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Una decisión de un organismo internacional parece abrirle una luz al exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Los abogados del exfuncionario público dieron a conocer que el martes pasado fueron informados que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con ponencia de Sarah Cleveland de origen estadounidense, emitió un "pronunciamiento a favor de Andrés Felipe Arias Leyva, luego de un proceso iniciado desde el 11 de agosto de 2014”.
En el comunicado de la firma de abogados Víctor Mosquera Marín se explica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU “ha fallado en contra del Estado colombiano” por la violación de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias, y en especial, dice el documento, “de su derecho a la doble instancia y la afectación grave y desproporcional de sus derechos políticos por condenarlo a inhabilidad perpetua”.
En julio de 2014 la Corte Suprema sentenció a Arias a 17 años y cuatro meses de prisión por las irregularidades que rodearon la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Aunque el alto tribunal lo pidió en extradición desde el 27 de agosto de ese año y la embajada de Colombia en Washington presentó el 21 de noviembre oficialmente la petición, ésta aún no se ha resuelto. Ante esto, la Corte Suprema decidió insistir nuevamente en el pedido de extradición.
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Para la firma de abogados Víctor Mosquera Marín esta nueva decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU "abre un camino de luz y esperanza para que se haga justicia en el caso de Andrés Felipe Arias". El dictamen del Comité de Derechos Humanos señala que en este caso sí hay una violación del Pacto Internacional de Derechos Políticos debido a la falta de doble instancia al momento de ser condenado y en materia de los derechos, a votar y a ser elegido. En ese sentido señaló que, "el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados".
"El Estado también tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, incluyendo la revisión de su legislación con el fin de garantizar que cualquier restricción de los derechos a tener acceso a la función pública y a ser elegido, sea razonable y proporcional y basada en una evaluación individualizada de cada caso", agrega el documento. Cabe recordar que en el momento en que Arias fue condenado en el país no había doble instancia para aforados constitucionales por lo que, según la Corte Suprema de Justicia, en estos casos no es posible apelar el fallo. Sin embargo, este año arrancó a funcionar la sala de primera instancia en el alto tribunal.
En documento completo conocido por El Espectador, el Estado responde ante el dictamen de la ONU que la pena que en su momento se impuso al exministro, fue abalada por lo que dicta ley. “La pena impuesta al autor por la CSJ (Corte Suprema de Justicia) no es desproporcional ni responde a criterios discrecionales sino a la aplicación de las pautas que la ley impone para la individualización de la pena, conforme la CSJ detalló en su sentencia”, agregó la Nación.
De igual forma, el Estado señaló que la petición de Arias en la que alega ser víctima de una violación por parte del Estado “presenta una exposición de los hechos distorsionada, parcial e inexacta, así como juicios de valor e interpretaciones parciales de fundamento de derecho”. Asimismo, recalcó que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Políticos, como en otros tratados de derechos humanos, “no se deduce un mandato a establecer la doble instancia en los procesos penales relativos a altos funcionarios aforados”.
Sin embargo, el Comité, en su deliberación en la que tuvo en cuenta la posición del Estado y del propio Arias, explicó que la medida de detención preventiva que en su momento se le impuso al exministro “no estaba justificada” y las solicitudes de revocatoria de esta medida “fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Bogotá”.
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Arias Leyva fue hallado responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos en la celebración de los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Al tiempo, se le impuso una multa de 50 mil salarios mínimos (unos $30.800 millones aproximadamente).
Desde el 7 de julio de 2014, Arias pidió asilo político en Estados Unidos, país en donde vivió en libertad hasta agosto de 2016. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2017 el juez federal estadounidense, John O'Sullivan, avaló la extradición del exministro de Agricultura y ordenó su detención. Ante esto, su defensa presentó en octubre de 2017 un habeas corpus dirigido al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions; al entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, y al jefe del centro de detención de Miami, Robert Wilson. Hasta el momento, esa petición no se ha resuelto y Arias sigue detenido. (Le puede interesar: Jueza de EE.UU. dice que Andrés Felipe Arias no debe estar en libertad)
De acuerdo con la firma de abogados de Arias, el exministro debería quedar en libertad y el Estado colombiano deberá "empeñarse a fondo para que la administración de justicia, y en especial la Corte Suprema, vuelvan a ser dignas de la confianza ciudadana".