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Con nueve votos a favor se avaló llevar a la Plenaria de la Cámara de Representantes el escrito de acusación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub por el presunto ofrecimiento de 500 millones de pesos para favorecer la selección y estudio de una acción de tutela presentada por la empresa Fidupetrol S.A. en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenaba el pago de una multa de 22 mil millones de pesos.
En la sesión celebrada en las últimas horas se decidió apoyar el escrito hecho por el representante Julián Bedoya que considera que existen elementos materiales y documentales que permiten inferir que el magistrado incurrió en el delito de concusión, es decir la solicitud u ofrecimiento de dinero para favorecer o beneficiar a un particular.
En el escrito de 116 páginas se le da validez al testimonio del abogado Víctor Pacheco Restrepo quien aseguró que fue contratado por la fiduciaria para que influenciara ante los magistrados para que seleccionaran esta acción de tutela. En abril del presente año el entonces magistrado Mauricio González Cuervo denunció a Pretelt por pedir 500 millones de pesos para favorecer los intereses de Fidupetrol.
La Plenaria de la Cámara de Representantes se definirá si existen méritos para acusar formalmente al magistrado ante la Plenaria del Senado de la República. González le dijo a la Comisión de Acusación que su colega Pretelt había utilizado su nombre para pedir dádivas y que se había enterado luego de que otro de los magistrados, Luis Ernesto Vargas Silva, le mostrara una grabación de Víctor Pacheco –hoy investigado por estos hechos– confesándole las irregularidades.
Ante la Comisión de Acusación llegaron a declarar los magistrados de la Corte Constitucional Mauricio González, Luis Ernesto Vargas Silva, Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, María Victoria Calle Correa y Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Ver El escrito de acusación contra Jorge Pretelt)
Asimismo, fueron llamados el abogado Pacheco; varios socios de Fidupetrol, entre ellos el presidente de la época, Abel Guillermo Caballero y el máximo accionista, Hélber Otero, hoy preso; el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, quien es investigado por, presuntamente, realizar gestiones irregulares a favor de la sociedad; y el conductor y el jefe de escoltas del magistrado Pretelt.