Defensa de Bernardo Moreno pide que se tomen medidas contra "testigo estrella" en proceso por las 'chuzadas'

Considera que William Romero vulneró las prohibiciones emitidas por la Corte Suprema para hablar del caso fuera de los estrados judiciales. El próximo lunes el alto tribunal tomará una decisión de fondo.

El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que se tomen las medidas correspondientes antes las declaraciones hechas por el exdirector de fuentes humanas del DAS, William Gabriel Romero a el diario ElEspectador en su edición del pasado domingo.

Para el jurista, con estas declaraciones “se violaron las reglas de juicio” emitidas por la Sala Penal en el proceso que se adelantó en contra de Moreno Villegas y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador. En este sentido aseguró que se prohibió hacer referencia al caso fuera de los estrados judiciales. (Ver Las confesiones de William Romero sobre el espionaje del DAS a la Corte Suprema)

“La Sala en el transcurso del juicio precisó que dicha obligación no sólo cobijaba a las partes y a los procesados sino que también incluía a los testigos”, precisó Granados al indicar que con sus declaraciones se pudo afectar la integridad del juicio “generando su contenido un impacto indebido en la opinión pública sobre el verdadero alcance y mérito del caso, esto justo cuando la Corte se apresta a dictar el sentido del fallo”.

En la solicitud se manifiesta que el considerado “testigo clave” de la Fiscalía en este proceso incurrió en otra falta al haber presentado a los dos procesados como culpables de los hechos materia de investigación. Se ha podido establecer que el próximo lunes la Sala revisará el caso y tomará una decisión de fondo frente a esta solicitud.

En la entrevista, Romero explicó cómo fue todo el proceso para infiltrar la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de conseguir información reservada de procesos de parapolítica, principalmente el que se adelantó contra el senador Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.