El impedimento que no prosperó en nuevo juicio contra Iván Moreno

Los magistrados Ariel Augusto Torres Rojas y Ramiro Marín Vásquez, de la Sala de Primera Instancia. / Archivo El Espectador.

En el juicio contra el exsenador Iván Moreno Rojas, por el carrusel de contratación de Bogotá, el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas quería declararse impedido. Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Ramiro Alonso Marín Vásquez, le negó esa posibilidad, por lo que Torres Rojas deberá continuar conociendo el caso.

Aunque el exsenador ya paga una condena por estos hechos, la Sala de Casación Penal le abrió otra investigación y lo acusó en marzo de 2017 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares e interés indebido en la celebración de contratos, este último, en calidad de determinador. En la misma decisión, el alto tribunal precluyó la investigación en relación con dos contratos de interventoría (091 y 093 de 2008).

Con la entrada en vigor del Acto Legislativo que creó la doble instancia para aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal envió el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia. El magistrado Ariel Augusto Torres hace parte de esta Sala y una vez llegó el expediente contra el hermano del exalcalde Samuel Moreno –también condenado por estos hechos–, quiso declararse impedido.

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En la argumentación de su impedimento, Torres aseguró que, antes de que existiera la doble instancia, intervino en este proceso como magistrado auxiliar del magistrado Eugenio Fernández, quien era el ponente. Eso le dio la facultad de participar activamente “proyectando las decisiones” y fue “comisionado para practicar pruebas”. También dijo que ordenó la apertura de la investigación y la posterior acusación. Esta participación, según Torres, puede afectar su imparcialidad e independencia con la que debe actuar.  

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que las decisiones que emitió Torres, en su condición de magistrado auxiliar, “no comporta la formación de un criterio jurídico que lo vincule con la actuación objeto de decisión o promueva un interés particular en sus resultados”. En su decisión, el magistrado Ramiro Alonso Marín Vásquez dijo que las decisiones proyectadas por Torres atendieron las órdenes del titular del despacho. Es decir, siguió los mandatos del magistrado Eugenio Fernández.

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