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El Kama Club es un bar ubicado en el centro de Guangzhou (China), que abrió sus puertas en 2003, después de una remodelación. Todas las noches, mujeres danzan vestidas de bailarinas árabes y otras tantas, captan a los extranjeros y comerciantes de la clase media china y se los llevan a alguna de las 80 habitaciones acondicionadas para “bailes privados”. Entre estas mujeres, encontró la Fiscalía, hubo al menos cinco colombianas que, sin pasaporte ni dinero, eran explotadas sexualmente por una red de trata de personas conformada por cinco personas de su mismo país.
La semana pasada, la Fiscalía General capturó a la totalidad de los integrantes de la red y les imputó los delitos de concierto para delinquir y trata de personas transnacional. A la presunta líder, una mujer de 34 años llamada Érika María Madrid, le agregó el delito de utilización de menores para la comisión de delitos. La mujer habría convertido a su hijo, Brian Salazar Madrid, en la “manilla”, es decir, en el encargado de vigilar el trabajo de las víctimas en el Kama Club.
El modus operandi no se salía del común de este tipo de organizaciones, con la excepción de que todos sus miembros pertenecían a la misma familia. La jefa sería Érika María Salazar, quien cooptaba las víctimas junto a su hermano, Javier Alexánder Madrid. La esposa de Javier Madrid sería la encargada de tramitar los documentos y, finalmente, una vez las mujeres eran enviadas hacia China, los encargados de recibirlas serían el compañero sentimental de Érika Madrid y su hijo, Brian Salazar, quien habría comenzado a delinquir cuando aún era menor de edad.
El grupo familiar habría comenzado sus actividades ilegales en el año 2012. Los hermanos Érika y Javier Alexánder Madrid serían quienes subían las laderas empinadas del barrio La Loma, al norte de Medellín, y convencían a las mujeres, generalmente jóvenes, con dificultades económicas, de embarcarse rumbo a China, en donde supuestamente encontrarían trabajo como vendedoras de celular o meseras. Algunas de las víctimas, si bien sabían que irían al lejano país para ejercer la prostitución, le manifestaron al ente investigador que las condiciones que les ofrecieron distaban mucho del panorama con el que se encontraron a su llegada. En un estudio sobre el tema, que realizó la Universidad de La Sabana el año pasado, encontró que las víctimas de este delito son generalmente mujeres de estratos bajos y en su mayoría provenientes de Pereira, Bogotá, Cali y Medellín.
La Fiscalía encontró que una vez los dos reclutadores o captadores se ganaban la confianza de las jóvenes, Diana Milena Yepes comenzaba a tramitar la documentación requerida para el viaje a China, como visas, pasaportes y tiquetes aéreos. Este trámite le costaría a la organización entre US$4 mil y US$6 mil, que, de acuerdo con el estudio de la Universidad de La Sabana, podrían recuperar en tan sólo un mes de explotar sexualmente a las víctimas.
Una vez los papeles estaban arreglados, según las pesquisas de las autoridades, Diana Salazar les entregaba a las mujeres –que viajaban solas- US$2 mil para que les dejaran a sus familiares mientras ellas pagaban la deuda, que supuestamente era tan sólo de $18 millones. Después del viaje, en el aeropuerto de Guangzhou (China), estaría esperándolas un joven de 22 años que las llevaría hasta el apartamento donde vivirían el encierro. Sería allí donde ese joven y Brian Salazar, el hijo de Érika Madrid, les explicarían que la deuda que tenían con la organización era en realidad de US$18 mil y que para pagarla debían prostituirse, todas las noches, en el Kama Club.
A algunas, le contó la fiscal encargada del caso a El Espectador, se las llevaban directamente hasta el local, en donde debían camuflarse muy bien, pues en China toda forma de prostitución es ilegal. Por eso, contrario a lo que podría pensarse, las prendas que llevaban eran recatadas, pero siempre de marca.
De negarse a trabajar, los dos jóvenes las amenazaban “con atentar contra la integridad física de ellas y de sus familias, motivo por el cual debían continuar ejerciendo la actividad sexual o buscar la manera de cancelar la mencionada deuda”, dice la Fiscalía en el reporte de novedad judicial del caso. Por cada cliente las mujeres recibían un pago de US$100, que, sin embargo, se iban casi en su totalidad a los bolsillos de los explotadores. En una sola jornada, una mujer podía ganarse US$500, prueba de la rentabilidad de este negocio.
La fiscal encargada del caso le contó a El Espectador que las indagaciones para desarticular a la banda de Érika Madrid y su familia comenzaron en 2013, cuando la madre de una de las víctimas puso la denuncia en la Fiscalía. Pero fueron los testimonios de otras mujeres los que corroboraron los indicios y fortalecieron la investigación formal contra esta familia.
La desarticulación de esta red de trata de personas es la primera de este año. Si bien en 2015 cayeron nueve estructuras organizadas de este tipo, según dijo en agosto del año pasado el presidente Juan Manuel Santos, por esa misma época el informe mundial que presentó el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que clasifica a los países de acuerdo con la lucha contra este crimen, dejó a Colombia muy mal parada. El informe señaló que el país no cumple con los estándares mínimos del Protocolo de Palermo, tratado internacional para prevenir la aparición de este delito.