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El Consejo de Estado le abrió una indagación preliminar al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado por un presunto plagio que se habría presentado en la ejecución del programa institucional “Soy correcto, no corrupto”, lanzado en abril de 2014. El alto tribunal recolectó la práctica de pruebas para determinar si el jefe del Ministerio Público incurrió en un abuso de autoridad consistente en la vulneración de los derechos de autor.
Según la queja presentada ante el tribunal de lo contencioso administrativo, la Procuraduría General no le dio crédito por la idea que presentó. El Consejo de Estado establecerá si el Procurador General incurrió en la citada falta disciplinaria, “y comprobar si el servidor público actuó al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad, se procede de apertura a la etapa de indagación preliminar”.
En el documento revelado se indica que la demandante argumentó que su idea fue plagiada puesto que no se le dio en ningún momento reconocimiento por “su idea, propuesta y metodología”, hecho por el cual se debe investigar al Procurador General de la Nación puesto que incurrió en una irregularidad y una falta a la Constitución Política.
“No puede decir el señor Procurador que ¿dónde fue el plagio? Él lo sabe, lo ejecutó, lo evidenció, o que demuestre quién fue el inmoral que abusó de su personalidad y de su imposición de legalidad sin culturizar sin la debida observación y el debido proceso de la frase cultura de la legalidad”, precisa uno de los apartes de la queja presentada hace alginos meses ante el Consejo de Estado y la Fiscalía General.
La Procuraduría General manifestó que la ejecución de dicha campaña fue adelantada por una empresa que resultó beneficiada con el contrato. La misma fue la encargada de realizar el eslogan, el logo, la imagen que fueron utilizados en la campaña institucional.
En una comunicación la Procuraduría General indicó que la empresa Raquel Sofía Amaya Producciones & Cia Ltda. fue la seleccionada para la ejecución del contrato contrato 179 – 166 de 2013 que tenía como objetivo implementar el componente de sensibilización y comunicación de la estrategia de la cultura de la legalidad y la integridad.
El contratista diseñó: “El concepto creativo general con su debida justificación, teniendo en cuenta el alcance local inicial y la proyección nacional.”, “El eslogan, el logo y la imagen utilizables en todos los componentes de la estrategia local y nacional (...) El manual de uso para todas las piezas y productos que hagan parte de la estrategia”.
Según uno de los apartes del convenio contractual "los derechos patrimoniales serán titularidad de la Procuraduría (lo anterior de conformidad con la ley 23 de 1982 y sus modificaciones - Ley 1520 de 2012). Debido a esto el eslogan -motivo de la polémica- fue presentado por el equipo creativo de la firma contratista.
"quienes tenían la obligación de preservar y proteger los derechos patrimoniales conforme a lo establecido en la normatividad vigente".