"El país sabe que me inhabilitaron arbitrariamente": Piedad Córdoba

Agencia EFE

La exsenadora Piedad Córdoba se refirió este martes a una ponencia que estudiará el Consejo de Estado en la que se pide tumbar la sanción disciplinaria que interpuso en su contra la Procuraduría General de la Nación en 2010, acusándola de colaborar y promover a la guerrilla de las Farc. Según declaró la líder política, quien elevó un llamado a que se falle en derecho, “el país sabe” que la destitución e inhabilidad que tiene para ejercer cargos públicos por 18 años fue “arbitraria". (Lea: Ponencia en el Consejo de Estado pide tumbar sanción disciplinaria contra Piedad Córdoba) 

“Sobre ponencia del Consejo de Estado solo pido que se falle en derecho. El país sabe que me inhabilitaron arbitrariamente con pruebas que la Corte Suprema invalidó #SoyInocente (…) Si las pruebas no tuvieron validez para la Corte Suprema, máxima instancia jurídica, ¿por qué para el procurador sí lo tuvieron?”, aseguró Córdoba a través de una serie de mensajes emitidos a través de la red social Twitter.

La excongresista, sancionada disciplinariamente –según el Ministerio Público– por extralimitarse en sus funciones en el marco de los contactos que sostuvo con las Farc para la realización de un acuerdo humanitario, dejó entrever que no es la Procuraduría el órgano encargado de destituir funcionarios elegidos popularmente, mismo argumento esgrimido por el entonces alcalde Gustavo Petro cuando fue destituido en diciembre de 2013.

“Además de exigir mis derechos políticos, sobre todo reclamo los de toda la gente que votó para que les representara en el Senado. Primero fueron 18 (años) con arbitrariedad y luego 14 con ensañamiento. El derecho a elegir y ser elegida es un derecho democrático que a su vez es garante de los derechos fundamentales”, agregó Piedad Córdoba.

El próximo martes será presentada ante la Sala Plena del Consejo de Estado la ponencia en la que se pide tumbar la sanción disciplinaria interpuesta contra la líder política. En el documento, firmado por el magistrado William Hernández, se manifiesta que el Ministerio Público incurrió en una falla en la valoración de los elementos probatorios puesto que se le dio validez a los documentos recolectados durante el operativo en el que fue abatido el jefe guerrillero Luis Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’ el 4 de marzo de 2008 en Ecuador.

En el proyecto de fallo se señala que la Corte Suprema declaró que dicha prueba era nula puesto que se había violado la cadena de custodia. Agregó el alto tribunal en esa oportunidad que los archivos citados no eran correos originales sino documentos en Word los cuales podrían ser modificados.

El órgano de control disciplinario indicó que Córdoba Cruz “dio información a las Farc sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, concedió declaraciones en diferentes actos públicos, colaboró con la defensa de algunos exjefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las Farc”.

En repetidas oportunidades la excongresista aseguró que esta sanción disciplinaria hace parte de una persecución política por parte del Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado en contra de los líderes de izquierda. Debido a esto puso una tutela ante la Corte Constitucional y una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. (Lea: A Piedad Córdoba sólo le queda el plan Z)

La Procuraduría no sólo sancionó a Córdoba con base en el computador del abatido jefe guerrillero 'Raúl Reyes' sino que, en 2012, la volvió a inhabilitar (14 años) por haber aportado dineros para la campaña al Congreso de un exasesor suyo, lo cual no podía hacer mientras estuviera en un cargo público.

La exdirigente busca ser restablecida en su cargo y ser reparada por perjuicios morales, que incluirían el pago de salarios que ha dejado de percibir Córdoba, desde que fue apartada de la curul que ocupaba en nombre del Partido Liberal.