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"Cuando tocan la sangre de uno eso no se olvida"

Este año se cumplen 26 años de la masacre que dio inicio a la era del paramilitarismo en el Magdalena Medio.

Diana Alejandra Cortés Gaitán
23 de septiembre de 2013 - 10:52 a. m.
Monumento a los 19 comerciantes víctimas de la desaparición forzosa en 1987. /Cortesía de la Comisión Colombiana de Juristas.
Monumento a los 19 comerciantes víctimas de la desaparición forzosa en 1987. /Cortesía de la Comisión Colombiana de Juristas.


Después de 26 años de espera, los familiares de los 19 comerciantes desaparecidos por paramilitares en complicidad con presuntos miembros del Ejército en Cimitarra (Santander), podrán cerrar un ciclo de su duelo. Y es que en 1987, el 6 de octubre, 17 comerciantes salieron desde Cúcuta hacia Medellín trasportando mercancías para venderlas. En la tarde, pasaron por el caserío de Puerto Araujo, donde fueron requisados por miembros de las Fuerzas Militares. Esa fue la última vez que oficialmente se supo de su paradero. Según el expediente, fueron retenidos por miembros de un grupo paramilitar que operaba en Puerto Boyacá, cerca de la finca El Diamante, de propiedad de Henry de Jesús Pérez Durán, uno de los promotores de las autodefensas en el Magdalena Medio.

Esa noche el referido grupo dio muerte a los comerciantes. Los descuartizaron y lanzaron sus cuerpos a las aguas del caño El Ermitaño, afluente del río Magdalena, frente al sitio Palo de Mango. Quince días después del hecho, Juan Alberto Montero Fuentes –cuñado de Víctor Manuel Ayala Sánchez– y José Ferney Fernández Díaz salieron en búsqueda de los desaparecidos. Cuando se encontraban realizando dicha labor, corrieron la misma suerte. Sus verdugos fueron los mismos. Por eso este expediente fue conocido como el crimen de los 19 comerciantes.

En 1996, por primera vez en la historia de Colombia, la justicia ordenó capturar a un general del Ejército. Farouk Yanine Díaz, se había retirado hacía tres años de las Fuerzas Militares, cuando le notificaron que por orden de la Fiscalía había sido vinculado al proceso. Junto a él se les alcanzó a ordenar la detención preventiva al teniente coronel Hernando Navas Rubio, el mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el sargento Otoniel Hernández Arciniegas. Ninguno de ellos, sin embargo, resultó condenado. De hecho, hace pocos años un fiscal de derechos humanos llamó nuevamente a indagatoria al general Yanine Díaz, pero una enfermedad terminal impidió que fuera escuchado por la justicia. Finalmente falleció.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su sentencia del 5 de julio de 2004: "En la época de los hechos de este caso, el referido grupo paramilitar que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los batallones de dicha zona. Los paramilitares contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y en la comisión de los delitos en perjuicio de éstas".

Entre las medidas de reparación decretadas en su sentencia, la Corte Interamericana ordenó la construcción de un monumento creado por el Estado en memoria de las víctimas. La obra del artista Juan Areaza fue terminada en 2010. Sin embargo, la entrega oficial del monumento por parte del Estado se hizo hasta hoy 20 de septiembre. Tras una lucha constante de los familiares, el Estado acató la orden de la Corte y realizó este monumento que pretende ser un símbolo para las personas que un día se marcharon y no regresaron a sus hogares.

Según la versión de los familiares, en un principio el monumento fue sustraído arbitrariamente del taller del artista y durante un buen tiempo estuvo perdido, nadie sabía dónde estaba. Ante la presión de los allegados de las víctimas, el Ejército dijo que el monumento se encontraba una bodega de la V Brigada en Bucaramanga. Fanny Corzo, hermana de Reinal Corzo García, uno de los 19 comerciantes que fueron víctimas, le dijo a El Espectador que en ese momento sintió que "nuevamente volvimos a ser victimizados, porque en la desaparición de nuestros seres queridos participó el Ejército. ¿Cómo es posible que de tantos espacios que hay en Bucaramanga lo llevaran precisamente allá?".

Fanny, en compañía de los demás familiares, en varias ocasiones acudió al sitio para ver el monumento sin tener éxito. Tal fue el descontento que decidieron iniciar una acción de tutela que después de apelar varias veces, ganaron y exigieron al Gobierno trasladar la estatua. En el momento, el gobernador de Santander de ese entonces, Horacio Serpa, le manifestó a este diario que ya estaba firmado el acuerdo para instalar la estatua en un parque de Bucaramanga y que "el problema radicaba en la falta de recursos para construir el pedestal que lo soportará. Pero que, no obstante, ese gasto ya había sido asumido por la administración departamental, que se encargaría de que pronto haya un lugar donde los familiares de las víctimas puedan recordar a sus seres queridos".

Pero según Fanny, las condiciones en las que les fue entregado el monumento no eran las que había ordenado la Corte Interamericana: "Lo sacaron el 28 de diciembre de 2011, lo dejaron a la intemperie. Cualquier persona se podía montar, porque se le hizo una base de 20 centímetros. Incluso, los habitantes de la calle lo taparon con cartones y lo utilizaron para dormir. Nosotros informamos y lo envolvieron, pero más se demoraban en envolverlo que las personas de la calle en romperlo, además lo cogieron de baño". Fue una lucha constante y ahora por fin van a poder, a través de este símbolo, velar a sus parientes y recordarle a Colombia lo que ocurrió hace 26 años. "Las personas no conocen el significado, ya con la base que se hizo las personas aprenderán a respetar el monumento", concluyó Fanny.

Osvaldo Ortiz, hermano de Gilberto Ortiz Sarmiento, otra de las víctimas torturadas y desaparecidas, le dijo a este diario que "esto ha sido un proceso de largo caminar. Esto es solamente una parte de la reparación de los prejuicios que ocurrieron en el 87, pero no es un luto que se haya terminado, y el monumento es algo simbólico en memoria de ellos. Después del inconveniente que tuvimos con el tema de la V Brigada resolvimos que tenemos derecho a que se nos respete y a que nos entreguen las cosas con dignidad". Osvaldo concluye: "Queremos recordarle a la sociedad colombiana qué paso hace 26 años, cuando tocan la sangre de uno eso no se olvida".

Por Diana Alejandra Cortés Gaitán

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