:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/hG68ybOMSENEqZ5zTD9PylpugKw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/VMVCOU24JFGRTBZL5OCW4YVZPE.jpg)
La impunidad por el asesinato del director de El Espectador Guillermo Cano lleva casi 32 años. Comenzó el día en que la mafia de Pablo Escobar Gaviria le disparó el 17 de diciembre de 1986. A pesar de que el hecho fue declarado crimen de lesa humanidad en 2010, nada ha pasado en la justicia colombiana desde entonces. Sin embargo, este martes en Estados Unidos, la familia Cano Busquets, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y este diario realizarán un nuevo esfuerzo para que se trace una ruta que permita persistir en la búsqueda de la verdad de lo sucedido.
El propósito de la cita en la Universidad de Boulder, en Colorado (Estados Unidos), es que se examine la posibilidad de que el trámite que llevaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso se recobre. Como lo documentó este diario, aunque en febrero de 2001 la CIDH concluyó que el Estado colombiano había incumplido su obligación de garantizar el derecho a la vida de Guillermo Cano y tampoco había atendido su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, de manera incomprensible no se volvió a saber del expediente.
(Lea:El caso de Guillermo Cano que se embolató en la CIDH)
La presentación del caso ante la CIDH se hizo en febrero de 1997, a través de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con un documento de 166 páginas, la SIP detalló el itinerario de impunidad en que se convirtió la investigación en Colombia, marcada por la “destitución de jueces por soborno, amenazas contra magistrados, empleados judiciales y jurados, o el asesinato de investigadores, jueces y periodistas relacionados al caso”. De ahí en adelante se desarrollaron los trámites habituales de las demandas ante la CIDH.
Sin embargo, después de que el organismo admitió los incumplimientos del Estado y concluyó que había sido responsable por la violación de los derechos a la vida, el acceso a la justicia y la libertad de expresión, se sumó un documento más antes de que perdiera la pista del expediente. La última pieza fue la respuesta de la Cancillería en julio de 2001 para que no se agotara el debate, dentro de la perspectiva de que la CIDH no admitiera el caso. Además incluyó la insistencia en las bondades del Programa de Protección de Periodistas, expedido en 2000 por el gobierno Pastrana.
De todo esto se enteraron la Flip y la familia Cano a través de un derecho de petición planteado a la Cancillería. Por eso, ahora se busca que se recobre la senda jurídica de la demanda, se subsanen los errores, se permita la participación de las víctimas y que, después de 17 años, la CIDH vuelva a ocuparse del caso a partir de sus conclusiones de 2001. Como quedó resaltado en una reunión que se realizó ayer, lo primordial es que la justicia internacional se ocupe de evaluar este hecho, emblemático para la libertad de prensa en Colombia y el mundo.
(Lea:Piden versión en el caso de Guillermo Cano)
En representación de la familia estarán Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, y su hija María José Cano. Por El Espectador estará María José Medellín, nieta de Guillermo Cano y redactora judicial del diario. Los acompañará el director ejecutivo de la Flip, el abogado Pedro Vaca, Angelita Baeyens, abogada del Robert F. Kennedy Human Rights, y Ricardo Trotti, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La reunión será presidida por el relator para la defensa de los derechos humanos, el comisionado Francisco Eguiguren, y el relator para la libertad de expresión Édinson Lanza. No está claro quién llevará la representación del Gobierno colombiano.
Este diario conoció que Ana María Busquets no quería saber del caso, pero al constatar que hay muchos niños colombianos que saben más de Pablo Escobar por las series de televisión, que lo muestran rico y poderoso, decidió hacer un esfuerzo para que se conozca la verdad. Además del recuento de atropellos contra El Espectador, la señora Busquets insistirá en la solidaridad de los gobiernos y medios de comunicación para que haya justicia, porque hasta hoy ha sido la Unesco, cuyo premio mundial a la libertad de prensa lleva el nombre de Guillermo Cano.
Durante su intervención recordará que la violencia sistemática contra El Espectador no solo acabó con la vida de su director. En agosto de 1986, cuatro meses antes, había sido asesinado el corresponsal del diario en Leticia (Amazonas), Roberto Camacho. Además de otros asesinatos para borrar cualquier posibilidad de avance en la investigación y de varios exilios de periodistas del diario, en marzo de 1989 fue asesinado el abogado de la familia Cano y también periodista, Héctor Giraldo, y las instalaciones del diario fueron blanco de un atentado terrorista.
La ola de violencia para asegurar la impunidad se extendió también a los jueces. En agosto de 1989 fue asesinado el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia García y en septiembre de 1992, junto a sus tres escoltas, la jueza sin rostro de Medellín Rocío Vélez Pérez. Ambos por intentar procesar a Pablo Escobar por el crimen de Guillermo Cano. De igual manera, con el propósito de que el diario no circulara más en Medellín fueron asesinados tres gerentes en la ciudad: Martha Luz López, Miguel Soler y Hernando Tavera.
(Lea: La arremetida contra la justicia)
A pesar de la saña de la mafia contra El Espectador, en octubre de 1995 un juez falló sin mencionar a Escobar y su círculo. En apelación, en julio de 1996, el Tribunal Superior de Bogotá solo sentenció a Luis Carlos Molina, un prestamista de Medellín, de cuya cuenta bancaria salió el dinero con el que se financió el asesinato del director de El Espectador. El individuo fue capturado un año después y apenas estuvo seis años preso. En julio de 2010, la Fiscalía declaró el caso imprescriptible, pero desde entonces no ha pasado nada contra la impunidad.