CIDH otorga medidas cautelares a favor resguardos indígenas en Putumayo

AFP

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del Pueblo Indígena Siona, en el departamento de Putumayo. Al tomar la decisión, el pasado 14 de julio de 2018 –pero solo conocida hasta hoy– la comisión tomó en cuenta que este, según los solicitantes, se encuentra en “proceso inminente de exterminio”.

La Comisión valoró las medidas de protección informadas por el Estado y detalló que los solicitantes informaron sobre eventos de riesgo ocurridos este año, entre los que se encuentran amenazas, intimidaciones, ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos armados, limitaciones de libre desplazamiento y la presencia de actores armados que buscarían consolidar sus actividades ilícitas en los resguardos.

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“La Comisión notó que, según los solicitantes, existirían minas antipersonales u otros artefactos explosivos en la zona y los miembros de los resguardos estarían limitados por actores armados a realizar sus actividades en determinados horarios e imposibilitados de realizar actividades culturales y obtener libremente bienes de subsistencia o alimentos”, precisó la entidad por medio de un comunicado. 

Igualmente, la CIDH tomó en cuenta la relación “intrínseca” entre los pueblos y su territorio, como base fundamental de su cultura, vida, integridad y supervivencia. Esto, según la Comisión, que se ve afectada por la falta de acceso de los resguardos a varias zonas de la región quedando expuestos a condiciones precarias y vulnerables. “Dicha situación tendría un especial impacto en las autoridades Siona, quienes se verían impedidas de cumplir con el mandato otorgado por su pueblo, según sus propias normas, estando expuestos por su liderazgo y visibilidad a diversos eventos de riesgo”, detalló la Comisión. 

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Sumado a esto, de acuerdo con los solicitantes, se estaría reclutando jóvenes indígenas a grupos armados, con lo cual la Comisión consideró podría colocar a los indígenas Siona en una especial situación de riesgo. Así las cosas, CIDH solicitó al Estado que adopte medidas para salvaguardar la vida e integridad personal de las autoridades Siona identificadas y las familias de los resguardos.

Asimismo, la CIDH pidió otorgar medidas de protección culturalmente adecuadas para que las autoridades identificadas y las familias de los resguardos puedan vivir de manera segura en su territorio. “El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”, concluyó la CIDH.