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El Consejo de Estado ordenó a la Nación y a la Fiscalía General pagarle $11 millones a Luis Alberto Roa Cárdenas, quien estuvo sindicado de ser uno de los autores materiales del magnicidio del líder del partido Liberal, Luis Carlos Galán, quien murió en plena campaña presidencial el 18 de agosto de 1989. Asimismo, el alto tribunal le ordenó pagarle un poco más de $6 millones a cada uno de sus hermanos y a sus padres
La demanda de los familiares Roa Cárdenas fue interpuesta en 1999, tres años después de que en Bogotá la Fiscalía lo vinculara a la investigación que se abrió para esclarecer el homicidio de Galán. Según señaló la Fiscalía en esa época, Roa Cárdenas hacía parte de un grupo de sicarios que seguía las órdenes del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias el Mexicano. Además, aseguró la Fiscalía, tenía vínculos con los paramilitares y había participado en el atentado contra el edificio del DAS en 1989.
En la noche del 5 de mayo de 1997, la Policía capturó a Roa Cárdenas en Simití (Bolívar) y el 7 de mayo lo envió la cárcel Modelo de Bucaramanga. Tan solo nueve días después, el 14 de mayo, la Fiscalía regional lo dejó en libertad. La razón: se trataba de un homónimo. La Fiscalía se dio cuenta de que el capturado no era militar, tampoco estaba casado ni tenía 32 años -el detenido tenía 20 años-, como indicaron los testigos que declararon contra un “tal sargento Roa”. El problema apareció porque el número de cédula del capturado era igual al número de la cédula militar del verdadero sindicado.
Así fue como las autoridades entendieron que a quien en realidad estaban buscando era un exsargento segundo del Ejército que tenía el mismo nombre que el capturado. ese militar, señalaron las investigaciones, estaría vinculado al asesinato del líder de la Unión Patriótica Teófilo Forero, en febrero de 1989. Según lo que había establecido la Fiscalía, el sargento Roa había abandonado el batallón de Policía Militar No. 15 meses antes de la muerte del líder de la UP.
En 2010, en una primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander falló en favor de la familia Roa Cárdenas y declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía. Dijo que el solo hecho de haberlo capturado para indagatoria ya constituía una violación a su derecho a la libertad. La Fiscalía apeló el fallo, argumentando que había resuelto la situación jurídica de Luis Alberto Roa Cárdenas “en el menor tiempo posible”.
El Consejo de Estado argumentó su decisión basándose en que la Fiscalía no constató con rigurosidad los antecedentes y pruebas antes de comprometer a Roa Cárdenas por los hechos de los que se le acusaron. El alto tribunal señaló que se cometieron errores al no contrastar los datos de los dos ciudadanos y lo que hacían para la época de los hechos.