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“La mujer guerrillera es educada en la promiscuidad y se hace claro que la sexualidad es palanca para acomodarse, conseguir influencia, dinero y poder. Son fuente permanente de disputas en el mando, siendo muchas veces el pretexto de rivalidades en las direcciones (…) Las mujeres pasan a ser trofeos y símbolos del poder que se ostenta o desea. Disputarse la mujer del otro es norma”. Esta es una de las conclusiones de la Fiscalía luego de documentar centenares de expedientes que orbitan alrededor de la violencia sexual en las Farc. Este lunes El Espectador publicó 12 crudos relatos de exguerrilleras que le contaron a la justicia cómo fueron abusadas por sus compañeros en armas u obligadas a abortar, tal como lo estipulan las normas de guerra de la insurgencia. (Ver Relatos de violencia sexual en las Farc)
En el proceso adelantado por fiscales de Justicia y Paz contra Helí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, la justicia pudo establecer los contextos necesarios para evidenciar el delito que, quizá, ha sido más difícil de investigar en 52 años de conflicto: la violencia sexual. Tal como lo reportó este diario el pasado 7 de noviembre, la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía elaboró un reporte de 243 páginas sobre los crímenes del Bloque Oriental de las Farc entre 1998 y 2014. El informe, además de consignar las historias de estas desmovilizadas, también trata de explicar por qué muchas menores terminaron empuñando fusiles u oficiando como milicianas. En muchos casos se pudo establecer que sus ambientes familiares estaban rotos y que terminaron arrastradas al torbellino de la violencia por falta de oportunidades.
“En las narrativas expuestas por las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento por las Farc, se puede observar que uno de los factores que insta su reclutamiento se debe al componente familiar, donde la menor experimenta circunstancias tales como la descomposición e ingreso de nuevos agentes a su núcleo familiar, la desprotección parental, así como la presencia de violencia física, verbal y sexual. Estos son elementos que se constituyen como factores determinantes para que las mujeres, niñas y adolescentes opten por su incorporación en el grupo armado”, resaltó la Fiscalía. Una menor que entró a la guerrilla a los 14 años contó, por ejemplo, que su madre había muerto y que su hermana le pegaba. En medio de ese ambiente hostil –dijo–, alias Mandela, integrante de la columna Arturo Ruiz, le ofreció mejor vida en la guerrilla. Se fue monte adentro el 13 de junio de 2013 con el frente 28.
El informe asegura que la pobreza también ha determinado la incorporación de muchas niñas a la guerra, tal como ellas mismas lo confesaron ante distintos fiscales. A lo que se suma un escenario poco estudiado: el ingreso de menores persiguiendo el primer amor. Tras evaluar varios relatos de estas víctimas, la Fiscalía concluyó, citando un estudio de la Corporación Vínculos, que estas mujeres sufren de hondas “carencias afectivas” en sus entornos, situación que han aprovechado los grupos insurgentes para garantizar el éxito del reclutamiento, “con el único objetivo de enamorar o de conquistar a su víctima bajo la promesa de poder estar juntos y reafirmar esos lazos de afecto”. Para los fiscales de la Dirección de Análisis y Contexto, no hay duda alguna sobre el impacto que provocó en estas niñas su reclutamiento.
“Las mujeres, niñas y adolescentes que han sido reclutadas por las Farc y, en particular, por las diferentes estructuras del Bloque Oriental, se han visto sometidas a presenciar actos que atentan contra su integridad personal y libertad sexual”, se lee en el reporte. Abortos obligados, legrados con mentiras, acoso sexual y hasta la imposición de métodos de planificación para evitar parir en la manigua fueron algunas de las situaciones padecidas por las menores entrevistadas. “Son innumerables los actos que se originan en las filas de la subversión y que dan cuenta sobre esta realidad, en la cual el hombre ha perdido la sensibilidad y el reconocimiento de la mujer para que ella sea la encargada de satisfacer sus necesidades sexuales, siendo sometidas a desarrollar actos que pueden desencadenarse en prostitución o esclavitud sexual”, añade el reporte.
“Tenía 16 años ya cumplidos. En esa unidad, los comandantes nos obligaban a tener relaciones sexuales con ellos. No nos amarraban, pero sí hacían un trabajo sicológico muy fuerte”, confesó una de la niñas a la Fiscalía. En ese contexto, para los investigadores es claro que hay una complicidad de los comandantes y superiores para que este tipo de prácticas sea permitido en la guerrilla. Muy a pesar de que el reglamento disciplinario de esa organización ilegal señala expresamente: “El acto de violación sexual es considerado delito al interior del movimiento”. Es decir, aunque las Farc sancionan este tipo de conductas, las mismas ocurren una y otra vez en medio del fragor de la guerra. De ahí que las niñas interrogadas confesaran sentimientos de abandono, humillación, torturas y soledad. Saben ellas que sus cuerpos quedaron marcados para siempre.
Otro de los ítems analizados fue el aborto. Con el fin de controlar la natalidad, siempre en contravía de sus planes políticos y militares, en su octava conferencia, en 1993, el Secretariado impuso esa directriz. En el computador del jefe guerrillero Édgar Tovar se lee, por ejemplo, la siguiente orden perentoria: “En las Farc es obligatoria la planificación familiar. La conferencia recomienda el uso del anticonceptivo Norplant, salvo prescripción médica autorizada”. En documentos de la guerrilla se muestra que las diferentes estructuras del Bloque Oriental hacían “campañas de sanidad” que incluían condones, cremas vaginales, ampolletas anticonceptivas y, cómo no, pruebas de embarazo. “Se puede observar que la aplicación de estas conductas niega la autonomía que tiene la mujer sobre la esfera de la sexualidad y la reproducción”, se sostiene en el reporte conocido por El Espectador.
Alias Martín Sombra, el llamado “carcelero de las Farc”, lo contó sin rodeos en la Fiscalía: “Todos los frentes tienen su rubro de salud. Los comandantes de frente son los responsables de la planificación de las mujeres que hayan allí y el que no cumpla es sancionado”. Aunque , como toda regla, la excepción sólo para favorecer a los de arriba: la justicia documentó que varios comandantes sí les permitieron a sus compañeras en la selva tener a sus hijos. En la narración de las víctimas se hace alusión constante a las difíciles condiciones de asepsia y salubridad en la selva. “Estas prácticas demuestran el terror experimentado por las mujeres ante la presencia de actores armados en los designios de su integridad física, ya que esta forma de dominación y control sobre la vida de las mujeres exacerba la calidad que impera el sistema patriarcal, sustentado en el dominio y el poder que genera la violencia masculina contra las mujeres”, remató el informe judicial.
Por último, la Fiscalía determinó que, entre 1998 y 2014, el Bloque Oriental reclutó a 326 menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 17 años. Un informe que tenía como destino la Justicia Especial para la Paz –creada para acabar el conflicto y hoy en el limbo por cuenta del No en el plebiscito–, pero que ahora deberá esperar a que la política destrabe los limbos de la justicia.