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El abogado Guillermo Rodríguez, quien defiende los intereses del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Sección Primera del Tribunal Contencioso de Cundinamarca que tome medidas cautelares de urgencia en contra de la decisión del Gobierno de vender su paquete accionario de la empresa de energía Isagén S.A.S.
Con esta acción se busca suspender provisionalmente el acto administrativo contra la enajenación de estos activos de la Nación, manifestando que se debe respetar el curso del proceso judicial que se adelanta actualmente en el Tribunal Administrativo.
El jurista aseguró que con el anuncio de poner en venta el primer paquete accionario el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría ha buscado “modificar la ley, burlarse de los tribunales y hacerle un esquince al proceso que se adelanta en la actualidad el cual tiene como firme propósito frenar esta venta”.
En el documento de dos páginas, la defensa del exmandatario argumenta que “no existe claridad en cuanto a las motivaciones, fundamentos jurídicos y técnicos en cuanto a la expedición de un nuevo decreto N. 2316 del 22 de octubre de 2013 con un aumento del valor de la acción de la compañía, llama la atención esta maniobra antijurídica, amoral y anti técnica que no tiene otro fin que evadir el actuar de la administración de justicia, tratándose de esta demanda”.
En este sentido se manifiesta que se debe tener en cuenta las posiciones presentadas por la Contraloría y la Procuraduría General quienes han manifestado la afectación de los derechos e intereses colectivos de la comunidad.
“A su vez solicito que se le advierta a los apoderados de las partes que omitan cualquier estimación política en este proceso dado que los argumentos y razones de la demanda son de estricto rigor jurídico, al igual adviértase a los apoderados defensores que omitan palabras ‘groseras’ y fuera de contexto en contra del suscrito y mi poderdante como ‘acción temeraria, subvertir el orden institucional y democrático’ entre otras, y su usted estima conducente ofíciese al Consejo Superior de la Judicatura con el propósito que se investigue disciplinariamente a quienes hayan utilizado estas palabras y afirmaciones en los escritos que obran en el proceso”, precisa uno de los apartes de la acción judicial.