Análisis

Delincuencia juvenil: ¿y dónde están los adultos?

El viejo debate de procesar a los adolescentes como adultos, que se encendió de nuevo con el caso de la pequeña Karen Sofía y una propuesta de campaña presidencial, está enfocado erróneamente en aumentar los castigos a los menores de edad.

El 26 de diciembre, el padre de la pequeña Karen Sofía, de 10 años, encontró su cuerpo con signos de maltrato. En audiencia, el hermano de la niña no aceptó el crimen. Foto: Lente Regional

Luego de que la niña Karen Sofía Romero fuera presuntamente asesinada por su hermano mayor en Putumayo, en diciembre pasado, se ha abierto una vez más la discusión sobre si los adolescentes colombianos deberían recibir penas de adultos o no. Este no es un debate nuevo. Han existido iniciativas que vinculan el equiparar los deberes de los adultos con los de los adolescentes, descartando que estos últimos son sujetos con necesidades diferenciadas. Estas consideraciones existen desde el momento en que el Estado colombiano decidió acoger los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en donde se concibe que tanto la infancia como la adolescencia en nuestro país son una responsabilidad de todos, en especial de nosotros los adultos.

("Mi hijo tiene que pagar por lo que hizo": padre de Karen Sofía)

En la actualidad, Colombia cuenta con un sistema penal especializado que reconoce a los adolescentes como sujetos capaces de tomar sus propias decisiones y, así mismo, capaces de responder ante posibles delitos. En este país, una persona entre los 14 y 18 años responde por casi los mismos delitos por los que responde un adulto, el cambio se da en la forma en cómo se trata este fenómeno que, lejos de ser jurídico, es social.

En el fenómeno de la delincuencia juvenil, los adultos, las instituciones, la sociedad civil y el Estado, debemos tener como precepto que los adolescentes que cometen delitos no dejan de ser sujetos de cuidados y protección particulares, derechos propios que el Estado debe garantizar. Antes de pensarnos la existencia de un sistema penal punitivo que castigue de la misma manera adultos y adolescentes, debemos reflexionar acerca de los derechos que no se están garantizando, el de la educación, por ejemplo, o el derecho de nuestros niños y niñas a tener una familia, a ser protegidos e incluso a poder contar con una identidad y una identificación.

Esta reflexión debe girar en torno a la ausencia de todo lo anterior y al contexto social en el que se desarrollan los adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal. El delito en adolescentes no es un hecho aislado, el asesinato de Karen Sofía es uno de los tantos casos que llegan día a día a las instituciones estatales. El problema, entonces, no radica en la cantidad de años de castigo que puedan darse legalmente, sino en la incapacidad que tenemos como sociedad y como Estado de brindar entornos que garanticen la protección de nuestros adolescentes, así como de prestar mayor atención a la ausencia casi total de garantías y participación que tienen las víctimas para su reparación durante los procesos judiciales.

De acuerdo a lo anterior, debemos recordar que la Ley de Infancia y Adolescencia en nuestro país es clara en su función pedagógica y restaurativa para los procesos penales, con la cual el sistema busca que el adolescente comprenda y reconozca el daño, que la víctima se acoja dentro del proceso y sea reparada y que la comunidad reintegre al ofensor. Tampoco podemos olvidar que, en Colombia, la justicia procesa a los adolescentes con una perspectiva desde lo restaurativa, que busca no solo eliminar la sensación de impunidad e inseguridad por parte de la comunidad y de la víctima, sino que se brinde el verdadero tratamiento social que debe merecer el delito.

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Por lo tanto, el problema no radica en la proporcionalidad del castigo que hace del modelo carcelario y punitivo algo obsoleto (más años, mayor contundencia y mayor efectividad), sino en que el Estado debe garantizar un trato diferenciado y pedagógico para los adolescentes, en el que la cárcel no soluciona la problemática de fondo de la delincuencia juvenil.

El problema realmente no es de infancia. Es de los adultos, quienes nos encargamos de abrirle espacio al delito al no garantizar los derechos de nuestros niños y niñas, exponiéndolos día a día a un sinnúmero de riesgos que no brindan mayores alternativas. El debate, entonces debería dirigirse a los siguientes interrogantes: ¿es la cárcel el lugar que realmente tiene la solución para una transformación social de nuestros adolescentes? ¿Es este el lugar que permite arreglar los modelos educativos insuficientes?

*La autora de este análisis, Daniela Escallón, es la jefe del proyecto Justicia Juvenil Restaurativa, de la fundación Tierra de hombres (Terre des hommes). Abogada de la Universidad del Rosario, ha trabajado durante más de cinco años con adolescentes en conflicto con la ley.

 

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