En el Cesar

CIDH señaló que Fuerza Pública fue cómplice en crímenes contra la familia Omeara en Aguachica

La representante del organismo interamericano concluyó que los crímenes perpetrados dentro de este caso demuestra la convivencia entre el grupo paramilitar y los agentes estatales.

Los comisionados de la CIDH alegaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se trató de un crimen en alianza con paramilitares y policías.Cortesía CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que el estado colombiano es responsable por la complicidad de la Fuerza Pública en un atentado realizado por paramilitares contra un ganadero y los actos de tortura hacia su hijo en 1994. La CIDH indicó en audiencia ante la Corte IDH que los hechos se dieron en un contexto que evidenció cómo el conflicto armado interno colombiano provocaba daños a la población civil, en este caso, en Aguachica (Cesar).

Los hechos se remontan al 28 de enero de 1994 cuando José Sepúlveda Saravia, secretario privado del alcalde de ese municipio por el partido político Movimiento de Acción Comunitaria (MAC), se dirigía a almorzar al restaurante San Roque, ubicado cerca al edificio de la alcaldía municipal y las sedes de la fuerza pública, las Unidades Antisecuestro y Extorsión (UNASE), y del DAS. En ese recorrido se encontró con Noel Emiro Omeara Carrascal, un ganadero de la región quien le dijo querer resolver un problema de impuestos. En respuesta a este pedido, Sepúlveda lo invitó a almorzar. Mientras discutían el asunto, un grupo de hombres armados entraron al restaurante y mataron a Sepúlveda e hirieron a Omeara, quien fallecería seis meses después del atentado.

Al mes de la muerte de Omeara Carrascal, el 26 de agosto de 1994, su hijo Manuel Guillermo Omeara, quien buscaba por su propia cuenta ratificar quienes eran los responsables de la muerte de su padre, fue desaparecido, torturado y ejecutado extrajudicialmente. Sus restos fueron rescatados el 23 de septiembre de 1994. Dos meses después de la desaparición forzada de Manuel Guillermo y un mes después de que se encontrara su cadáver, su suegro, Héctor Álvarez Sánchez, entraba a su casa con su nieta de cinco años, Claudia Marcela Omeara Álvarez, cuando fue víctima de un atentado por dos hombres armados a bordo de una motocicleta. Héctor Álvarez fue uno de los declarantes en la apertura de la investigación sobre el homicidio de su yerno. Aunque no murió inmediatamente después del atentado, quedó parapléjico, sin facultades para hablar.

"La Comisión analizó que este contexto (de violencia) se replicó en la zona y época en que ocurrieron los hechos de este caso, lo que llevó a concluir en cada uno de los casos la convivencia entre el grupo paramilitar y los agentes estatales", expresó en los alegatos finales la representante de la CIDH, Silvia Serrano. En sus alegatos el Estado reconoció los hechos y aseguró que ha trabajado en la investigación del caso, pero negó que haya existido complicidad policial. "El caso se ha visto afectado por contradicciones de los declarantes, fallecimientos de los presuntos responsables y se ha hecho compleja la investigación. Pero no se ha determinado la participación de agentes del Estado en ninguno de los tres casos. Las indagaciones llevadas a cabo no sustentan la participación de agentes", expresó el representante del Estado colombiano.

Por su parte, los representantes de las víctimas indicaron que en 1994 se produce esta "masacre", en la cual murió el padre, su hijo y su suegro, éste último en manos de paramilitares y agentes del Estado que, según los voceros de los Omeara, abusaron de su poder. “Él (Noel Emiro) quedó impedido y a los seis meses murió, pero le contó a su hijo que había reconocido a los que habían actuado en su contra. La evidencia es abundante de la presencia de militares y paramilitares. Además de una tragedia familiar hay una impunidad enorme, pero también de persecución política, no solo contra la familia Omeara", afirmó el abogado de los representantes de las víctimas, Gustavo Gallón y director de la Comisión Colombiana de Juristas.

Actualmente, según los abogados defensores, dos de los ejecutores del crimen forman parte de la Fuerza Pública de Aguachica. Según Gallón, han existido dificultades procesales, sin embargo, en el municipio continúan viviendo los perpetradores de estos asesinatos, y por lo tanto pidieron medidas de protección para algunas personas que viven con miedo. Tras la audiencia, las partes involucradas tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la Corte IDH y luego los jueces dictarán un fallo.

Nota de la editora: En la primera versión de este artículo, su titular decía: "CIDH señaló que la Policía fue cómplice en los crímenes que sufrió la familia Omeara en Aguachica". El título se corrige para aclarar que la Policía no fue la única autoridad que señaló la CIDH. En estos crímenes, también habrían participado agentes del DAS y miembros del Ejército.