Emiten medidas cautelares por residuos hospitalarios en San Andrés

El Tribunal le ordenó a la IPS Universidad de Antioquia que adelante las gestiones administrativas para solucionar esta problemática. / Cortesía

Ante el riesgo que representa para residentes y visitantes la acumulación de seis toneladas de residuos hospitalarios que permanecen a la intemperie y en contenedores en mal estado, el Tribunal Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina emitió medidas cautelares para atender esta situación perentoriamente.

El mencionado Tribunal le ordenó a la IPS Universidad de Antioquia que, como prestador del servicio de salud y manejo de la red pública hospitalaria en el departamento, adelante las gestiones administrativas “con el objeto de brindar y contratar el servicio de transporte, recolección, almacenamiento, desactivación, incineración, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y hospitalarios generados en la red pública”.

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En la misma decisión, el Tribunal le pidió a la IPS que en el término de cinco días retire de las instalaciones del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial los residuos hospitalarios que se encuentran en las instalaciones y que, además, realice la desinfección y limpieza de las zonas donde permanecen acumulados los desechos. Esta diligencia también deberá hacerse en el hospital local de Providencia y en los demás puestos de salud.

El Tribunal también ordenó a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) que elabore un informe en el que identifique los impactos generados por la acumulación de los residuos peligrosos y hospitalarios en la isla. Además, que envíe la constancia de las inspecciones, controles y visitas realizadas en el último año en las instituciones de salud.

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El tribunal ordenó el gobernador del departamento, por medio de su secretario de Salud, que supervise y garantice su cumplimiento. Las medidas cautelares se emitieron por una solicitud que hizo la Procuraduría por una supuesta vulneración de los derechos e intereses colectivos y garantice la protección a la vida, salud y salubridad pública de los ciudadanos y residentes en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.