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En Colombia, a Piedad Córdoba se le acabaron las puertas por tocar: luego de que en septiembre de 2010 la Procuraduría la inhabilitara durante 18 años para ejercer cargos públicos asegurando que los nexos entre ella y las Farc iban mucho más allá de una cuestión humanitaria, le pidió al propio procurador Alejandro Ordóñez que reconsiderara su determinación. Nada cambió. La excongresista acudió entonces al Tribunal Superior de Bogotá para pedir que se reversara el fallo. El tribunal lo mantuvo incólume. El caso pasó después a manos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Córdoba recibió su tercer "no". Finalmente, en abril de 2011, la Corte Constitucional se convirtió en el último recurso al que podía recurrir la dirigente liberal cuando el alto tribunal seleccionó su tutela para estudiarla. Un último recurso que Córdoba acaba de perder.
De esta manera, ante los ojos de las autoridades colombianas, Piedad Córdoba quedó registrada como la congresista que abusó de su cargo para "fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos". Entiéndase por grupo armado las Farc. De mantenerse la sanción de la Procuraduría, Piedad Córdoba sólo podría volver a hacerse elegir o ser nombrada en un cargo público en el año 2028. Para ese entonces, ella tendrá 73 años. Pero ese escenario poco le atrae y por eso, como ya lo han advertido sus representantes legales, lo más seguro es que Córdoba recurra a su plan Z: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aun solicitándole a ese tribunal internacional que examine su caso, a Córdoba le queda un buen tiempo en el que tendrá que lidiar con su desaparición de la arena política nacional, si se tiene en cuenta que la petición tendrá que ser primero evaluada por la Comisión Interamericana, que este organismo será el que decida si el caso llega o no a la Corte Interamericana y que ese procedimiento suele demorarse no menos de cinco años. En Colombia, la exsenadora apeló el fallo firmado por el procurador Alejandro Ordóñez arguyendo que él no tenía la potestad para destituir a una persona elegida popularmente y que tal competencia le correspondía exclusivamente al Consejo de Estado. La Corte Constitucional, sin embargo, respaldó la tesis de que el jefe del Ministerio Público sí puede determinar ese tipo de sanciones contra funcionarios elegidos democráticamente.
Durante las varias entrevistas que ha entregado a medios de comunicación desde que fue sancionada, Piedad Córdoba ha manifestado que lo suyo con el procurador Ordóñez es una pelea cazada en términos personales. Según Córdoba, el procurador utilizó unas pruebas invalidadas de antemano por la Corte Suprema -el computador de 'Raúl Reyes'- para sacarla del espectro político por cuenta de sus opiniones tan contrariadas con respecto a las de él. Incluso, en abril de este año, entregó esta controversial declaración para referirse a Ordóñez: "El procurador general de la Nación ha utilizado una nueva forma de homicidios y de asesinatos en el país pues es un asesino político (...) mata a la oposición".
La Procuraduría no sólo sancionó a Córdoba con base en el computador del abatido jefe guerrillero 'Raúl Reyes' sino que, en 2012, la volvió a inhabilitar (14 años) por haber aportado dineros para la campaña al Congreso de un exasesor suyo, lo cual no podía hacer mientras estuviera en un cargo público. El organismo, además, le envió copia del fallo por nexos con la guerrilla a la Corte Suprema de Justicia, para que analizara si convendría investigar a la líder política antioqueña por delitos de lesa humanidad, así como se ha hecho con algunos condenados por parapolítica. Paradójicamente, en la Corte Suprema de Justicia, Córdoba ha corrido una suerte contraria: a la fecha no se le ha abierto investigación por delitos de lesa humanidad, no se encontraron elementos para responsabilizarla de haber financiado la campaña de su exasesor y su expediente de farcpolítica ha permanecido estancado por la misma razón que Córdoba ha puntualizado: que la prueba reina, los archivos de 'Raúl Reyes', no son válidos para ese alto tribunal porque no se respetó la cadena de custodia.
El jefe del Ministerio Público, sin embargo, ha negado reiteradamente que las decisiones producidas en su despacho provengan de una persecución. Ordóñez ha declarado que "ningún ciudadano colombiano" se escapa a lo que rigen las normas, que todas sus decisiones han tenido fundamentos jurídicos y que es injusto decir que él está "obsesionado" con Piedad Córdoba. Ordóñez ha insistido en que la Procuraduría, a través del computador de 'Raúl Reyes', halló evidencias suficientes para afirmar que Córdoba se extralimitó en sus funciones de mediadora con la guerrilla autorizada por el Gobierno: "Colaboró y promovió a las Farc" (...) "alias como 'Teodora', Teodora Bolívar y expresiones como 'la negra' o 'la negrita' correspondían o hacían referencia a la persona de Piedad Esneda Córdoba Ruiz", dijo Ordóñez en su decisión de 2010. Decisión que la Corte Constitucional acaba de dejar intacta.
En estas circunstancias, Córdoba parece tener un único camino: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según reportó la revista Semana hace unos días, ese plan Z de sus abogados es recurrir al mencionado tribunal con el caso López Mendoza en la mano. Se trata de Leonardo López Mendoza quien trabajaba como analista para la empresa venezolana de petróleo Pdvsa y, por haber incurrido en un supuesto conflicto de intereses, la Contraloría General de ese país lo inhabilitó de tres a seis años para funciones públicas. Sin embargo, en septiembre de 2011, la Corte Interamericana le ordenó a la República Bolivariana de Venezuela que no utilizara la sanción impuesta por la Contraloría a López Mendoza como un impedimento para que él participara como candidato en elecciones populares.
Establecer qué tanto se parece el proceso López Mendoza al de Piedad Córdoba es un asunto que le corresponderá en primer lugar a la Comisión Interamericana, en caso de que decida admitir la petición de Córdoba. A la dirigente liberal le espera un camino largo por recorrer, mientras que sus posibilidades de hacer política en el escenario colombiano siguen reducidas tras la decisión de la Corte Constitucional de respaldar la sanción impuesta por el Procurador. Es decir, la decisión de inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos, ya no tiene marcha atrás.