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Luego de que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá la negara por improcedente, la defensa del expresidente Álvaro Uribe anunció que llevará ante la Corte Suprema de Justicia la tutela con la que buscan que el proceso en su contra por presunta manipulación de testigos vuelva a ceros. “Se interpondrá impugnación con la que se buscará que la Corte Suprema de Justicia revise el conflicto procedimental, con el que, indudablemente, se han lesionado los derechos fundamentales del ciudadano (Uribe)”, dijeron los abogados del exsenador en un comunicado.
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En la tutela, Uribe Vélez buscaba tumbar la decisión del juez 4° penal de Bogotá, que en noviembre pasado equiparó la indagatoria que el expresidente rindió en la Corte con una imputación. La Fiscalía, en el trámite de la tutela, también le dio la razón a Uribe y pidió devolver el proceso, prácticamente, a sus comienzos, “con el fin de evitar, en el futuro, entre otras cosas, una segura nulidad que frustraría la justicia material anhelada por todas las partes e intervinientes”, según escribió el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, en un concepto enviado al Tribunal de Bogotá.
En el comunicado que expidió este jueves la defensa del expresidente, escribieron que, con la impugnación ante la Corte Suprema, “se espera restablecer las vulneraciones a un debido proceso y a un derecho de defensa, frente a la interpretación que aplicó un juez con relación a un conflicto entre dos legislaciones procesales distintas”. Y, a su vez, reclamaron precisamente que sus argumentos, “fueron compartidos por la Procuraduría General de la Nación y por el titular de la acción penal, la Fiscalía General de la Nación”, pero no por el Tribunal de Bogotá.
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El lío jurídico tiene su origen en la renuncia de Uribe Vélez al Senado: cuando esto ocurrió, el proceso en su contra tuvo que salir de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia —que investiga solo a congresistas y altos funcionarios— y pasar a la Fiscalía. La defensa del expresidente solicitó su libertad y, en la misma audiencia, la jueza 30 de garantías de Bogotá decidió que el sistema procesal aplicable tenía que ajustarse, pero que la indagatoria que rindió Uribe en la Corte no era equiparable a una imputación, con lo que el proceso volvía a ceros.
No obstante, el senador del Polo, Iván Cepeda, se opuso a la libertad y a que Uribe perdiera la calidad de imputado, con lo que el asunto cayó, en segunda instancia, en el despacho del juez cuarto penal de Bogotá. “La Fiscalía no debe formular la imputación, esta etapa ya está superada, por tanto, deberá emitir si presenta acusación o desiste de continuar investigando”, dijo en noviembre pasado el juez. Sin embargo, antes de que el fiscal del caso tomara una decisión, la defensa de Uribe interpuso esta tutela.
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El Tribunal de Bogotá declaró improcedente el recurso por cuatro razones: “(i) la actuación penal cuestionada se encuentra en curso, (ii) al interior de ella existen medios de defensa judicial idóneos y expeditos para reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa, (iii) mismos que no han sido ejercitados y (iv) en este caso no puede realizarse el análisis reclamado, pues implicaría una interferencia injustificada en la órbita de competencia de la justicia ordinaria”. Ahora el caso Uribe, según anunció su defensa, volverá a la Corte Suprema para definir una cuestión central: si la Fiscalía debe o no iniciar de ceros la judicialización.