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Desde que renunció el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el pasado 15 de mayo, el país está a la espera de la terna que el presidente Iván Duque debe enviar a la Corte Suprema para que se escoja al nuevo jefe del ente investigador. Duque dejó claro que no la enviará hasta que se llenen las vacantes que hay en el alto tribunal y decidió tumbar un decreto que lo obligaba a elegir la terna a partir de una convocatoria pública. El Espectador conoció que cuando el presidente tumbó la norma, expertos y juristas le enviaron dos derechos de petición para saber cómo elegiría a sus candidatos.
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Duque tumbó el procedimiento de elección de fiscal general, que estaba establecido desde 2016, el pasado 5 de julio. Con la firma del decreto 1163, el presidente derogó una norma ideada por el expresidente Juan Manuel Santos, el decreto 450 de 2016, que establecía una convocatoria pública para que, según él mismo, la elección fuera más transparente.
Según se lee en el decreto de Duque la “atribución” para elegir la terna “es una competencia exclusiva y autónoma”, y no debería ser modificada “ni sometida a reglas distintas de elección”, como aseguran que ocurría con el decreto de Santos, que además califican de inconstitucional.
Preocupados por las implicaciones de la decisión del gobierno, investigadores y abogados le enviaron un derecho de petición a Presidencia. En el recurso, preguntaban, entre otras cosas, qué normas entraban a regir ahora que el decreto del gobierno Santos se caía y cómo tenían pensado conformar la terna. Básicamente, cuál sería el procedimiento para elegirla, ahora que no habría convocatoria pública, ni una lista abierta al escrutinio, ni la recepción de comentarios de la ciudadanía sobre los candidatos.
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La primera respuesta que conoció este diario fue firmada por la secretaria privada del departamento administrativo de presidencia el 2 de julio de este año y solo responde que, en efecto, el decreto de Santos se derogó, con lo cual “no tiene vigencia”. Después, el documento procede a citar el decreto con el que Duque tumbó el procedimiento de elección y cita el oficio del 21 de mayo —apenas seis días después de la renuncia del exfiscal Martínez— en el que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le pide “comedidamente” al presidente que les envíe la terna.
No contentos con la respuesta, los académicos enviaron un nuevo derecho de petición en el que las preguntas fueron más al detalle. Por ejemplo, preguntaban: “¿Cuál va a ser el procedimiento que va a seguir y los mecanismos que utilizará para asegurar que, en su calidad de presidente, la conformación de la terna de candidatos para el cargo de fiscal general de la nación cumpla con los principios de transparencia, publicidad, imparcialidad e igualdad?”.
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En Presidencia les respondieron el 2 de agosto de 2019, de nuevo citando todas las normas que rodean el procedimiento de elección del fiscal, a lo que señalan que “es claro que existe una regla de procedimiento especial de la manera como debe llevarse a cabo la elección”. Para el gobierno, como la elección de la terna es una competencia del presidente, él la debe ejercer “según su propio criterio”.
A la pregunta directa de qué garantías de transparencia habría ahora que el decreto de convocatoria pública se cayó, el gobierno respondió: “El propósito del presidente de ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución Política y a la ley, es lo que permite garantizar que la terna sea integrada con personas de reconocida trayectoria profesional y académica, probidad, imparcialidad e independencia”.
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Aunque los investigadores habían pedido conocer también “los nombres de las personas cuyas hojas de vida está considerando el presidente” para la terna a fiscal, el gobierno se negó. En la respuesta que conoció este diario aclararon que “el procedimiento dispuesto en la Constitución y en la ley para la elección de ese funcionario no contempla un trámite previo relacionado con la consideración y publicación de los aspirantes a la conformación de la terna, por lo que en estricto sentido no es deber del presidente dar a conocer los nombres de los posibles candidatos a integrarla”.
Por ahora, sin embargo, los nombres más sonados, que conformarían la terna, son: Clara María González, actual secretaria jurídica de la Casa de Nariño; Miguel Ceballos, quien por estos días es el alto comisionado para la paz, y Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, quien, además, fue compañero del presidente Duque en su pregrado de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda