El Consejo de Estado admitió la demanda de repetición interpuesta por la Fiscalía General en contra del exjefe del ente investigador, Mario Iguarán Arana, después de que el organismo pagara más de 60 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a un funcionario del CTI que fue destituido.
La Fiscalía fue condenada a pagar esa suma de dinero en una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia avalando los argumentos por daños y perjuicios al funcionario que llevaba trabajando 13 años en el Cuerpo Técnico de Investigación.
El Tribunal encontró que hubo una desviación del poder del funcionario en la decisión de declarar insubsistente el funcionario, pues no motivó la medida, lo cual constituyó causal de culpa grave.
Adicionalmente, se demostró que la oficina de control interno había archivado la investigación en su contra, la cual se inició por anónimos en los que se afirmaba que tanto el demandante como otros funcionarios de la entidad vendían información. Pese a que no se demostró nada se dio su retiro del cargo.