Fueron acusados de asesinato, a raíz del bombardeo al campamento de "Raúl Reyes"

Ecuador requiere al general (r) Óscar Naranjo y a la cúpula militar de 2008 para juicio

En el proceso también están involucrados el excomandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; del Ejército, Mario Montoya; de la Marina, Guillermo Barrera; y de la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros. Si no se presentan voluntariamente, habrá órdenes de captura.

Los generales (r) Óscar Naranjo, Freddy Padilla y Mario Montoya.Archivo

El Tribunal de Garantías de Sucumbíos, una provincia al norte de Ecuador y cercana a la frontera con Colombia, dejó en firme una orden de captura en contra de seis importantes generales retirados de la Fuerza Pública colombiana, entre quienes se incluye el actual vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo. Los seis oficiales en retiro enfrentan un proceso en ese país por el cargo de asesinato, relacionado con la Operación Fénix en la que murieron 22 guerrilleros, entre ellos quien era el segundo comandante de las Farc, Édgar Devia, más conocido como Raúl Reyes.

La decisión del Tribunal de Sucumbíos afecta, además de al vicepresidente Naranjo, a toda la cúpula militar para marzo de 2008, fecha en que fue bombardeado el campamento de Reyes en territorio ecuatoriano: Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares; el comandante del Ejército, Mario Montoya; el comandante de la Marina, Guillermo Barrera; y el de la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros. Por último en la lista está del coronel (r) Camilo Álvarez. 

(Desde 2011 fueron acusados: Ecuador llama a juicio a militares colombianos por caso de Angostura)

El Tribunal de Sucumbíos determinó "inadmitir a trámite el recurso de apelación, por ilegalmente interpuesto e indebidamente concedido; pues lo que corresponde es, que se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se realice la audiencia de juzgamiento, como bien sabido es por los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos (...)". Téngase en cuenta que la resolución dictada por Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, se encuentra ejecutoriada

En julio de 2011, este expediente llegó a manos del Tribunal de Sucumbíos. Los seis altos oficiales (r) desde entonces fueron acusados por la muerte de cuatro ciudadanos mexicanos, estudiantes de la Universidad Autónoma de México. Sus familias argumentaron que su presencia en el campamento de Reyes obedecía a razones académicas y la Fiscalía ecuatoriana señaló que había razones para considerar que los altos mandos militares colombianos eran responsables de su violenta muerte, ocurrida durante la operación en la cual, por primera vez en la historia colombiana, murió un miembro del Secretariado de las Farc. 

La Operación Fénix, que también terminó siendo conocida como el "bombardeo de Angostura", conllevó la más fuerte crisis diplomática entre Ecuador y Colombia de los últimos años, al punto que se rompieron las relaciones entre ambos países. Ecuador, con el respaldo de Venezuela, protestó enérgicamente por la violación de su soberanía nacional y por la decisión del gobierno colombiano, entonces encabezado por Álvaro Uribe Vélez, de ejecutar una operación militar de alto perfil en su suelo. 

(Vea: Colombia indemnizó a familia de ecuatoriano muerto en 'Operación Fénix')

Colombia, por su parte, inicialmente que la Operación Fénix había comenzado en Colombia, y que la Fuerza Pública ya no podía echarse para atrás cuando detectó a Raúl Reyes en Ecuador, debido a su alto perfil. Luego, con base en los computadores que se incautaron tras el bombardeo -y que la Corte Suprema descartó como prueba porque no fueron conservados en cadena de custodia-, Colombia acusó tanto a Ecuador como a Venezuela de tener fuertes nexos con las Farc. 

Para agosto de 2011, Ecuador les asignó defensores de oficio a los militares (r) colombianos, dado que ninguno de los investigados había nombrado su propio abogado. A partir de ahí se empezaron a recolectar pruebas, se tomaron declaraciones de militares ecuatorianos y de peritos informáticos. En septiembre de ese año se solicitó la presencia de los seis altos oficiales colombianos, pero ninguno llegó. Por eso, el Tribunal ordenó su detención. Al tiempo se empezaron a manfestar en el juicio los padres de los estudiantes, congregados en la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. 

Durante años el proceso estuvo quieto, mientras el gobierno colombiano trataba de manejarlo a nivel diplomático. Cuando se supo de la orden de captura de 2011, el presidente Juan Manuel Santos expresó públicamente que la mejor manera de defender a los militares colombianos era desconociendo la solicitud ecuatoriana. La Fiscalía ecuatoriana, sin embargo, siguió adelante con las investigaciones y el Tribunal de Sucumbíos tampoco archivó el expediente. 

Así las cosas el pasado 16 de marzo, a las 11 de la mañana, el Tribunal dejó claro que los recursos legales de los militares retirados colombianos se habían agotado y que, de no presentarse voluntariamente, deberían ser localizados y detenidos. Lo que significa que Ecuador, por ejemplo, podría pedirle ayuda a Interpol para que se emita circular roja contra quien es hoy el vicepresidente de la República, el general (r) Óscar Naranjo, y contra los cinco militares que junto con él representaban a la Fuerza Pública de Colombia para el momento en que el campamento de Raúl Reyes fue bombardeado, causando así la muerte, además de los 22 guerrilleros, de cuatro ciudadanos mexicanos.