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El general Gustavo Ricaurte, director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), aseguró que no va a renunciar a su cargo. El uniformado enfrenta la huelga de los reclusos de, por lo menos, 21 centros penitenciarios del país, que dicen que no colaborarán con las autoridades y no acatarán el llamado de sus guardias hasta que el Gobierno se siente a dialogar con ellos. Piden que se reforme el Código Penitenciario, que se les reduzca la pena, que cesen las extradiciones, que se mejoren sus condiciones de salud, que se combata el hacinamiento en el que viven y que los reclusos sean trasladados a cárceles en sus ciudades de orígenes para facilitar que sus familias los visiten.
La situación es complicada en las cárceles de Cómbita (Boyacá), Picota, Modelo y Buen Pastor (Bogotá), Modelo (Cúcuta) y Riosucio (Caldas). La situación se habría agravado después de que los reclusos se quejaran de la atención médica que les estaba brindando la EPS Caprecom. Esto motivó a que la ministra de justicia Ruth Stella Correa clausurara el contrato con esta entidad y obligara al Gobierno a buscar a otra empresa que se encargara de la salud de los reos.
El Gobierno no se ha pronunciado al respecto de la huelga de hambre. Sin embargo, la ministra de justicia Ruth Stella Correa estuvo en varias cárceles del país conociendo la situación en la que estas se encuentran. La conclusión es la misma de años atrás: las cárceles del país están sobrepobladas. Para hacerle frente a esto, la ministra propuso la construcción de nuevas megacárceles.
“Creemos que para el 2015 nos habrán entregado dos de ellas lo que contribuirá sin duda alguna a reducir el hacinamiento. Las nuevas megacárceles proporcionarán 24 o 25 mil cupos”, comentó. Además, les solicitó a los jueces de ejecución de penas que tramiten prontamente las solicitudes de libertad de aquellos reos que hayan cumplido las dos terceras partes de su condena.
Asimismo, avizoró la necesidad de reformar el Código Penitenciario para que algunos delitos menores sean excarcelables. “¿Cómo vamos a invertir en cárceles para tener más detenidos en vez de estar invirtiendo en la prevención del delito?” expresó. La ministra, al igual que el director del Inpec, serán llamados a un debate de control político. Así lo confirmó el congresista Iván Cepeda.
El representante a la Cámara mencionó: “Aquí se deben asumir una serie de decisiones que no van a ser superficiales, tiene que examinarse la política criminal y ponerse en armonía con la política penitenciaria, el problema del hacinamiento y por ejemplo de la atención médica no puede seguir siendo un asunto que se vea con desdén. Todo esto requiere algo más que la construcción de unas cuantas nuevas cárceles en el país”.
Otros parlamentarios han pedido la renuncia de Ricaurte, es el caso de Carlos Fernando Motoa, quien denunció que “esta situación pone de manifiesto la falta de liderazgo del Director General del Inpec para enfrentar una crisis carcelaria que no estalló una o dos semanas atrás, sino que se viene dando desde hace varios meses y que él no anticipó”.
Y agregó: “Antes que entrar a discutir la creación de nuevos delitos o el aumento de algunas penas, que seguramente van a acabar de colapsar la capacidad del sistema carcelario en Colombia, lo que es prioritario para el país es que el Ejecutivo, el Congreso y las Altas Cortes se unan en torno a la búsqueda de alternativas para superar la grave situación actual”.