La Procuraduría, desde el pasado 24 de marzo, entró de lleno a investigar qué ocasionó el derrame de petróleo en el corregimiento La Fortuna, en Barrancabermeja (Santander). Ya realizó una reunión de caracter urgente con el ministro de ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia; la directora de la ANLA, Claudia Victoria González Hernández, y el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, para buscar una salida a la crisis que generó el derrame en el pozo La Lizama.
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Su más reciente pronunciamiento, en cabeza del procurador delegado para asuntos ambientales, Gilberto Blanco, aseguró que Ecopetrol debe empezar a hablar de remuneraciones económicas a todas las familias damnificadas de esta tragedia ambiental. Asimismo, resaltó que ya se trasladó a la zona un equipo técnico designado por el Ministerio Público, compuesto por ingenieros civiles y geólogos, quienes analizarán el daño causado a la zona y entregarán en las próximas semanas un informe detallado acerca de lo sucedido.
Tras conocerse un documento revelado por Noticias Caracol en el que se probaría que la empresa Ecopetrol sabía de las graves fallas en el pozo 158 de Lizama, el delegado para asuntos ambientales de la Procuraduría aseguró que, si se verifica que la empresa ocultó información que pudo haber evitado la tragedia, se evaluarán posibles sanciones disciplinarias.
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“Si se verifica que efectivamente no se había contado con los planes de contingencia suficiente y adicionalmente Ecopetrol ocultó información, muy seguramente esto tendrá que ser evaluado desde la órbita disciplinaria”, añadió Gilberto Blanco.
El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya abrieron investigaciones para establecer qué causó la emergencia. Finalmente, según las autoridades que están en el lugar de los hechos, en 22 días se han derramado 23.440 barriles de petróleo, lodo, agua y gases a lo largo de 24 kilómetros del caño Muerto, la quebrada la Lizama y el río Sogamoso.