Cargos a exdirectores de Coldeportes por irregularidades en fichas del fútbol de la B

A juicio disciplinario fueron citados por la Procuraduría General de la Nación los exdirectores de Coldeportes Andrés Botero y Clara Luz Roldán por supuestas irregularidades en una disputa que relaciona al Real Sincelejo y al Atlético Fútbol Club.

Los exdirectores de Coldeportes Clara Luz Roldán y Andrés Botero. Archivo El Espectador

La Procuraduría General formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a los exdirectores de Coldeportes Andrés Botero y Clara Luz Roldán por supuestas irregularidades en el manejo de una larga disputa por las fichas para jugar fútbol profesional en la categoría B, la cual relaciona al Real Sincelejo y el Atlético Fútbol Club S.A. La decisión, conocida por El Espectador, también cobija a Claudia Guerrero Sánchez, exdirectora de Inspección y Vigilancia de la entidad, y se remonta al 2015, cuando el Tribunal Superior de Sincelejo condenó por fraude al exrepresentante legal del Real Sincelejo, Édgar Paternina Revollo.

Ese fraude consistió en modificar los estatutos del club, cambiar los dueños y la razón social del equipo (manteniendo el mismo NIT) en una asamblea extraordinaria y sin la autorización de los socios inversionistas. ¿El resultado? El Real Sincelejo pasó a llamarse Deportivo Pereira S.A. en el 2004. La jugada motivó el inicio del proceso penal y que el Pereira siguiera en las canchas, hasta que nuevamente cambió de domicilio y de nombre el 19 de octubre de 2006, cuando se estableció en Cali como Depor Fútbol Club, teniendo como representante legal a Gustavo Moreno Arango.

(En contexto: Sigue la pelea en Coldeportes y la Dimayor por las fichas para jugar en la B)

El fallo del Tribunal que condenó a Paternina Revollo a tres años de prisión también ordenó anular las escrituras de estos traspasos, regresando a la vida profesional al Real Sincelejo, al menos en el papel. De acuerdo con la Procuraduría, era responsabilidad de Coldeportes iniciar el proceso administrativo para aclarar la situación de club, cosa que no sucedió antes del 12 de febrero de 2016. Las supuestas faltas disciplinarias que habría cometido el exdirector Botero consisten en que la tardanza en sus funciones permitió que el Depor FC jugara todo el 2015 el Torneo Águila con una razón social que legalmente no existía.

Según la Procuraduría, cuando Coldeportes inició el proceso administrativo, Gustavo Moreno creó un nuevo Depor FC, con el mismo nombre, jugadores y socios, pero un NIT diferente, una movida que fue avalada tanto por la Dimayor como por la Federación Colombiana de Fútbol en el 2016. El pliego de cargos explica que, mediante la resolución 254 del 4 de marzo de ese año, Coldeportes definió la situación del Real Sincelejo, señalando por un lado que el club no había perdido su reconocimiento deportivo, pero que el mismo debía suspenderse un año mientras se aclaraba el entramado jurídico del equipo.

(Le puede interesar: Un sueño llamado Tolima Real)

Contra esa decisión se interpusieron varios recursos, pero, dice la Procuraduría, solo días después y sin estar en firme, Coldeportes emitió la resolución 295 del 11 de marzo de 2016, reconociendo al nuevo Depor FC, que para esa fecha ya se llamaba Atlético Fútbol Club. Igualmente, el equipo fue afiliado a la Dimayor y reconocido por la Federación. Según el Ministerio Público, con esa actuación Botero habría favorecido a Gustavo Moreno, representante legal del equipo, y a la Dimayor, lo que sería una falta gravísima a título de dolo.

En esa falta disciplinaria habría incurrido también Claudia Guerrero Sánchez por aprobar la misma resolución. Mientras tanto, la suspensión del reconocimiento deportivo del Real Sincelejo fue extendido un año más por Coldeportes, en una decisión cuestionada por el equipo en un recurso que tuvo que resolver como directora Clara Luz Roldán. La Procuraduría la cuestiona porque en septiembre de 2017 Roldán consideró que el club no tenía ese reconocimiento vigente y que, por tanto, no podía renovarlo. Para el Ministerio Público, con esa determinación se afectó el principio de la confianza legítima que tenía el club que ya no existe. Los implicados tendrán 10 días para acudir a la entidad, dar sus explicaciones y pedir pruebas.

(Lea también: El autogol de la Dimayor)