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Para el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, los presuntos delitos cometidos por el líder de la exguerrilla de las Farc, Jesús Santrich, fueron cometidos después del 1° de diciembre de 2016, fecha en la cual entró en vigor el acuerdo final de paz. “Yo he leído el acuerdo y dice que los delitos cometidos con posterioridad al 1° primero de diciembre de 2016 son sujetos a la jurisdicción regular, incluyendo la extradición. Estamos hablando de un delito con posterioridad”, precisó Whitaker en las últimas horas. (Le poría interesar: Fiscalía pide ser el organismo que resuelva solicitudes de "Jesús Santrich")
El embajador igualmente manifestó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe enfocarse en su trabajo y que cualquier otra intervención de ese tipo no es consistente con lo establecido entre las Farc y el Gobierno. “La JEP debe enfocarse solo y exclusivamente en esta parte, cualquier otra intervención, como las que se han visto hasta el momento, no son consistentes con el acuerdo. No con lo que se ha establecido para la JEP”, le dijo el embajador a CM&.
El exlíder guerrillero, quien fue miembro del equipo negociador del acuerdo de paz con el Gobierno, fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol a petición de las autoridades de los Estados Unidos, que lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las Farc firmaron el acuerdo de paz. Precisamente, su captura produjo un choque de trenes entre la Fiscalía y la JEP. (Lea también: Procuraduría pide a la JEP revocar la suspensión de la extradición de "Santrich")
Mientras el ente investigador dice que decisión de avocar conocimiento por parte de la Sección de Revisión del Tribunal “desborda el ámbito de competencias de dicha extradición, desconoce la naturaleza de extradición y se entromete indebidamente en las que le corresponden a la jurisdicción ordinaria”, la JEP se rige por el Acto Legislativo que fue aprobado el año pasado, en el cual especifica que es su función establecer si, en caso de que un exintegrante de las Farc sea pedido en extradición, los hechos en cuestión corresponden a delitos cometidos antes o después de haber firmado el Acuerdo de Paz. Por eso, la Fiscalía le pidió a la Corte Constitucional que resuelva ese conflicto de competencias.
La Procuraduría también se sumó a la decisión tomada por la JEP. “Para nosotros resulta muy complicado aceptar una decisión que desconozca a la Procuraduría porque eso es desconocer los derechos de las víctimas, lo que justifica nuestra acción ante la JEP”, precisó el procurador, Fernando Carrillo, quien, además, explicó que aunque reconoce la competencia de ese sistema de justicia transicional, la decisión de suspender dicho tramite será difícil de aceptarlo constitucionalmente.