El Gobierno presionó mi salida de la Procuraduría: Alejandro Ordóñez

El saliente jefe del Ministerio Público aseguró que sus posiciones sobre el tema del plebiscito causaron malestar en el poder Ejecutivo.

@PGN_Col

“Aspiro que este sea mi último día como Procurador”. Para Alejandro Ordóñez Maldonado existe evidencia suficiente para inferir que la decisión de anular su reelección como jefe del Ministerio Público fue por el Gobierno puesto que no le convenían los cuestionamientos que estaba haciendo a los acuerdos firmados con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

Para el saliente jefe del órgano de control disciplinario al Gobierno “le interesaba su salida” de la Procuraduría General. De esto existen distintos registros de la molestia que estaban generando las observaciones hechas al acuerdo final y su posición de control frente a las campañas de publicidad y promoción en el tema del plebiscito convocado por Juan Manuel Santos el próximo 2 de octubre.

“¿Acaso el presidente públicamente no solicitó al Consejo de Estado premura para proferir decisión frente a mi elección? ¿Acaso el señor ‘Iván Márquez’ y los miembros plenipotenciarios en La Habana lo manifestaron reiteradamente? ¿Acaso el señor presidente no dijo que se había hecho justicia?”, aseguró Ordóñez Maldonado en entrevista con la WRadio.

En su concepto el Gobierno no ha tenido “empacho” en manifestar su alegría frente a la decisión tomada por el Consejo de Estado. “De eso no hay la menor duda (…) ¿Acaso el presidente triunfalistamente no ha manifestado a los alcaldes que ya no se encuentra el que molesta? ¿Acaso el presidente no ha pedido a los juzgados públicos no acatar a los organismos de control?”.

“Hay un mar de pruebas que demuestran que el Gobierno estaba interesado, que lo pidió. Ni siquiera tuvo el pudor y el recato de hacerlo subrepticiamente sino que lo sentó previamente con meses de anterioridad. Lo mismo la parte de La Habana que en numerosos comunicados y mensajes de twitter lo han manifestado”, señaló.

Para Ordóñez Maldonado desde las altas esferas del Gobierno se ha indicado en repetidas oportunidades que no exista un control frente a todo el tema plebiscitario, por lo que se ha liderado una especie de “rebelión contra la institucionalidad y el control”.

La decisión   

El Procurador General calificó la decisión tomada el pasado 7 de octubre como un atentado en contra de la “seguridad jurídica” puesto que se ignoró la jurisprudencia de lo contencioso administrativo frente a este tipo de situaciones. “Es una decisión inédita, que está plagada de constricciones, fue unan modificó la interpretación del artículo 126 de la Constitucional”.

Considera que esta decisión fue hecha a su medida puesto que se ignoraron todos los antecedentes y las normas que le dieron vía libre a presentar su nombre para aspirar a un segundo periodo consecutivo, para que la Sala Plena de la Corte Suprema lo postulara y la Plenaría del Senado lo eligiera. “Había una norma constitucional que le permitía, una interpretación histórica”.

“Se elaboró como un sastre elabora un vestido, una sentencia para Alejandro Ordóñez”, precisó en la entrevista radial. Llama la atención, señaló, que en la Sala en la que se postuló su nombre fueron rechazados los impedimentos que presentaron un grupo de magistrados por tener a familiares cercanos trabajando en la Procuraduría General”.

Tres años después, añadió, se cambió la interpretación de la ley y se le dio el carácter de retroactivo con el fin de anular su reelección. “En el debate ocho magistrados del Consejo de Estado manifestaron sus impedimentos puesto que tenían familiares trabajando en la Procuraduría, a seis o siete se le negaron sus impedimentos”.

Reconoció que en efecto se nombraron a dos funcionarios en la Procuraduría General a dos familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia pero con “dos años de antelación” a presentar su postulación para repetir el cargo, resaltando que en ese momento la ley y la Constitución se lo permitían.

Debido a esto aseguró que uno de los ternados para reemplazarlo en su cargo estaría inmerso en una causal de inhabilidad, puesto que de ser elegido su elección podría ser anulada. “Los tres tienen los requisitos necesarios para el cargo”.