lyons, que será procesado irregularidades “en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología”, sostuvo Martínez.
Según la investigación de la Fiscalía, entre 2012 y 2015 Lyons firmó cerca de seis convenios con entidades sin ánimo de lucro, de los que cerca de $10.000 millones se habrían perdido. Al exgobernador de Córdoba le iban a imputar cargos el próximo 11 de febrero por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, la defensa pidió aplazamiento y el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que reprogramar la audiencia.
Por el tema de regalías la Fiscalía ha avanzado en las pesquisas por las irregularidades que se presentaron en los convenios de ciencia y tecnología 733 (Carneros) y 734 (Corredor Agroecológico Córdoba – La Guajira). El organismo de investigación ya presentó escrito de acusación contra Maximiliano García Banzanta, Manuel José Benjumea, Juan Agustín Gualdrón Ruedo, Jesús Eugenio Henao, Luis Enrique Vega González y Mary Luz Ramírez Hoyos. Asimismo, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía decretó el embargo de 40 bienes avaluados en $10.000 millones que estaban en poder de los procesados. A estos se suman otros 29 inmuebles que ya habían sido decomisados, tres sociedades y ocho vehículos, que están en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El cartel de la hemofilia
“Entre la ciudadanía y la justicia no vamos a permitir que lo que falta en inversión social en Córdoba, sobre en corrupción”, manifestó el fiscal Martínez al dar a conocer los resultados contra el cartel de la hemofilia, que consistía en autorizaciones de pago de medicamentos no POS a personas que no padecía esta enfermedad. Según la investigación, mediante este mecanismo se perdieron cerca de $42.000 millones y la forma en que las autoridades descubrieron esta red de corrupción fue por el alarmante incremento de pacientes con hemofilia.
La Fiscalía indicó que el cartel de la hemofilia perjudicó a pacientes que en realidad sí sufrían la enfermedad, pues los medicamentos nunca les llegaron ni fueron aprobados. La investigación de la fiscalía se dividió en dos partes. La primera se centró en las resoluciones emitidas por la Secretaría de Salud de Córdoba entre 2012 y 2014, que tenían un valor de más de $39.000 millones y que ordenaban el suministro “fraudulento de medicamentos en beneficio de 35 personas de la IPS San José de la Sabana y a 95 de la IPS Unidos por su Bienestar”.
Por estos hechos ya fueron capturados y procesados los exsecretarios de Salud Córdoba Alfredo José Aruachán Narváez y Alexis José Gainez Acuña, Marcela Sofía Suárez Luna, exauditora médica, Rubén Darío Guerra Gil, exrepresentante legal IPS San José de la Sabana, y Guillermo José Pérez Ardila, exrepresentante legal de Unidos por su Bienestar. Estos dos últimos aceptaron cargos por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir el pasado 3 de febrero y 29 de abril respectivamente. Asimismo, el pasado 7 de mayo Adalberto Carrascal Barón, coordinador de autorizaciones médicas de la Secretaría de Salud y quien autorizó el cobro de medicamentos.
La segunda fase de la investigación se centró en una resolución del 27 de marzo de 2015, que también fue emitida por la Secretaría de Salud de Córdoba y por un valor de $3.174 millones. Con esta decisión pretendían “beneficiar 28 pacientes de la población pobre que no estaba cubierta por el sistema de salud”, según la Fiscalía. Por estos hechos fueron arrestados el exsecretario de Salud del departamento Edwin Preciado Lorduy, el exauditor médico Juan David Náder Chejene y Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, excoordinador del Programa Ampliado de Inmunización.
Malversación de recursos para los niños
Una de las investigaciones priorizadas por la corrupción en Córdoba fueron las denuncias por el contrato firmado en 2015 entre el ICBF de Córdoba y la Fundación Tierra Nuestra, que tenía un valor de $7.400 millones y buscaba atender a 3.610 personas en modalidad familiar. Según la investigación, alrededor de $2.700 millones terminaron en los bolsillos de directivos de esa fundación, con aval de funcionarios públicos que falsificaron actas de legalización financiera para el desembolso de recursos.
Por estos hechos, se ordenó la captura e imputación de cargos por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público y privado a los siguientes miembros de la Fundación Tierra Nuestra: Mariela Peña Sibaja, Carlos Fernán Lázaro Arroyo, Jorge Luis Peña Atencio, José Alfredo Ricardo Hernández, Iván Darío Ruíz Puentes y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva. Asimismo, se arrestó a Leyla Ángel Vitola y Grey Andrade Durango, funcionarios del ICBF, y a Kety Sánchez Hernández, quien era una falsa proveedora.
Ni la educación se salvó
Otro de los frentes en los que actuó la Fiscalía fue establecer las irregularidades que se presentaron en la contratación que hizo la Secretaría de Educación del Municipio de Lorica con recursos del Sistema General de Participaciones en matrículas de estudiantes inexistentes. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, en el 2014 el Ministerio de Educación le giró recursos a Lorica para subsidiar el estudio de población vulnerable. Situación que jamás sucedió y, al parecer, lo que se hizo fue inscribir a 1.549 estudiantes inexistentes a la Institución Educativa Rafael Núñez.
En total se perdieron cerca de $1.700 millones, por lo que fueron capturados Óscar Antonio Rhenals España, quien era supervisor del Contrato y actualmente se desempeñaba como Secretario de Educación de Lorica, y Pedro Alejandro Llanos Corrales, representante legal de la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S. Ambos serán procesados por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Vínculos con el clan del Golfo
La Fiscalía también capturó al alcalde de Moñitos, Álvaro José Casseres Matoza, y a su padre, Álvaro Enrique Casseres Brieva, por supuestos vínculos con el clan del Golfo. Al parecer, la alianza se gestó para que Casseres fuera elegido como primer mandatario del municipio. Junto a ellos también fueron arrestados Jorge Antonio Villalba Martínez, Norys de Jesús Yanco Ruíz y Dionis de la Cruz Portillo. Todos fueron imputados por los cargos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.
Asimismo, en Moñitos también se capturaron a ocho concejales que al parecer escogieron irregularmente al personero municipal para el periodo 2016-2020. Según las pesquisas, los cabildantes eligieron a Javier Martínez Castelar, un hombre que no cumplía con los requisitos legales y que resultó electo en una sesión extraordinaria que se realizó el 8 de enero de 2016. Los capturados fueron: Jorge Eliécer Villalba Ballesteros, Jorge Enrique Medina García, Sergio Antonio Negrete Arrázola, Armando Manuel Díaz López, Jáider Luis Correa López y Cristian Darío Burgos Galván.
Segunda fase de investigaciones en Córdoba
El fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que dentro de pocos meses se conocerá la segunda fase de las investigaciones por la corrupción en Córdoba. Entre los asuntos por resolver está todavía el tema del manejo de regalías; la pérdida de recursos girados al Resguardo Sotavento por parte del Ministerio de Hacienda entre 2010 y 2011, pues se cree que cerca de $825 millones no llegaron a esa población; las irregularidades en la construcción del Coliseo Miguel Happy Lora, la Villa Olímpica de Montería, el “Puente Valencia” sobre el Rio Sinú, el pago de tratamientos, medicamentos y terapias para personas con síndrome de Down y el esclarecimiento del Homicidio de Jairo Zapa, el exdirector de regalías del departamento de Córdoba que apareció muerto en una finca colindante a una propiedad de la familia del exgobernador Alejandro Lyons.