El testimonio que hizo caer al general (r) Humberto Guatibonza

Hace dos años, cuando se retiró de la Policía Nacional, el general Humberto Guatibonza concluyó una carrera de más de tres décadas en la institución, en las cuales su nombre siempre estuvo asociado con el acierto. Más de una vez sonó como director y llegó a ser el quinto oficial más antiguo de la Policía. Ayer, en medio de un escándalo por “chuzadas” ilegales, fue capturado en su apartamento en Bogotá, sindicado de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicación, acceso abusivo al sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales. Junto con él cayeron otras dos personas: Carlos Arenas y Julián Villarraga.

El nombre del general (r) Humberto Guatibonza salió a relucir en los primeros días de agosto cuando la Fiscalía realizó un operativo en el que allanó las oficinas de su empresa A&G Seguridad y, además, capturó a tres oficiales retirados de inteligencia del Ejército y una hacker, señalados de conformar una red ilegal de “chuzadas” que operaba desde Ipiales (Nariño) y Cali. Los capturados fueron el coronel (r) Jorge Humberto Salinas, dueño de la empresa fachada de seguridad JHS Consultores, desde la que se realizaban las interceptaciones ilegales; el coronel (r) Carlos Andrés Pérez Cadena, exjefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales y socio de Salinas; el mayor (r) Luis Mesías Quiroga, quien trabajaba con JHS Consultores, y la exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información, María Alicia Pinzón.

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En ese entonces, la Fiscalía no tenía la prueba reina para capturar al general (r) Guatibonza. Sin embargo, los implicados comenzaron a colaborar y a dar nuevas pistas. La primera fue la hacker María Alicia Pinzón, la encargada de “chuzar” las líneas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp. Pinzón les dio instrucciones a los investigadores de la Fiscalía para evitar que la información de su computador se borrara y permitió que accedieran a 175 carpetas en las que reposaba toda la información que le era entregada a los clientes de la red, quienes pagaban entre tres y cuatro millones de pesos mensuales.

El siguiente en mostrar su interés de colaborar fue el coronel (r) Jorge Salinas, el denominado cerebro de la organización ilegal. Desde el pasado 23 de agosto, Salinas empezó a develar los nombres de sus clientes y de quienes se lucraron del negocio al oficiar como intermediarios. Asimismo, dio a conocer la clase de servicios que prestaban, que iban desde interceptaciones en una familia inmersa en un conflicto por una herencia, escuchas a empleados de una empresa de transporte público para establecer si estaban reportando sus gastos adecuadamente, hasta casos de infidelidades y secuestros. Dentro de las órdenes a cumplir, al parecer, interceptaron ilegalmente a miembros del sindicato de Avianca durante la huelga de pilotos.

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En una de sus declaraciones, rendida el pasado 7 de septiembre, el coronel (r) Salinas detalló quiénes fueron sus socios. Al primero que mencionó fue a Carlos Arenas, capturado anoche en la ciudad de Bucaramanga y quien trabajó por años en el área de prensa de la Policía Nacional. Según Salinas, Arenas lo relacionó con importantes empresarios en Bogotá y le llevó clientes de la talla de Pepsico. Salinas explicó que en una ocasión Carlos Arenas tuvo problemas con la multinacional, al punto que el jefe de seguridad de Pepsico, Álvaro Estupiñán, lo contactó para que Arenas no siguiera siendo su intermediario.

Pero la importancia de Carlos Arenas para los investigadores es que fue él quien introdujo en la red al general (r) Guatibonza. Fuentes cercanas al proceso señalaron que, a finales de 2017, Carlos Arenas contactó a Guatibonza para contarle que era socio de una empresa que podía interceptar mensajes de Whatsapp y que quería invitarlo a hacer parte del negocio. En un principio Guatibonza desconfió, por lo que Arenas le dijo que le pasara un caso para él probarle sus capacidades. Entonces, el general (r) le pidió que “chuzara” el teléfono de la esposa de un amigo suyo, porque tenían la sospecha de que le era infiel.

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A los ocho días apareció Carlos Arenas con las sabanas telefónicas de ese número y con los mensajes de Whatsapp que habría intercambiado la esposa de su amigo con su amante. El general (r) Guatibonza decidió en ese momento formar parte del negocio y conoció al coronel (r) Salinas. Fuentes consultadas precisaron que desde ese momento Guatibonza empezó a tener un rol más activo, al punto que fue él quien le propuso a Salinas “chuzar” el celular de alias Guacho durante el secuestro de los periodistas ecuatorianos.

Como lo reveló este diario, el coronel (r) Salinas y el mayor (r) Luis Mesías Quiroga fueron hasta Ecuador a ofrecer sus servicios de interceptación al gobierno. Al parecer, Guatibonza los habría acompañado. Pero, en contravía de sus objetivos e intereses económicos, los ecuatorianos no les compraron la idea y enviaron a las agencias de inteligencia en Colombia una alerta de que oficiales (r) de la Fuerza Pública estaban ofreciendo servicios de interceptación ilegal. Fue en ese punto cuando la investigación en la Fiscalía tomó forma y empezaron a identificar uno a uno a los integrantes de la red de “chuzadas”.

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En su declaración, el coronel (r) Salinas señaló que con el general (r) Guatibonza había “una intención clara en temas de consultoría, seguridad y capacitaciones investigativas. Estaba la intención de abrir oficina en Ecuador y en los casos que él me pidió apoyo, él sabía exactamente lo que se hacía. Recuerdo tres casos en particular, como lo fue la recuperación de mensajes de Whatsapp de unos teléfonos que él me pasó, el caso de cobre, que era una pérdida de material en una empresa petrolera en los Llanos, y el caso de infidelidad de un amigo suyo”. El testigo agregó que en la empresa del general (r) Guatibonza, A&G Seguridad, estaba Mauricio Molina, otra de las personas que tenían conocimiento de las actividades ilegales que realizaba la red.

Otro de los señalados por el coronel (r) Salinas fue el ingeniero civil Juan Carlos Madero, con quien fue socio en una empresa llamada Quarkom y al cierre de esta edición estaba prófugo de la justicia. Según Salinas, Madero llevaba clientes a cambio de una comisión del 25 % del negocio y, supuestamente, uno de ellos era el senador Armando Benedetti, a quien identificaban bajo el apelativo de “Barbas” (ver nota anexa). Otro de sus clientes habría sido Jesús Guerrero, dueño de Servientrega y quien habría pedido interceptar a su hermana en medio de una pelea familiar. Salinas agregó que Madero les habría pedido “chuzar” las comunicaciones de implicados en el caso del Fondo Premium, como Víctor Maldonado, su abogado Iván Cancino, la fiscal del caso y a la jueza.

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Frente a Julián Villarraga, otro de los capturados ayer, el coronel (r) Salinas explicó que era el encargado de conseguir en las diferentes compañías de telefonía celular la información en base de datos de los números que iban a interceptar. Hoy la Fiscalía le imputará cargos a Villarraga, Carlos Arenas y el general (r) Guatibonza. En esta audiencia se empezarán a conocer los detalles de un caso que podría acabar con la carrera de unos de los oficiales de la Policía más condecorados y respetados en su historia.