Es el Tayrona. Es el de Los Nevados. Es el Paramillo. Es La Macarena. Es Chingaza. El drama de particulares que usando triquiñuelas o recurriendo a notarios corruptos se han apropiado de terrenos de parques naturales, es de dimensiones mayúsculas. “Hemos descubierto que los avivatos se han robado los baldíos que eran del Estado y que ahora aparecen como propiedad privada dentro de los parques”, dijo el presidente Santos ayer, al inaugurar la primera unidad de restitución de tierras en Bogotá, una de las entidades creadas para hacer efectiva la Ley de Víctimas.
Hasta la fecha el Gobierno ha recibido unas 4.000 solicitudes de restitución, que se traducen en unas 400 mil hectáreas que le arrancaron los violentos a la población civil a punta de armas e intimidaciones. Sin embargo, la cantidad de hectáreas que espera recuperar el Estado, arrebatadas a punta de corrupción, no son precisas aún. El Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) fueron comisionados para realizar una gran investigación y establecer, predio por predio, qué terreno ha sido adquirido legalmente. De acuerdo con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, esos “avivatos” podrían recibir hasta 12 años de cárcel.
La invasión de terrenos de los parques naturales, señaló el primer mandatario, involucra a “familias prestantes” que se habrían hecho a títulos de propiedad de manera ilegal. La falta de información sobre terrenos baldíos, propiedades y propietarios en Colombia, no obstante, es un problema que durante décadas había sido ignorado. “Desde hace muchos años le venía pidiendo ese listado al Incoder, pero el Incoder no había construido esa información. Como autoridad ambiental nosotros protegemos a los parques de construcciones ilegales, pero no tenemos más capacidad”, expresó Julia Miranda, directora de Parques Nacionales.
Los notarios del país no podrán hacer transacciones de compraventa en terrenos de parques. Así lo determinó la Superintendencia de Notariado y Registro. El gremio de los notarios no ha quedado bien parado en este escándalo pues, como lo confirmó Miranda, son muchos los notarios que se han prestado para quitarle tierras al Estado. El Espectador conoció que hace 10 años la unidad de Parques Naturales solicitó un estudio detallado de los predios del parque Tayrona y en 1983 el tema de los predios adquiridos ilícitamente en el parque fue objeto de un extenso debate periodístico en los medios de Santa Marta. El asunto, en otras palabras, no tiene nada de novedoso. “Pero el Estado ahora sí tiene las herramientas para recuperar sus tierras”, señaló Miranda.
Parques como el Tayrona y la Sierra Nevada han sido también, por décadas, objeto de interés de grupos armados ilegales, especialmente de los paramilitares. Uno de los propósitos de la investigación que realizará la Superintendencia junto con el Incoder y el IGAC es establecer si grupos al margen de la ley se han apropiado de terrenos ubicados en reservas naturales, pues su presencia, sus cultivos ilícitos y sus amenazas a la población ya fueron detectados.
El Gobierno está haciendo un barrido para determinar cuáles de estas “prestantes familias” han colado sus negocios y enriquecido sus patrimonios a costa de invadir, ocupar y hacerse a tierras del Estado. En este contexto, se examinan con lupa predios y lotes ubicados en unas 40 mil hectáreas del parque La Macarena (Meta) y otras 15 mil en el Tayrona. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, añadió que al parecer los tentáculos de las mafias habrían infiltrado algunas entidades estatales.
En este sentido, se ordenó a todos los notarios del país suspender cualquier trámite notarial en los parques naturales de Colombia. La Supernotariado ya dispuso de investigadores exclusivos para desentrañar los alcances de esta grave denuncia. La Fiscalía seguramente tendrá que establecer si, como lo advirtió el presidente, los avivatos usurparon tierras del Estado para enriquecerse.