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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “enérgicamente” el asesinato de Bernardo Cuero, defensor de derechos humanos y líder af. El crimen fue perpetrado por dos hombres en motocicleta el pasado 7 de junio en Malambo, Atlántico. Cuero participó en el 149º Periodo de Sesiones de la CIDH en 2013, donde denunció la situación de riesgo y hostigamiento que los líderes sociales están siendo sometidos en Colombia. Asimismo, presentó información sobre la falta de protección que recibían por parte del Estado.
Bernardo Cuero se desempeñaba como Fiscal Nacional de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y representante legal de la Asociación de Desplazados por Vivir de Malambo (Adevim). Bernardo Cuero fue víctima de desplazamiento forzado en el 2000 cuando tuvo que abandonar Tumaco (Nariño) después de ser perseguido por grupos paramilitares. Desde entonces, fue amenazado y también en varias ocasiones lo intentaron asesinar. La CIDH expresó su preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos afrocolombianos.
No obstante, la información recibida por la Comisión señala que en 2016 la Unidad Nacional de Protección (UNP) llevó a cabo un análisis en el que señaló un nivel de riesgo “ordinario” respecto a Cuero, suspendiendo las medidas de protección que se le otorgaron en 2013. La CIDH ha señalado en reiteradas ocasiones la especial gravedad de los efectos del conflicto armado sobre la población afro en Colombia. El 2 de noviembre 2016, la CIDH condenó el aumento de asesinatos de defensoras y defensores derechos humanos y notó con preocupación que los líderes afro colombianos “están sujetos a una mayor vulnerabilidad frente a esta violencia”.
La Comisión le pidió al Estado a que investigue el asesinato de Cuero con debida diligencia y a que enjuicie y castigue a los perpetradores de este crimen. Además, el Estado debe adoptar medidas urgentes de protección para los miembros de Afrodes y familiares del líder social que estén en riesgo. A su vez, pidió que se implementen de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana, y reforzar la protección de todos los defensores y de los derechos humanos en el país.