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“La aspersión aérea con glifosato para la erradicación del arbusto de coca es estructuralmente ineficaz, y su uso tiene una elevada probabilidad de ocasionar daño a la salud de la población residente en las zonas rurales de los municipios asperjados”. Esta es la conclusión de un detallado estudio académico aportado por la Universidad Externado a la Corte Constitucional y que constituye hoy el punto de partida de una álgida discusión de cara a determinar si se puede o no reactivar la fumigación con el herbicida, cuyo uso fue suspendido en Colombia desde el año 2015 por el gobierno de Juan Manuel Santos.
(Aquí puede ver el informe completo)
Tras la suspensión de la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, motivada por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que catalogó el herbicida como potencialmente cancerígeno, el asunto volvió a la Corte Constitucional en el año 2017. En esta ocasión, una comunidad del Chocó presentó una tutela que terminó en la sentencia T-236, a través de la cual el alto tribunal impuso una serie de requisitos para permitir de ahí en adelante asperjar cultivos de coca. Entre ellos, que se demostrara científicamente que esta actividad no suponía riesgos para la salud de la población afectada por la fumigación aérea.
Sin embargo, ante el excesivo crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, que pasaron de casi 48.000 hectáreas en 2013 a cerca de 220.000 en la actualidad, el gobierno de Iván Duque planteó la urgencia de reactivar la aspersión aérea. Por esa razón, una vez más, este candente debate retornó a la Corte Constitucional. De hecho, el pasado mes de marzo, con la presencia de varios expertos en la materia, incluidos, por supuesto, el jefe de Estado y sus ministros, así como su antecesor, Juan Manuel Santos, se realizó una audiencia pública para escuchar los argumentos de defensores y detractores de la fumigación.
(Lea aquí: El estudio “confidencial” sobre glifosato).
En este contexto, la decisión que se apresta a tomar la Corte Constitucional, cuyo ponente es el magistrado Alberto Rojas Ríos, debe dirimir la tensión entre las partes enfrentadas, dándoles prelación a los argumentos científicos. Es allí donde resulta clave el reporte académico de la Universidad Externado, que fue radicado en el alto tribunal en la última semana de abril. El estudio tiene por título Ineficacia estructural y probabilidad de daño a la salud debida a su uso en la aspersión aérea de los cultivos del arbusto de coca, Colombia 1998-2017 y su autor es el investigador y docente de la Facultad de Economía, Óscar A. Alfonso R.
Al margen de los cálculos políticos o del ajedrez del poder, El Espectador conoció que para el magistrado Alberto Rojas Ríos, este documento constituye una evidencia fundamental para estructurar su proyecto de fallo. La reflexión esencial del estudio académico reconoce que el uso del glifosato “está mediado por la inmediatez de los resultados que se les exige a los gobernantes de Colombia, quienes poniendo en juego su prestigio acostumbran a adoptar este tipo de estrategias, cuya eficacia es estructuralmente ineficaz y, además, goza de una elevada probabilidad de ocasionar daño grave a la salud de la población campesina”.
El informe de 41 páginas y abundante bibliografía internacional en la materia se divide en tres partes. La primera deja sin fundamento la hipótesis de que la aspersión aérea es la única y más eficiente vía para disminuir los cultivos ilícitos. La segunda parte evalúa los daños a la salud desde la perspectiva del derecho y la medicina, resaltando la necesidad de garantizar el principio de precaución sobre las presiones para combatir el narcotráfico. Finalmente, el estudio examina desde la estadística los indicios sobre los factores de riesgo asociados al cáncer, la incidencia de tratamientos de quimioterapia y las muertes no fetales por causa del linfoma no-Hodgkin.
La historia de la aspersión aérea de cultivos de coca en Colombia comenzó en 1983, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes acogió su uso. Desde ese momento se han utilizado sucesivamente los herbicidas tebuthiurón, paraquat y glifosato, pero después de 35 años no ha sido posible la erradicación absoluta de la coca. En contraste, resalta el estudio, Tailandia logró el objetivo sin recurrir al uso de agrotóxicos, lo que sugiere que si el país hubiera adoptado políticas y programas de sustitución a mediano y largo plazo, no estaría hoy sujeto a una problemática tan costosa. Los números del informe académicos resultan ilustrativos.
(También: Monsanto condenada a pagar USD 2.000 millones en nuevo juicio por glifosato).
Entre 1994 y 2015, los distintos gobiernos colombianos se han gastado US$104,3 millones en glifosato y US$458,3 millones en otros operativos antinarcóticos, cifras que contrastan con las 220.000 hectáreas de coca en la actualidad. En esa línea, el estudio añade que la extensión de los cultivos ilícitos hoy está más arraigada que en sus inicios. En tal sentido, la conclusión, validada por otros expertos, es que la aspersión aérea con glifosato “carece de eficacia para reducir la producción de coca”. En cambio, en las áreas cocaleras algunos municipios se han visto expuestos de manera persistente a los efectos de la aspersión sobre la salud.
A la pregunta de por qué, entonces, se insiste en el uso del glifosato, el profesor Alfonso R. sugiere que la respuesta es “la existencia de intereses creados entre los tomadores de decisión en la Secretaría de Estado (de Estados Unidos) y en la DEA, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en el Consejo Nacional de Estupefacientes y en la Policía Antinarcóticos de Colombia”. Un entorno que pasa por una diplomacia que reclama resultados eficaces en la lucha contra la droga, “que se consiguen a costa de las víctimas que desata la violencia de los narcotraficantes, y de las que padecen linfoma no-Hodgkin en las zonas asperjadas”.
En relación con los posibles efectos para la salud, el estudio académico parte de reconocer que la “potencial carcinogenicidad” del herbicida ha polarizado a todos los científicos del planeta. Sin embargo, se resalta que 94 científicos se dedicaron a estudiar las diferencias entre las posiciones de defensores y detractores del uso del glifosato, para llegar a la conclusión de que esto es una papa caliente cuyo limbo se expresa “en la incertidumbre regulatoria en todos los países”. Por eso la tendencia internacional es acoger los estudios de organismos independientes de reconocida idoneidad en la materia.
Así las cosas, el informe remitido a la Corte Constitucional exalta un estudio piloto desarrollado por el Instituto Ramazzini de Italia, según el cual “el glifosato tiene potencial para inducir la mutación de parámetros biológicos asociados al desarrollo sexual, la genotoxicidad y la flora bacteriana intestinal”. El estudio académico agrega otras consideraciones estrictamente científicas para advertir que se requiere tener en cuenta el principio de precaución, que se traduce en abstenerse de llevar a cabo ciertas acciones en caso de duda acerca de sus consecuencias. Es decir, sin una prueba incontrovertible de sus efectos, se debe proteger el derecho a la salud.
(Además: La ciencia que nos quedaron debiendo en el debate sobre glifosato).
Como información anexa, el estudio del profesor Alfonso R. referencia los dilemas judiciales que ha tenido en el último año la empresa Monsanto-Bayer, que produce el glifosato. La secuencia empieza con una condena impuesta por la Corte Superior del estado de California (Estados Unidos), que favoreció a un jardinero de San Francisco afectado por la exposición al glifosato. El pasado mes de febrero, la Corte de Apelaciones de Lyon, en Francia, también ordenó resarcir económicamente a un campesino intoxicado con otro herbicida de Monsanto. En general, se habla de casi 2.000 demandas en distintos tribunales del mundo contra Monsanto.
Finalmente, el documento conocido por El Espectador aborda la evaluación de los daños graves causados a la salud de la población residente en las zonas rurales de los municipios asperjados con glifosato para concluir que, en la actualidad, los campesinos cocaleros “son el eslabón más débil de la cadena de valor del negocio” en áreas donde, además, la tradición habla de una débil o nula presencia del Estado colombiano. En ese sentido, en desarrollo del citado principio de precaución, la advertencia del reporte que hoy evalúa la Corte es que existen otras alternativas más eficaces y menos dañinas para erradicar cultivos ilícitos.
El fondo del debate no parece tener grises, pero los tiene. En muchos lugares de Colombia la sustitución manual ha sido literalmente imposible porque las mafias locales y los grupos armados que siguen lucrándose del negocio han impuesto su ley a sangre y fuego. Al mismo tiempo, el Estado ausente no ha podido garantizar la seguridad y protección de los erradicadores manuales y de los campesinos cocaleros. En esa disyuntiva, el gobierno Duque enfrenta un problema que, si bien está sobrediagnosticado, ha sido muy complejo de resolver: garantizar la salud y, al mismo tiempo, ponerle coto al narcotráfico.
La propuesta del informe avalado por la Universidad Externado es que la solución a este problema parte de la inclusión de los campesinos y de que se les garantice lo mínimo: ingresos permanentes y seguros para que puedan superar sus precariedades, en el marco de la presencia de un Estado que salvaguarde sus vidas. “El daño a la salud de los campesinos ya está hecho, pero no hay razón para que siga ocurriendo”, refiere el documento al evaluar el impacto del glifosato en la aspersión de cultivos ilícitos, pero también plantea la que, en su criterio, trasluce como la alternativa más prometedora para el mundo agrícola olvidado: la industrialización.
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En medio de la polarización de siempre, atizada en el último mes por cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, las dudas sobre el accidentado caso Santrich —de todas las orillas—, las visas súbitamente retiradas y devueltas a los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, los regaños públicos del presidente de Estados Unidos Donald Trump al gobierno Duque y el fantasma de la extradición rondando, Colombia atraviesa una coyuntura excepcional. Debe resolver cómo enfrentar el narcotráfico y garantizar la salud de los colombianos. ¿La Corte Constitucional podrá hallar una fórmula salomónica?
El método de estudio explicado por el autor
Óscar A. Alfonso R. es un economista con 30 años de experiencia como docente e investigador en la Universidad Externado, con doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, 18 libros y un centenar de artículos académicos publicados. Le explicó a El Espectador cómo desarrolló esta investigación aplicando un modelo econométrico para estimar la probabilidad del daño a la salud en relación con la aspersión de glifosato. “Escogí los municipios de estudio con base en la estadística del Observatorio de Drogas de Colombia que, a su vez, toma información de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen”.
De esta manera, comparó los municipios asperjados con otros no asperjados y su eventual relación con defunciones por linfoma no-Hodgkin. Según el investigador, este estudio se concentra en los lugares donde fue asperjado el glifosato a los cultivos de coca. En ese sentido, dado el prolongado período de latencia de todas las formas de cáncer, pero en particular del linfoma no-Hodgkin, se estimaron modelos para establecer una correlación en un tiempo de al menos 15 años de intervalo entre la fumigación y las defunciones.
“El resultado es que, en efecto, hay una elevada probabilidad de daño a la salud cuando se incrementan las áreas asperjadas con glifosato”, sostuvo el académico.