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Luego de siete años de la renuncia del general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el 24 de diciembre de 2013, la Fiscalía lo vinculó a un proceso por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por presuntas irregularidades en un convenio de formación a la población privada de la libertad, de mayo de 2011. El pasado jueves 19 de noviembre, a las 8:00 am, un fiscal especializado contra la corrupción lo llevó ante un juez de control de garantías.
En medio de la audiencia de imputación, la defensa de Ricaurte expuso que un juez de control de garantías no es competente para dirigir la diligencia, pues el general (r) era aforado para la época en la cual se habría suscrito el convenio. “Para el momento de los hechos, tenía fuero constitucional por tener la calidad de Brigadier General de la Policía”, indicó en un comunicado. Además, agregó que solo un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia es competente para investigarlo.
“Con gran sorpresa, nueve años después, recibí una notificación de la Fiscalía para que asistiera virtualmente a una audiencia de imputación de cargos por el presunto de prevaricato por acción -tomar una decisión contraría a la ley- por un convenio suscrito en el año 2011 para capacitar a la población privada de la libertad en la penitenciaría más grande del país, La Picota”, explicó el general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte.
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El juez de garantías, tras evaluar la petición de Ricaurte, aceptó que no era el funcionario idóneo para dirigir la diligencia de imputación. Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión y anunció que está a la espera de que se dirima el conflicto de competencia para cumplir con el trámite. Así mismo, el exdirector del Inpec aseguró que sea cual sea su juez, comparecerá ante la justicia: “Por supuesto que atenderé cualquier llamado de los organismos de control y entregaré las pruebas pertinentes que permitan aclarar esta y cualquier situación”.
Durante la gestión del general (r) Ricaurte, como director del Inpec, se presentó una huelga de hambre en 12 cárceles del país: Combita, Jamundí, Arauca, Quibdó, La Picota de Bogotá, Barne, Cúcuta, La Dorada, Girón, El Líbano, La Picaleña de Ibagué y la Tramacua de Valledupar. A finales de 2012, cientos de internos protestaron contra la política nacional carcelaria y reclamaron una serie de puntos a cambio de no atentar contra sus propias vidas.
“Exigimos: rebaja de penas para los reclusos de hasta un 20%; derecho a la salud; traslado de los internos a sus lugares de origen, sea por su acercamiento familiar o procesal; alternatividad penal para los países denominados tercermundistas. Que las condenas no sobrepasen los 25 años, entre ellos Colombia; eliminación del pago de las multas; no a la extradición”, consignaron en un documento de 2012. Por estos hechos, el general (r) anunció en su momento que no renunciaría.
De acuerdo con el senador Iván Cépeda, quien entonces era representante a la Cámara por el Polo Democrático, el exdirector del Inpec nunca pudo combatir la sobrepoblación en las cárceles. “Aquí se deben asumir una serie de decisiones que no van a ser superficiales, tiene que examinarse la política criminal y ponerse en armonía con la política penitenciaria, el problema del hacinamiento y por ejemplo de la atención médica no puede seguir siendo un asunto que se vea con desdén”, aseguró sobre la huelga de hambre.
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En marzo de 2013, año en el cual Ricaurte renunció como director del Inpec, el sindicato de la institución denunció que un sobrino del general retirado, quien estaba recluido en la cárcel de Pasto por extorsión, gozaba de privilegios dentro del centro penitenciario. De acuerdo con Gerardo Estupiñán, entonces coordinador del departamento jurídico, tenía en su celda dos discos duros con información de la guardia. Además, el interno tendría escondidas varias fotografías donde se le veía celebrando su cumpleaños al lado de varias mujeres en su propia celda.
Días después, en una entrevista con Noticias Uno, el general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte negó la denuncia y se comprometió a emprender acciones jurídicas contra el sindicato por, según él, realizar afirmaciones falsas que buscaban desprestigiar su labor dentro de la institución. “Es hijo de una pariente mía -el interno Luis Carlos Humberto Tapia-, no lo voy a negar, pero yo no le hago favores a nadie, ni le doy prebendas a nadie”, expresó en el noticiero.
Tras salir del Inpec, según el portal Función Pública, Gustavo Adolfo Ricaurte trabajó como asesor jurídico y consultor en la empresa Ciacon S.A.S. En agosto de 2016, fue nombrado como director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en reemplazo de Julián Quintana. Por último, mientras enfrenta el proceso de imputación, el general en retiro se desempeña como jefe de área profesional en la Procuraduría, cargo que tiene desde principios de 2018.