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La libertad del exmagistrado Francisco Ricaurte está a minutos de definirse. De acuerdo con la Fiscalía, que lo llamó a juicio en marzo de 2018, el acusado es uno de los pilares del cartel de la toga, una supuesta red a la que congresistas y altos funcionarios recurrían a mediados de la década pasada para negociar fallos ante la Corte Suprema de Justicia. La defensa de Ricaurte, en vehemente contraposición, asegura que solo se trata de un show mediático y que el principal testigo, Luis Gustavo Moreno, es un mentiroso.
En contexto: Ricaurte intenta probar que Moreno se aprovechó de él: Fiscalía en alegatos finales.
El juez del caso, quien tomará una decisión en primera instancia, que puede ser apelada por todas las partes, ha escuchado durante los últimos dos años los testimonios de pesos pesados involucrados con la Corte Suprema de Justicia. Ante su despacho han pasado desde el condenado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción y testigo principal de la Fiscalía, hasta el exmagistrado Leonidas Bustos, quien contradice al ente investigador y también señalado de ser parte de esa red de corrupción. Si el juez desequilibra la balanza del lado de la Fiscalía, Francisco Ricaurte sería el primer y único condenado que no aceptó su responsabilidad y que no se comprometió a colaborar con la justicia.
Luis Gustavo Moreno, testigo estrella de la Fiscalía
El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue condenado en marzo de 2018 a 4 años y 10 meses de prisión, por los delitos de concusión –cuando un servidor público se aprovecha de su cargo para exigir dinero– y por utilización indebida de información privilegiada. La pena de Moreno fue reducida, pues el abogado se declaró culpable desde el principio y se comprometió a ventilar los nombres del cartel de la toga. A favor de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno ha indicado que él y Francisco Ricaurte montaron un supuesto bufete de abogados en Bogotá, donde congresistas y altos funcionarios iban a negociar sus fallos ante la Corte Suprema.
“Dado su carácter de ser uno de los integrantes de esa organización conoció de primera mano lo que hacían los demás. Él recibía poderes, se reunía con los clientes, recibía en algunas ocasiones los pagos, eso le permitía conocer de manera personal y directa los hechos”, explicó la fiscal Claudia Vanegas, en audiencia de alegatos finales el pasado primero de marzo. Entre los clientes estaba, por ejemplo, el excongresista Álvaro Ashton, quien en enero de 2020 reconoció haber pagado $800 millones a Moreno, para que el magistrado suspendido de la Corte Suprema Gustavo Malo -amigo personal de Ricaurte y procesado por estos hechos- le archivara un proceso por parapolítica. Esa situación es desmentida por Malo y Ricaurte.
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Así inculpó Luis Gustavo Moreno a Francisco Ricaurte, en audiencia del 13 de agosto de 2020: “teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí pero el doctor Francisco Ricaurte y el doctor Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), entre otros muchos más funcionarios porque los tenían al servicio de sus intereses personales, no solo de los intereses que eran objeto de corrupción sino para todo tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”.
Antecedentes: “Si hubiera recibido una insinuación, lo denuncio”, testigo en caso Francisco Ricaurte.
Sin embargo, para Juan Sebastián Fajardo, abogado de Francisco Ricaurte, el testimonio de Moreno es una patraña: “para las frases rimbombantes, para lo sonoro que resulta una ‘organización criminal’ que vendía fallos en la Corte Suprema, para eso sí despliegan armas (la Fiscalía). Pero para valorar la totalidad de la prueba, ahí sí no. Ahí sí se le cae la estantería al piso. Moreno es un testigo al que todo le olía mal, pero que no se había dado cuenta que hace rato había perdido el olfato (…) Le pretenden dar validez a un falso testigo, experto en falsos testigos y experto en falsa persuasión, que ha venido a enlodar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia”.
Por otro lado, funcionarios de la Corte Suprema de Justicia como Héctor Casanova, Rafael Calderón y Rafael Montero, todos llamados por la defensa de Francisco Ricaurte, coincidieron que cómo magistrados auxiliares e investigadores de la alta corte nunca escucharon de presiones para tumbar o trabar procesos por parapolítica. “Que un proceso le prescriba a uno significa la muerte jurídica de uno. Ningún proceso puede prescribir en manos mías. La instrucción del doctor (Eugenio Fernández) es que eso no se puede hacer, esa es la consigna del despacho”, dijo Héctor Casanova, auxiliar de la Sala Penal, el pasado 16 de diciembre.
José Leónidas Bustos, una voz desde Canadá
En contexto: Los detalles de la acusación contra Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema.
El expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, es mencionado por Luis Gustavo Moreno como una de las personas que, en asociación con Ricaurte, habría intentado frenar procesos en la Sala Penal de la alta corte, luego de negocios millonarios pactados en el supuesto bufete de abogados. Desde Canadá, a donde se trasladó desde 2018 cuando el escándalo ya había reventado en junio de 2017, Leonidas Bustos apareció en la audiencia virtual contra Francisco Ricaurte, siendo el primer testigo de la Fiscalía en entrar al paredón. El exmagistrado, además, fue llamado a juicio por la Comisión de Acusación de la Cámara por el escándalo del cartel de la toga.
En audiencia del pasado 26 de enero, Bustos aseguró que era prácticamente imposible que en la Corte Suprema se cayera un expediente por dilaciones: “Yo era muy celoso con los términos de prescripción y cada que llegaba un caso a mi despacho le pedía al magistrado auxiliar que registrara la fecha para que no fueran a prescribir, pero jamás conocí un caso de prescripción”. Además, Bustos explicó que nunca supo de Luis Gustavo Moreno, hasta que le compulsaron copias disciplinarias por un proceso relacionado con Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia.
Camilo Ruiz, condenado y en colaboración con la justicia
El exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz era la mano derecha del magistrado Gustavo Malo, quien está suspendido y es investigado por el escándalo del cartel de la toga. Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, por el juicio que enfrenta Malo, Camilo Ruiz aseguró que Luis Gustavo Moreno lo contactó en 2015, porque en su despacho se llevaban un par de procesos contra los exrepresentantes a la Cámara Nilton Córdoba y Argenis Velásquez. Ruiz explicó que, en septiembre de ese año, en un cumpleaños de Ricaurte en Garagoa (Boyacá), Moreno los presentó y los instó a intercambiar números de teléfono.
En contexto: Lo que contó Camilo Ruiz, exmagistrado auxiliar de la Corte, sobre el cartel de la toga.
Luego de diversas reuniones, cuenta Camilo Ruiz, Moreno le habría propuesto un pago de $70 millones para manipular los procesos de Nilton Córdoba y Argenis Velásquez. Ruiz explicó que le entregaron el dinero en dos reuniones: una en el centro de Bogotá, en la que le dieron $20 millones, y otra en Chapinero, en la que le pagaron los $50 millones restantes. La Fiscalía planteó ante un juez que los pagos llegaron a los $400 millones, situación ante la cual Camilo Ruiz se declaró culpable, el 26 de febrero de 2020. El exmagistrado auxiliar se comprometió a colaborar con la justicia y fue condenado a cinco años de prisión.
La versión de Musa Besaile
El excongresista del Partido de la U, Musa Besaile Fayad, quien actualmente está en una guarnición militar en Bogotá, ya se comprometió a contar su historial ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ante el órgano de justicia transicional, el cual lo admitió el 17 de enero de 2020, el exsenador explicará el pago de $2.000 millones que, al parecer a principios de 2015, le habría entregado a Bustos y a Moreno, todo para que le frenaran un proceso por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Besaile dijo que se trató de un caso de extorsión, pues le habrían pedido un total de $6.000 millones y que Ricaurte supuestamente se quedó con parte del botín.
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Entre otras cosas, el excongresista Musa Besaile contará cómo, para adelantar su campaña como candidato a la Cámara, a principio de milenio, se reunió en al menos tres ocasiones con el excomandante de las AUC Salvatore Mancuso. Por otro lado, uno de los abogados de Besaile, Luis Ignacio Lyons, recientemente fue llamado a juicio por la Fiscalía, pues según la teoría del caso el defensor habría pagado $2.000 millones para obtener la prescripción del caso de su cliente. En la operación, cuenta el ente investigador, supuestamente intervinieron Gustavo Malo, Francisco Ricaurte y Luis Gustavo Moreno.